Gobierno negligente. Uruguay al borde del colapso sanitario

La situación de la pandemia del coronavirus comienza ponerse especialmente crítica en estos días en Uruguay. Con alrededor de 2.200 casos diarios, récord de muertes y de personas en CTI por covid-19, el país se encuentra al borde del colapso sanitario.

Demoras en hisopados, pérdida casi total de la capacidad de rastreo, personas que se amontonan para vacunarse, cientos de casos diarios que “misteriosamente” no son contabilizados son parte de la realidad cotidiana estas últimas semanas.

Mientras voceros del Gobierno insisten en que la capacidad de respuesta del sistema de salud no está en peligro de colapsar en el día de ayer se conoció un documento del propio Ministerio de Salud en la que se dan instrucciones acerca de que grupos no se atenderán en terapia intensiva si la situación se pone más grave; es decir se está eligiendo a que personas dejar morir por falta de capacidad de respuesta sanitaria.

Al mismo tiempo se han cancelado intervenciones quirúrgicas que requieren un post-operatorio en CTI con el único objetivo de liberar camas, lo que también pone en riesgo a las personas que necesitaban ser operadas.

Las autoridades sanitarias mienten y falsean la realidad, y con la complicidad de los grandes medios de comunicación, trasmiten mensajes de tranquilidad cuando es evidente que la situación está fuera de control.

Aún con estos intentos desesperados de crear camas de CTI en pocas semanas no se cuenta con el personal idóneo para su atención; las capacitaciones que ha recibido el personal de la salud que se pretende incorporar a terapia intensiva son mínimas e improvisadas; como han denunciado algunos enfermeros que relatan haber recibido 3 o 4 clases por zoom como toda formación especifica. A esto se suma el agotamiento que sufren los trabajadores de la salud y el alto número de personas de ese sector en cuarentena o esperando el hisopado.

El Gobierno no preparó al sistema de salud en más de 1 año y ahora se sufren las consecuencias.

Lo mismo sucede con las vacunas, la demora en gestionar las primeras dosis lleva a una campaña de vacunación tardía y desesperada, con grupos de riesgo que aún no tienen fechas para recibir las vacunas.

El propio Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) creado por el Gobierno advierte que según los criterios que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) Uruguay se encuentra en la categoría de mayor gravedad, que la variante P1 de Brasil circula comunitariamente y corresponde al 15% de los casos, mientras que en Rivera es claramente la dominante y que ese departamento tiene una realidad similar a la brasilera.

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Desde el GACH también reconocen que el país está muy lejos de los 200 casos diarios que se indicaban como el nivel óptimo de contagios para implementar una campaña vacunatoria exitosa, y acuerdan con lo que señala el inmunólogo Alejandro Chabalgoity sobre que la circulación de una variante más contagiosa en pleno proceso de inmunización puede generar la “tormenta perfecta” para las mutaciones y la propagación de cepas más resistentes que incluso hagan ineficaces a las vacunas actuales.

La responsabilidad es del Gobierno

Pero más allá de la situación epidemiológica, no se trata de una catástrofe inevitable, la situación actual es producto de la política que tuvo el Gobierno de Lacalle Pou para enfrentar la pandemia, especialmente en estos últimos 5 meses cuando se veía claramente que la situación tendía a empeorar y Lacalle continuaba minimizando el problema, tomando medidas tibias y a destiempo.

Y no se trata de un simple error de cálculos o equivocaciones involuntarias, la orientación del Gobierno tiene un claro objetivo: defender y aumentar la ganancia capitalista, aún con la amenaza de una crisis sanitaria rondando el país.

Una nota aparecida en el semanario Brecha este último viernes demuestra como “sólo durante el 2020, los depósitos bancarios se incrementaron en 4.000 millones de dólares y los activos de agentes residentes uruguayos alcanzaron valores excepcionales en el exterior”.

Los depósitos del sector privado aumentaron un 9% con respecto al periodo anterior a la pandemia (diciembre 2019). A su vez, en pleno periodo de pandemia los depósitos en el exterior aumentaron más de 1700 millones de dólares llegando a más de 8000 millones de dólares en total.

El discurso de la crisis y las dificultades para los empresarios, de “sacarle lastre al malla oro”, de que es imposible poner impuestos a las grandes fortunas, no se sostiene ante los datos de la realidad y es simplemente una construcción ideológica de un gobierno cuyo fin último es garantizar más ganancias a los capitalistas.

Para ello no tiene problema en poner en riesgo la salud de la población como estamos viendo en estos momentos.

Esta política no se frena con “dialogo social” como proponen el Frente Amplio y la central sindical PIT-CNT sino con un plan de lucha votado y discutido democráticamente en las bases obreras para imponer un cambio de rumbo al Gobierno de la derecha.