El Intendente de Merlo Gustavo Menéndez recibió este jueves al Ministro de Educación Nicolás Trotta, con el objetivo de acordar el convenio para la entrega de netbooks a estudiantes bonaerenses. No realizaron comentario alguno sobre el pésimo índice de quienes no tienen acceso a internet, al agua potable y menos aún una respuesta ante el castigo económico que se vive en la localidad.
Viernes 8 de mayo de 2020 17:25
Menéndez y Trotta en sus declaraciones dieron cátedra sobre la importancia de la conectividad digital y de las nuevas tecnologías en la actualidad, pero eludieron hacer la más mínima referencia a la crítica situación que se vive en los barrios populares del distrito, uno de los más castigados por la pobreza. Ahora también por el Covid-19, que según el gobierno local hasta el 30 de abril ya había 69 casos confirmados. Ocultan así las pésimas condiciones de vida que atraviesan miles y miles de familias merlenses, que carecen de cloacas y red de agua potable. Se suma a los miles que se quedaron sin ingresos y a las familias que pasan hambre en medio de la cuarentena.
En un distrito castigado históricamente por altas tasas de pobreza y graves falencias de infraestructura, Trotta sostuvo que “Hoy estamos en medio de la Pandemia dando un mensaje simbólico”. Busca tapar el sol con una mano, los niños, niñas y jóvenes no solo carecen de acceso a Internet en sus hogares, sino que además son obligados a vivir hacinados en casillas de madera o en casas precarias sobre calles de tierra. Condiciones que potencian la proliferación y el contagio del coronavirus, como sucedió en la Villa 31, un triste ejemplo de este crimen social.
El Intendente y el Ministro de Educación se encuentran justamente en el mundo de lo “simbólico”, porque en el mundo real existe una “brecha digital” en la Argentina donde el 47% de los chicos de 5 a 17 años hoy no posee acceso a internet en su casa, según un informe de la UCA (que es anterior a esta situación de crisis). Las computadoras que repartirán ¿cómo se conectarán?.
Además, en plena Pandemia donde el acceso al agua potable es sustancial para mantener la higiene y el conjunto de la vida en un hogar es desastroso. En Merlo el 58% de la población no tiene acceso a este servicio básico y cerca del 80% tampoco posee red de cloacas, según informes del INTA y Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.
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En este cuadro de situación, el ministro Trotta y Menéndez buscaron darle un poco de brillo al gobierno de Fernández, que viene de festejar como “histórico” el repudiable pacto entre la CGT y la UIA, acordando una reducción del 25% del salario a los trabajadores que se encuentren suspendidos. Al mismo tiempo el peronismo y el macrismo cerraron filas en el Congreso para rechazar el proyecto de impuestos a las grandes fortunas presentado por Nicolás del Caño y Romina Del Pla en el FITu.
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Ambas autoridades hablaron de inclusión social mediante la educación, mientras naturalizan y profundizan la precarización laboral de los docentes como los del Plan FINES y de quienes no pudieron acceder a cargos por la suspensión de las clases. En ambos casos se anotaron al PIEDAS para poder recibir ingresos que no llegan a cubrir ni el 30% de la canasta familiar estipulada en $66.000 (según ATE-Indec), tras no tener ningún ingreso por meses y en algunos casos cobrando unos míseros $500 en el mes de abril. Incluso los estudiantes del Plan FINES con la incertidumbre de no saber como van a continuar sus estudios. También, olvidaron hacer referencia a las maratónicas jornadas virtuales que atraviesan las y los docentes de todos los niveles educativos, que tienen que cargar no solo con la rápida adaptación a las nuevas tecnologías, sino que además tienen que remarla para buscar alternativas a las clases virtuales, porque un sector importante de los estudiantes carecen de herramientas tecnológicas e internet.
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No podemos permitir que la crisis siga cayendo sobre los hombros de los trabajadores y de los sectores populares. Es necesario poner todos los recursos económicos y humanos para impulsar medidas de emergencia para enfrentar la pandemia y la aguda crisis social, imponiendo impuestos a las grandes fortunas, que permita desarrollar un plan integral de obras públicas, infraestructura y viviendas populares gestionadas por los trabajadores y organizaciones barriales. Para poder garantizar a todos los que se quedaron sin ingreso salarios de cuarentena como mínimo de $30.000, entre ellos a las y los docentes del Plan FINES.
Mientras tanto el gobierno esta semana pagó 320 millones dólares en intereses de deuda. No se puede tolerar que se siga pagando a los buitres del FMI, mientras nuestros niños pasan hambre y no tienen agua. También se hace necesario que las empresas de telecomunicación presten servicio gratuitamente, en la perspectiva de la nacionalización del servicio bajo control de sus trabajadores.
