Son los efectivos que quedaron más expuestos en el video filmado por las víctimas. Además de tomarse su tiempo para detenerlos, el régimen chaqueño busca cortar allí la cadena de responsabilidades.
Miércoles 10 de junio de 2020 10:45
Este martes fueron detenidos cuatro efectivos de la Policía de Chaco por los brutales hechos que protagonizaron el sábado 30 de mayo contra una familia de la comunidad qom de la localidad de Fontana, donde atacaron a golpes a sus integrantes y hasta abusaron sexualmente de parte de la familia.
El hecho, como se recordará, fue registrado por una integrante de la propia familia y las imágenes se viralizaron de tal manera que hasta obligaron al presidente Alberto Fernández a “separarse” de su amigo Jorge Capitanich y condenar la brutalidad policial.
El oficial Cristian Foschiatti, el sargento Cristian Benítez, el cabo Cristian Flores y el agente Orlando Cabrera terminaron detenidos luego del impacto nacional que generó el ataque a la familia indefensa. Fueron imputados por los fiscales de la causa Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas, torturas , allanamiento ilegal y apremios.
Esto pasó el sábado en la localidad de Fontana, provincia de Chaco. Otra vez la policía golpeó a hombres y mujeres de la comunidad qom. No solo les pegaron. También hubo balas y tortura. Y abuso sexual. pic.twitter.com/26HCEDTERE
— Revista Cítrica (@revistacitrica) June 1, 2020
Luego del escándalo generado por la circulación del crudo video por las redes sociales, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia Nayla Bosch y abogado de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco Kevin Nielsen se presentaron como querellantes en la causa.
Si bien el gobernador Capitanich (experto en reprimir a la comunidad qom) dio el visto bueno para esa presentación, teniendo en cuenta el historial del mandatario provincial no pocos leyeron la reacción de la subsecretaria Bosch como “rupturista” con su jefe. Aunque por la escalada del escándalo, Capitanich debió llamarse a silencio.
En declaraciones difundidas por el sitio Diario Chaco, Bosch aseguró que desde la Subsecretaría están “garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas”.
Por su parte desde las fiscalías de Cáceres Olivera e Irala dijeron que “la disposición logística y las herramientas tecnológicas aportadas por la secretaría provincial posibilitaron que las declaraciones puedan realizarse por videoconferencia. Las declaraciones de tres de las víctimas y una testigo fueron fundamentales para reconstruir los hechos y lograr estas primeras detenciones”. ¿Primeras y únicas? Aún no es posible definirlo.
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Para la subsecretaria Bosch, “este tipo de prácticas no solo violentan los derechos humanos de chaqueñas y chaqueños, sino que desprestigian a las fuerzas de seguridad” e insistió en que “caerá todo el peso de la ley sobre aquellas personas que ejerzan violencia o abusos de poder” ya que, según ella, “estas prácticas no son toleradas en el Chaco de 2020”. Curiosa afirmación, formando parte del gobierno represor de Capitanich.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario