A cuatro meses del incendio, los vecinos de la Parcela 26 no sólo no reciben respuesta a sus reclamos sino que acumulan agravios, ninguneo y negligencias por parte de las autoridades. El invierno llegó hace rato y aún no aparecen las soluciones.
Viernes 9 de julio de 2021 12:53
Después de cuatro meses y con 19 procesados por los incidentes tras su visita al Comarca Andina que incluyó el despliegue de la patota de la UOCRA, las promesas de Alberto Fernández de aportar a la reconstrucción son puro humo, como los sueños y hogares de centenares de familias. De los $270 millones anunciados para viviendas, poco ha llegado, y en cuanto a los mas de $50 millones para reestablecer el servicio de agua, bueno, parece que en la Argentina del FMI hay quienes tienen derechos y quiénes no. Incluso el gobernador Mariano Arcioni hizo promesas de ayuda y restablecimiento de servicios que aún no se han materializado
Claramente la elección son los acreedores externos de una deuda que nos condena al atraso y dependencia ¿Cuántas casas significan lo millones de dólares que se pagan a los especuladores del Club de Paris o el FMI? ¿Cuántas soluciones en materia de energía y servicios representan los pagos de la provincia de Chubut? Difícil calcularlo, pero en la Comarca esto tiene un materialidad concreta que se combina con el oportunismo y la corrupción de la casta política.
La lógica clientelar con que el municipio de lago Puelo ha manejado la ayuda que Nación bajó a la región cordillerana para hacer frente a la devastación producto del mayor incendio de interfase de la historia del país, ocurrido el pasado 9 de marzo, se traduce en algunos datos concretos. “Aca, en nuestra zona del barrio, somos 18 familias y solo tres han recibido los módulos habitacionales. Casualmente las familias que están en las cooperativas”, cuenta un vecino del barrio El Pinar en la parcela 26 de Las Golondrinas.
El incendio dejó una devastación enorme que se traduce en suelos yermos con peligro de derrumbes y deslizamientos. Según un estudio encargado por el municipio, buena parte de la parcela 26 quedaría dentro de la zona roja donde no es posible construir los módulos habitacionales. Pero resulta que según revelaron los geólogos encargados del estudio a los vecinos, esta denominación no implica tal impedimento. “Somos 69 familias en zona roja, e incluso a algunas ya les dieron los modulos”.
Los módulos, “soluciones habitacionales rapidas” fue el término con que fueron anunciadas, encargados por el municipio a distintas cooperativas locales, consisten en una estructura de maderas laminada y techo de chapa, construidas con materiales comprados a comercios locales. Más allá del encarecimiento de los costos que esto implica, y algunas denuncias de sobreprecios, esto ha redundado en una faltante constante de materiales para las distintas etapas de la construcción. Casas sin piso, sin baño o módulos de madera sin techo expuestos durante días a la constante lluvia invernal, son la marca de la desidia municipal para con familias que perdieron todo y algunas de las cuales aún viven en carpas o precarias construcciones de nylon, con temperaturas bajo cero.
El pasado 9 de junio, los vecinos se convocaron en la municipalidad hartos de esperar respuestas. El reclamo por una solución habitacional fue escuchado, una vez más sólo escuchado no respondido, por el intendente municipal del FDT Augusto Sánchez y parte de sus funcionarios en la calle, frente al municipio.
Esa misma tarde, una obra elemental y necesaria como la red de agua potable, fue realizada por el municipio en parte. Una máquina excavadora realizo el tendido del caño de la red agua frente al barrio paralelo a la ruta 40. Un mes después, el caño sigue allí, en la zanja abierta, sin agua, porque un cabañero decidió poner una exclusa y corta el fluído vital a los barrios. Eso sí, el vecino dispone de un cisterna para vender agua potable, de la red, a quienes la necesiten, una canallada avalada por el mismo municipio, que como el peronismo a nivel nacional muestra una debilidad absoluta ante los intereses de cualquier poderoso. El reclamo por el agua es histórico en el barrio.
En cuanto a la luz, los vecinos mostraron el cable que ellos mismos retiraron a cuenta del municipio de un comercio de la localidad. El valor en aquel momento era de $85 000, pero en dialogo con el nuevo funcionario a cargo de Servicios públicos de la municipalidad, los vecinos se enteraron que según consta en los registros municipales el costo facturado sería de $400 000. Hasta hoy el cable continúa allí, sin luz.
