Mientras se profundiza la crisis de la salud pública en México, el gobierno persigue y criminaliza a médicos y personal de salud.
Jueves 7 de septiembre de 2023
En el mes de julio el médico anestesiólogo, Gustavo Dardwin Aguirre Castro, denunció a la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Cabos, Baja California, por señalarlo de tráfico ilegal de fentanilo. En un video compartido en redes sociales, el médico explicó que compra legalmente dicho medicamento en una farmacia certificada y cuenta con recetas avaladas por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Mostró en videos, como la FGR cateó su casa con un operativo desmedido y recibiendo un trato de narcotraficante y no de médico:
"Me encuentro a unas 10, 15 patrullas, soldados de la marina, soldados de la FGR, policías, perros, hasta un dron arriba, arriba al parecer también. Y les digo ‘¿qué es lo que está pasando?’ Soy anestesiólogo, tengo cédula y registro. Nosotros no somos traficantes. Es ilógico que nos tachen del narcotráfico, no estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos. Somos anestesiólogos, salvamos vidas, ¿por qué nos tachan de querer matar a la gente?”, expresó en sus redes sociales.
Además, denunció que un agente de la FGR le pidió 600 mil pesos para “agilizar su caso”.
La situación de este profesional, generó gran indignación entre el gremio médico y el personal de salud en todo el país. El Colegio de Medicina Interna con sede en Los Cabos y otras organizaciones médicas, se pronunciaron en contra de la arbitrariedad y hostigamiento hacia su compañero.
El 28 de julio se realizaron manifestaciones de solidaridad con el médico acusado y para exigir su libertad incondicional, en las ciudades de Hermosillo, Los Cabos, Sinaloa y Tijuana con la consigna #TodosSomosAguirre, y ante ellas, el anestesiólogo expresó:
“Es tiempo que los médicos levantemos la voz exigiendo nuestros derechos, el medicamento que compré no es el mismo con el que se trafica de manera ilegal, somos médicos, salvamos vidas, ayudamos a los pacientes, esto tiene que acabar ya. Ayúdenme por favor”.
Recientemente, la Fiscalía formalizó los cargos contra el médico, argumentando delitos contra la salud y ordenando su prisión preventiva. La defensa del Dr. Aguirre logró un amparo a su favor, con lo cual podrá enfrentar el proceso penal en libertad condicional, lo que significa que no podrá salir del país, ejercer su profesión ni expedir recetas médicas hasta que se resuelva su situación jurídica, además de pagar una multa de 15 mil pesos y firmar periódicamente su libertad condicional.
Criminalización del personal de salud
Desgraciadamente, los casos de criminalización del acto médico y el personal de salud, no son nuevos. Recordemos el caso de una niña que falleció en los elevadores del Hospital General de Zona No. 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde fue detenido el camillero que acompañaba a la menor y resultó herido también en el accidente.
En octubre un Médico Interno de Pregrado (MPI) del Hospital Regional 1ro. de Octubre del ISSSTE en la Ciudad de México, fue detenido por la policía y llevado al Ministerio Público de Tacubaya bajo el cargo de robo de materiales e insumos médicos.
La Dra. Azucena Guadalupe Calvillo, quien trabajaba en una clínica del IMSS en Durango, fue detenida por “intento de homicidio” y liberada luego de estar en un penal Cereso, tras las protestas de sus compañeras y compañeros.
En 2018 una potente movilización en más de 70 ciudades y con la participación de más de 50 mil médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal de salud, tomó las calles para solidarizarse con el Dr. Pérez Méndez, quien fue detenido en Oaxaca por el supuesto delito de “homicidio doloso eventual, con agravante de responsabilidad médica”, luego de que un menor a su cargo falleciera en cirugía. Con la marea de batas blancas, integrantes del movimiento #YoSoy17 denunciaron la criminalización del acto médico y exigieron a los dirigentes de los sindicatos y organizaciones médicas, convocar a un Paro Nacional.
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También el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor dependiente del ISSTECH en Chiapas, fue acusado por supuesto abuso de autoridad tras atender a un político que falleció por Covid en Chiapas. El médico Luis Alberto Pérez Méndez, traumatólogo pediatra, acusado de homicidio doloso por negligencia médica en el año 2008, cuando no contaba con los recursos suficientes para brindar atención médica a su paciente. Y la lista continúa y continúa.
Mientras continúa la crisis de la salud pública en México, que ya se encontraba en una situación grave previo a la pandemia y se agudizó después de la misma, el gobierno y las autoridades sanitarias optan por perseguir y criminalizar a médicos y personal del sector, en vez de atender los problemas estructurales de la salud pública.
Ante esta realidad que avanza, es necesario y urgente, un amplio movimiento democrático e independiente de médicos, enfermeras, personal de salud y pacientes para detener la criminalización del acto médico, exigir que se destinen los recursos necesarios para una atención digna y humana en los hospitales públicos y garantizar el derecho a la salud pública y gratuita para las grandes mayorías.
