En este caso, el juez Andrés Gallardo hizo lugar a una acción de amparo en favor de una niña de 1 año. Ya son 2 los magistrados que fallaron en contradicción con el Tribunal Supremo de Justicia.
Lunes 11 de enero de 2021 20:22
El juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado n.° 2 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño que “ a través del Ministerio de Educación e Innovación, de forma inmediata”, le otorgue una vacante a una niña de 1 año en el nivel inicial en el establecimiento elegido en la preinscripción; en alguno que se ubique dentro del radio de dos mil (2.000) metros del domicilio real de la actora; o en su defecto abone a la actora la totalidad de las erogaciones que impliquen la asistencia de la niña a una escuela infantil o jardín de infantes de gestión privada –a elección del padre– dentro del mismo radio.
De esta manera, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo que interpuso el padre de la criatura el 16 de diciembre contra el Gobierno de la Ciudad. En la presentación se detalló que “la niña (..) fue inscripta para sala de 1 año, (…), y que el día 30 de noviembre se asignaron las correspondientes vacantes, negándose la misma a la menor representada”. Asimismo, informó que “su pretensión no se limita al ciclo lectivo 2021, ‘por lo que ante el supuesto de persistir la inconducta para el ciclo lectivo 2022, se seguirá reclamando el derecho en los presentes actuados’”.
Ante el pedido, el gobierno de Larreta aseguró que “no cuenta con vacantes disponibles en el lugar solicitado” y que “actualmente el aspirante se encuentra en lista de espera en el establecimiento que seleccionó como primera prioridad”. Además, esgrimió “que la obligación de garantizar el acceso a la educación pública sólo comprendería ‘el nivel preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o período mayor que la legislación determina’, citando en apoyo de sus afirmaciones un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad”.
Dicho fallo, ampliamente repudiado, indicaba que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad. Esto, sumado a otras medidas, motivó el impulso de un pedido de juicio político por parte de los legisladores del Frente de Izquierda, Frente de Todos y referentes sociales y de organismos de derechos humanos contra Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, cuatro de los cinco integrantes del máximo tribunal porteño.
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Ante la respuesta del gobierno de Rodríguez Larreta, el juez afirmó que “la conducta de la Administración se evidenciaría contraria a las obligaciones que le imponen las normas supra reseñadas, y puntualmente los artículos 23 y 24 de la Constitución local, así como a la referida ley federal de educación, y demás normas citadas». Destacó, también, que “la negativa a otorgar a la niña una vacante en alguna de las escuelas elegidas sin ningún fundamento concreto constituye, en principio, un obstáculo inaceptable al normal ejercicio del derecho a recibir de parte del Estado, la educación gratuita garantizada tanto en la Constitución y leyes locales, como en las normas internacionales de rango constitucional”.
Este fallo se suma al emitido por el juez Darío Reynoso quien también ordenó el otorgamiento de una vacante al Gobierno de la Ciudad, en este caso, en una sala de 2. Ambos en contradicción con el emitido por el supremo tribunal. Sobre este, la diputada porteña del Frente de Izquierda dijo a Telam: "la actuación del tribunal muestra datos concretos, se trata de porcentajes, no es que uno piense que no son independientes, ya que en el 99,9 por ciento de los casos existe complicidad con el gobierno de Rodríguez Larreta, con lo cual estamos ante un problema político serio".
El expediente de Juicio Político presentado en la legislatura porteña deberá primero pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ello podrá ocurrir a partir del 1 de marzo cuando se reanuden las sesiones. Para su aprobación requerirá de 40 votos afirmativos de 60 que hay en la cámara.