Abandonados, discriminados y estigmatizados
El delegado provincial de Servicios Públicos del Noroeste de Chubut y delegado del sindicato Luz y Fuerza, Mauro Palma, en diálogo con una radio de la costa provincial el pasado 22 de junio, habló de los “legítimos usuarios” que pueden probar la titularidad de la tierra y de otro grupo de “delincuentes” que “han tomado tierras del Estado”, un “grupo radicalizado” de “delincuentes” que se habría quedado con “tierras del estado provincial”. Todo esto lo dijo “dejando de lado lo que piensa Mauro Palma” sino referenciándose en Perón: “dentro la ley todo, fuera de la ley nada”.
Lo cierto es que la toma de tierras en la comarca hunde sus raíces en la brutal especulación inmobiliaria que ha tornado imposible el acceso a una vivienda para cientos de familias trabajadoras, NYC o VYQ. Así lo demuestran los 13 años del barrio el pinar en la parcela 26, o el crecimiento que el año pasado experimentaron otros barrios arrasados por el incendio como Ecoaldea o Bosques al Sur, u otras tomas de tierras. Pero también la sesión de tierras que realizó el municipio a 127 familias a fines del año pasado en un predio que la provincia niega traspasar al municipio, con lo cual los derechos de ocupación que extendió el municipio no tienen aval legal, transformando el barrio en una toma promovida por el ejecutivo local.
Palma agitó la falsa oposición que marca la historia de la región en torno a los derechos de “nacidos y criados” (NYC) y “venidos y quedados” (VYQ) que en tiempos pasado fue funcional a candidatos políticos locales. Una división que en palabras de Palma sería motivo para el acceso diferencial a derechos elementales como los servicios públicos. Un criterio meritocrático y discriminatorio.
“Hace seis años compramos nosotros, en la toma, el transformador que está ahí y el mismo Palma lo vino a instalar” dicen los vecinos evidenciando que se trata de un derecho adquirido. La indignación ante las acusaciones del funcionario y sindicalista, son el corolario a una cadena de maltratos, negligencias y abandonos que vienen sufriendo los vecinos desde hace cuatro meses. El próximo martes a las 11 horas, harán una presentación ante la justicia para pedir la intervención del INADI ante este caso de discriminación y estigmatización, y luego marcharán al municipio para exigir soluciones como lo hicieron el pasado 9 de junio.
En aquella oportunidad, una vecina contó que fue contratada por el municipio para elaborar las viandas que el ejército distribuía en los barrios afectados por el incendio. “Cajas de carne, de pollo, no se ven reflejadas en lo que reciben los barrios”. La vecina denunció el desvío de estos alimentos y fue despedida, pero los tres sueldos de $20 000 por los que fue contratada, fueron ejecutados a pesar de que solo cobró uno. Ni en algo tan básico pudo el municipio dar una respuesta a la altura. “Las milanesas iban para los milicos, pero también espacios verdes y otros recibían esas viandas”. “A veces te llega media milanesa de pollo, es un vergüenza” comentó otro vecino de Ecoaldea.
Sobre la precariedad preexistente en materia de servicios públicos, la imposibilidad del acceso a la vivienda y la prepotencia de las autoridades, el incendio puso de relevancia la inviabilidad de un régimen político pensado para asegurar los negocios de los poderosos antes que las necesidades de las mayorías.
Pero también, la enorme solidaridad de la clase trabajadora que se expresó en miles de donaciones y en compañeras y compañeros que vinieron a ayudar desde distintos puntos del país y de la propia comarca, y la necesidad de conquistar y defender los derechos básicos con la lucha y la organización.
Las familias de Guernica y de tantas otras tomas de tierras para vivir en el país, son un ejemplo de que las necesidades del pueblo trabajador no son una prioridad para los partidos que se vienen alternando en el poder desde hace décadas, perpetuando y profundizando la miseria y la precariedad. Pero también, son un ejemplo de organización y lucha para buscar revertir esta realidad miserable a la que nos condenan los gobiernos de los capitalistas.
