Los familiares de los 43 normalistas afirman que votar en el próximo proceso electoral es apoyar a narcopolíticos. El gobierno no ha querido dar certeza sobre el paradero de los estudiantes, pero está empecinado en realizar sus elecciones.
Viernes 27 de marzo de 2015
En el estado de Guerrero, las elecciones están muy cuestionadas. Las madres, los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, junto a organizaciones y sindicatos en el estado, han planteado muy claramente su posición: hacen un llamado al boicot a las elecciones en la entidad.
Los gobiernos local y federal se han negado desde hace 6 meses a investigar seria y científicamente el caso, así como a esclarecer el paradero de los estudiantes.
Antes que las elecciones están los 43 normalistas. La crisis de Iguala mostró al mundo la colusión de las autoridades con el crimen organizado. ¿Quién, por qué y a dónde se llevaron a los normalistas? Las respuestas a estas interrogantes las saben muy bien desde el ex gobernador del estado y el ex presidente municipal de Iguala (ambos militantes del PRD) hasta las autoridades federales, desde la Procuraduría General de la República (PGR) hasta el propio Peña Nieto. Pero todos entre ellos se cubren las espaldas.
Tensión en Guerrero ante las próximas elecciones
Hace apenas unas semanas, Aidé Nava, precandidata del PRD al municipio de Ahuacotzingo fue “levantada” y asesinada. Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, solicitó seguridad especial de la Policía Federal… pero sólo para los candidatos a gobernador “porque para todos los candidatos implicaría un gran despliegue logístico”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Marina de México custodiar sus sedes locales, y David Delgado, delegado del INE en el estado, afirmó que “no hay condiciones de trabajo y seguridad para los capacitadores del INE”.
Por si fuera poco, el padrón electoral y la lista de funcionarios de casilla están llenos de muertos y desaparecidos. El INE seleccionó a Adán Abraján de la Cruz, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, como funcionario de casilla. Esto no sólo fue un terrible acto de insensibilidad, sino una situación recurrente. Hay tantos desaparecidos que los capacitadores tienen que investigar si sus candidatos a funcionarios de casilla están vivos o no antes de asistir a sus domicilios.
Sin embargo, el gobierno federal está dispuesto a imponer la realización del proceso electoral en el estado.
Elecciones patronales o más represión a los que luchan
El 14 de marzo el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó ante medios de comunicación que se llamaría a la fuerza pública si se impide la instalación de las casillas para la votación de Guerrero.
El grito de los funcionarios y autoridades es desesperado. Los funcionarios han sostenido ante medios de comunicación que sería “gravísimo” que no hubiera elecciones. Si eso ocurre –sostienen– “las garantías individuales se tendrían que restringir convocando a un estado de excepción, no habría autoridades y no estarían garantizados ni los servicios públicos más básicos”. Todas estas son, sin duda, amenazas y versiones para infundir miedo.
Los familiares de los normalistas han conocido las entrañas del Estado en este último medio año, y están convencidos que votar en estas elecciones es votar por narcopolíticos. El gobierno, sus funcionarios y los partidos del Congreso se han negado a investigar los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, de la misma forma en la que están empecinados en mantener esta falsa democracia y legitimar sus elecciones.
En Guerrero, el INE está invirtiendo más de 900 millones de pesos para instalar 92 casillas únicas, donde podrían votar aquellos electores cuyas casillas estén cerradas. No tenemos razones para dejar de dudar que también tengan preparados ya a los electores acarreados para estas casillas.
La verdad histórica: Fue el Estado
La versión de la cremación de los 43 normalistas en el basurero de Cocula por integrantes del cártel Guerrero Unidos, que Jesús Murillo Karam difundió antes de salir de la PGR, pretende hacer creer que es un caso único lo que ocurrió en Iguala, y no una política sistemática, generalizada y estructural en el país: la colusión del gobierno con el crimen organizado.
Es de dominio público que Amado Carrillo, famoso capo del narco apodado “El señor de los cielos”, construyó su imperio con el apoyo de altos mandos militares, gobernadores y presidentes municipales de Tijuana, Quintana Roo, Tamaulipas, etc., algunos de los cuales han pisado la cárcel por sus vínculos con el narcotráfico.
Políticos de todos los partidos políticos en el Congreso han sido denunciados por su colusión con los cárteles, mientras los muertos y desaparecidos en el país se cuentan por cientos de miles en los últimos 8 años.
Lo han dicho los padres de los normalistas: participar en las elecciones es permitir y legitimar que se mantengan en el poder los partidos políticos que no sólo aprueban las antiobreras y antipopulares reformas estructurales, sino que tienen vínculos con el narcotráfico. Votar por los partidos en el poder es votar por la muerte, que “levanta”, tortura, asesina y desaparece a normalistas, mujeres, jóvenes y trabajadores.
