Este 2020 arrancó un nuevo ciclo lectivo en la UNLP y la vuelta del kirchnerismo al gobierno no pasó desapercibida. La gestión de la FAHCE ( facultad de Humanidades y Ciencias de la educación) decidió tapar una serie de murales, casualmente, de la izquierda y de HIJOS La Plata.
Martes 11 de febrero de 2020 17:55
Los murales de las agrupaciones kirchneristas ligadas a las autoridades se mantienen impolutos. Resurge entonces un debate que tenemos hace años.
Un cartel de la nueva señalética que la gestión instaló en todo el predio tapa la mitad de la cara de Jorge Julio López, en la entrada de la facultad. La pared más grande del edificio donde se concentra la mayor parte del estudiantado es pintada de blanco, tapando dos murales sobre las peleas del movimiento de mujeres y un mural de HIJOS La Plata.
El ingreso a la universidad viene acompañado de un importante despertar a la vida política, a ideas y discusiones. La facultad, desde que la pisamos por primera vez, se encarga de instalar una perspectiva cargada de ideología. En las cátedras, en las recorridas por el edificio, hablarán de los desaparecidos, de la dictadura, con una visión de los hechos que es necesario cuestionar. Si de algo se trata transitar la vida universitaria, es de ser críticos.
La placa que cubre a Jorge Julio López tiene una huella digital y una frase: “Memoria, Verdad y Justicia”. A primera vista, en las universidades nacionales los derechos humanos parecen ser una política de primer orden. La FAHCE de hecho no es cualquier facultad, está construida ni más ni menos que sobre el ExBim 3, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en la última dictadura militar.
Allí se concentraron las operaciones contra el sindicalismo combativo de las fábricas del parque industrial de Berisso y Ensenada, como la siderúrgica Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras. La decisión de poner una universidad en este lugar tiene la intención de “resignificar” ciertos espacios simbólicos de la última dictadura militar.
Algo ocurre cuando la memoria pone de manifiesto los límites de la política de Estado frente al último golpe militar. Es hora de debatir de qué hablamos cuando convocamos a la memoria, la verdad y la justicia, y de discutir la impunidad que se sostiene hasta hoy día.
Impunidad histórica
El golpe de Estado fue un golpe de clase, organizado no sólo por los militares, sino por la iglesia católica, las cúpulas sindicales, las bandas paraestatales y las históricas familias multimillonarias que hoy siguen siendo dueñas de todo.
La imagen que montó el kirchnerismo como “gobierno de los derechos humanos” choca con 20 años de mantener la impunidad. Ningún gobierno democrático decidió abrir los archivos de la dictadura, guardados bajo siete llaves, que de ser públicos permitirían a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos conocer el paradero de tantos hijos y nietos secuestrados, además de obtener información valiosísima para los juicios de los responsables militares y civiles.
De la vuelta a la democracia a esta parte, pasando por las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Alfonsín y por los indultos de Menem, la gran mayoría de los militares siguen impunes. Ni hablar de los empresarios que orquestaron el golpe. Habiendo pasado por los gobiernos kirchneristas, autodenominados como impulsores de los juicios, hay tan sólo un condenado por cada uno de los 660 Centros Clandestinos de Detención, y la mitad de ellos gozan de prisión domiciliaria. También existían, para el 2 de Mayo del 2016, 116 causas elevadas a juicio sin fecha de inicio prevista.
No nos sorprenderá entonces saber que ningún gobierno quiso desmantelar la estructura Fuerzas Armadas, ni ninguna fuerza del aparato represivo del Estado. Miles de los responsables continúan efectivos en dichas fuerzas o cobran sus jubilaciones. La protesta social continuó siendo reprimida a lo largo de todos los años de impunidad, perpetrándose también el gatillo fácil en cada barrio pobre. Miles de víctimas continuaron cayendo en manos de la policía y gendarmería en años de democracia, como Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
El caso más emblemático que refleja la continuidad de esa impunidad es el de Jorge Julio López. El 18 de septiembre de 2006, Julio desapareció al salir de su casa. Se dirigía al centro de La Plata a escuchar la sentencia de un juicio histórico, el primero que se iniciaba luego de que fueran declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declarara inconstitucionales. Su testimonio en ese juicio fue central, ya que detalló cómo el propio Etchecolatz dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura y los asesinatos.
Ni la participación de los oscuros servicios ilegales -que siguen actuando en las sombras del Estado- ni el rol de las fuerzas de seguridad en la desaparición de López, ni el papelito con el mensaje provocador del ex comisario fueron investigados seriamente por el gobierno kirchnerista. El caso fue minimizado por funcionarios k como Aníbal Fernández, quien dijo que López debía estar tomando el té en la casa de su tía. Fue el propio León Arslanián (entonces ministro de Seguridad bonaerense), quien les confesó a los organismos de derechos humanos que alrededor del caso se estaba jugando la “gobernabilidad” de la Provincia y que, por eso, palabras más palabras menos, meterse con los sospechosos no era conveniente.
Memoria selectiva y contenido edulcorado
El kirchnerismo monta un relato que reivindica la militancia de los 70´, pero que omite el fuerte cuestionamiento al sistema capitalista de conjunto que significaron las luchas de los obreros y estudiantes, y el rol del Estado como garante de la estabilidad de dicho sistema. Al contrario, las alianzas que actualmente esta fuerza política sostiene con la iglesia nunca le permitirían denunciar e investigar su rol activo durante el golpe. Lo mismo sucede con las cúpulas sindicales. Tampoco pueden ir contra las grandes empresas que lo financiaron y que aportaron medios materiales y listas de obreros a los militares, porque son estas mismas las que continuaron amasando ganancias durante todos los años de la democracia.
Estas empresas, que estatizaron sus deudas con la dictadura, son también las que gozaron de la fiesta macrista (claro, Macri es de su familia) y se fugaron cada dólar del préstamo del FMI. Vemos que no solo continúa la impunidad, sino que el actual el gobierno se propone pagar la estafa de la deuda a como dé lugar, con la plata de los jubilados, de la salud, la educación y el salario de la clase trabajadora. De tocar las siderales ganancias de estas familias, ni hablemos.
Los murales que taparon en la Facultad de Humanidades muestran la pelea que desde la izquierda y organismos de DDHH venimos dando por juicio y castigo a todos los responsables, a los cómplices políticos y a los empresarios que hoy siguen negociando con nuestras vidas.
Muestran la pelea para que se abran los archivos secretos que revelarían la verdad. Muestran la denuncia por la impunidad de ayer y también la de hoy. Muestran que levantamos bien alto las banderas de esa generación de obreros y estudiantes que querían terminar con este sistema de miseria, y no se resignaban ni conformaban con migajas.
Hoy nos quieren hacer creer que son compatibles las necesidades del pueblo trabajador con la sed de ganancia de esos pocos que son capaces de orquestar un golpe de estado para llenarse más los bolsillos. Quieren que paguemos con hambre sus deudas, y al mismo tiempo que nos olvidemos del pasado. Más que nunca, debemos recuperar las banderas de los 30mil. La mejor forma de hacerlo es este 24 de marzo ser miles en las calles en una histórica movilización. Nosotros estaremos del lado de los organismos de DDHH que se mantuvieron siempre independientes de todos los gobiernos, y que nunca abandonaron la pelea por terminar con la impunidad de los responsables.
