Aunque se lo presenta como una ’estatización’ del transporte, el gobierno prepara un sistema de subconcesiones mediante el cual se le pagaría a las empresas por kilómetro recorrido. El antecedente de Salta, un modelo que favorece la concentración y el fraude empresarial.
Martes 18 de enero de 2022 10:12
Desde hace algunas semanas el presidente del concejo deliberante, Fernando Juri, viene anunciando que para el mes de marzo podría llegar a implementarse una reforma en el sistema de transporte público de pasajeros de Tucumán.
Aunque no se conoce la letra del anteproyecto, de acuerdo a los trascendidos, se trataría de un sistema similar al implementado en Salta desde 2005, donde se crearía una sociedad anónima estatal (Satratuc) que sería la controlante de la recaudación por el cobro de los pasajes. Esta empresa además sería la encargada de subconcesionar los servicios, es decir, de entregar los recorridos a las empresas, que ahora pasarían a cobrar un monto por kilómetro recorrido.
Lejos de una estatización, bajo este modelo las unidades seguirán siendo de las empresas, que no solamente tendrían garantizada la rentabilidad de su negocio, sino que además seguirían recibiendo subsidios para el pago de la plantilla salarial de los choferes, que continuarán bajo relación de dependencia de las empresas.
El servicio seguirá siendo explotado bajo la lógica de la rentabilidad empresarial. Si todo estos años los empresarios suspendían el pago de los salarios y empujaban al paro del transporte cada vez que querían un tarifazo o un aumento en los subsidios, ahora podrían hacer lo mismo para negociar la tarifa por kilómetro que le cobran al Estado.
Pero además, al tener un ingreso asegurado, las empresas buscarán maximizar sus beneficios reduciendo costos, ya sea precarizando el servicio o con ajustes laborales. Si bien el modelo salteño contempla "premios" a la calidad y la recaudación, lo cierto es que el control de estos parámetros es bastante propenso a todo tipo de fraudes, como lo demuestra el ejemplo salteño.
Anticipando la posibilidad de un gran negocio, hasta el vocero de los empresarios del transporte, Jorge Berretta, apoya la iniciativa del gobierno y anticipó que va a pedir una actualización trimestral de la tarifa por kilómetro recorrido. También el Secretario General de la UTA, César González, se mostró favorable a la iniciativa sugiriendo que esto pondría fin a la constante interrupción en el pago de los salarios por parte de las empresas. El ejemplo salteño desmiente esta supuesta panacea.
Quien puso el grito en el cielo fue el intendente de la capital, Germán Alfaro, que ve en el proyecto del oficialismo una avanzada sobre las facultades que hoy maneja para negociar a discreción con los empresarios la entrega de recorridos bajo la forma de "concesiones precarias".
La experiencia del modelo salteño
En 2005 y en medio de una profunda crisis del transporte público, el exgobernador Carlos Romero, creó por ley una empresa prestadora del servicio, la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) y un organismo de planificación y control, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).
En ese momento se le quitó las concesiones a las empresas que manejaban el transporte y se reorganizaron los recorridos en 8 corredores a cargo de 7 empresas. El sistema se impuso “sobre el cadáver de muchas empresas que dejaron sus huesos en el camino, como Tano, Chavez, El Indio, Rueda, El Quebradeño”, relata el sitio informativo Cuarto Poder. Los estándares de calidad y el número de vehículos exigidos para acceder a manejar alguno de los corredores van a funcionar como “barreras contractuales” para que apenas un puñado de empresas concentre el negocio.
En Tucumán el sistema de transporte está en manos de más de 50 empresas que explotan los recorridos urbanos e interurbanos. Aplicar este modelo, a mediano plazo, puede significar la desaparición de una gran cantidad de empresas y miles de despidos.
Pero además este sistema no garantiza un servicio de calidad a los usuarios. Aunque existen los premios por calidad, el organismo encargado de controlar la calidad del servicio ha sido señalado por reiterados fraudes en asociación con estas empresas.
En 2019 la Auditoria General de la Provincia dio a conocer un informe en el que señala a la SAETA como responsable de un fraude millonario por "sobrepagos" sistemáticos a las empresas subconcecionarias desde los inicios del nuevo modelo de transporte.
Tampoco implica un transporte barato para los usuarios, en las próximas semanas el gobierno salteño está por aprobar un nuevo tarifazo que llevará el boleto mínimo de 32 a 42,6 pesos. Muy cerca de lo que actualmente se paga en Tucumán, con una de las tarifas más altas del país.
¿Cómo se puede seguir sosteniendo que este es un modelo de "estatización", cuando las empresas siguen haciendo negocios a costa de los usuarios? Lo único estatizado es la recaudación que, de todas maneras, vuelve en una parte importante a los bolsillos del empresario.
Tampoco es una solución para los trabajadores. Bajo el modelo salteño las empresas buscan reducir costos laborales, avanzando en la precarización a través de contratos temporales, despidos y descuentos recurrentes en los salarios a partir de todo tipo de argucias patronales. Como cuenta Rubén, un chofer de línea urbana en Salta, “Todos los meses tenemos que hacer horas extras para cubrir jornadas que pueden llegar a durar once horas. Pero además las empresas están poniendo cada vez más contratados, y esos compañeros tiene contratos de un año o menos y nunca pasan a la planta (...) Están todo el tiempo buscando la quinta pata al gato para suspenderte y bajarte el sueldo. Cuatro días de suspensión son 16 mil pesos menos en nuestro sueldo”.
Estatización bajo control de trabajadores y usuarios
Desde el Frente de Izquierda Unidad, Alejandra Arreguez, sostuvo que "lo que el gobierno pretende hacer con el transporte es regalarle un negocio redondo a los empresarios. Una verdadera estatización implica quitar las concesiones, tomar posesión de los vehículos, absorber a la totalidad de los choferes garantizando todos los derechos laborales y planificar racionalmente un sistema de transporte barato, eficiente y de calidad en función de las necesidades sociales. Bajo los gobiernos capitalistas, cualquier forma de estatización, semi estatización o sistema de subconceciones, siempre es una oportunidad para el fraude y la corrupción. Por eso desde el Frente de Izquierda sostenemos que los servicios públicos deben ser estatizados bajo el control de comités de trabajadores y usuarios, con el apoyo de profesionales de la Universidad y con los recursos económicos necesarios para sostenerlos, recursos que hoy se van para el pago de una deuda fraudulenta e ilegítima".
