SE TENIA QUE DECIR. AFI: un nuevo capítulo de espionaje ilegal

Espionaje a periodistas e infiltración en el PTS

Agregamos la nueva información del espionaje de la gestión de Arribas y Majdalani en la agencia que dio a conocer el viernes por las tarde por medio de algunos diarios. Como cuestionó la legisladora Myriam Bregman, estos nuevos archivos que surgen de la intervención de la AFI por Cristina Caamaño, no fueron informados en primer lugar a la víctimas del espionaje que se enteraron por algunos medios de comunicación.

Según lo informado en esos diarios, la nueva información surge de 403 fichas encontradas en una caja fuerte del edificio de los espías en 25 de Mayo, confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales. La misma tenía la tarea de investigar según la orientación y afinidad política entre dirigentes y miembros de organizaciones políticas y sociales, académicos, periodistas, y algunos empresarios Además esta división se infiltró en actividades de partidos políticos, como el PTS, para espiar sobre la participación en protestas en las cumbres de la OMC y el G20 realizadas en Buenos Aires en 2017 y 2018. Las fichas individuales analizan también la participación en los medios y las redes sociales, cuentan con su correspondiente fotografía personal, y contienen datos de la vida privada.

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Esta información constituye una nueva causa que presentó este viernes Cristina Caamaño, por espionaje ilegal, a cargo del Juzgado Federal de Martínez de Giorgi, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa. El lunes se presentará la prueba material.

Las semanas anteriores se conocieron dos nuevos hechos que vuelven a poner la mirada sobre los servicios de inteligencia y el espionaje ilegal.

Los rastros de espionaje ilegal que imputaron a Macri, Arribas y Majdalani

El primero tiene que ver con una causa iniciada a partir de la intervención de la AFI por parte de Cristina Caamaño, ordenado por el ejecutivo. Caamaño dio a conocer información que fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado, donde se encontraron rastros digitales de conexión con dispositivos externos (pendrives) que almacenaba información obtenida sin orden judicial bajo la gestión anterior del macrismo. Desde una computadora de la AFI se hacía espionaje sobre correos electrónicos privados de casi 100 personas que incluye a políticos, sindicalistas, periodistas, intelectuales y policías.

Los nombres van desde Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Majul, hasta Verónica Magario. El martes 26 de mayo, Caamaño hizo la presentación en forma electrónica ante la Justicia Federal por un “proceso de inteligencia ilegal”.

La causa ya está en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello. Los imputados son el ex presidente Mauricio Macri, el ex director de la AFI Gustavo Arribas, su segunda en la gestión, Silvia Majdalani, y tres espías. Se solicitó que todos ellos presten declaración indagatoria. Los delitos a investigar se enmarcan en la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional por “producción de inteligencia ilegal”.

La alianza entre narcos y agentes de la AFI. Las bombas del apriete

El segundo caso sale a la luz a partir de una investigación de un caso de narcotráfico iniciada en diciembre de 2018 en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona. La investigación recaía sobre Sergio Rodríguez, apodado “Verdura”o “Tomate” identificado como el líder de una banda narco con influencia en los partidos de Esteban Echeverría y Almirante Brown de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Hubo tres intentos de allanamientos para detener a “Verdura”, de los cuales zafó (algunos dicen que porque alguien le informaba antes). Finalmente, “Verdura” se entrega, y es detenido en la localidad de Ingeniero Budge. Para mejorar su situación judicial empezó a ofrecer información.

Así la causa de narcotráfico se convierte a un entramado espionaje de la AFI. Cuenta “Verdura” que, buscando expandir su negocio en Lanús conoce a un abogado que mantenía relaciones con “barras” del club de Independiente, y que ese abogado le habría dicho que pertenecía a la AFI y le ofrecía cobertura para manejarse con libertad. El abogado es Facundo Melo. A cambio, le habría pedido a “Verdura” que lleve un “paquete“ y lo deje en un “lugar”. El paquete era una bomba, y el lugar era el domicilio de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, en la gestión de Macri. Ese hecho ocurrió en julio de 2018. Según cuenta “Verdura” le dicen que la bomba no iba a explotar, sino que era para “darle un susto a alguien”. Vila es un reconocido militante radical, ligado a los servicios de inteligencia durante el alfonsinismo y fue una figura crucial en el levantamiento carapintada. Hizo carrera como analista de inteligencia y trabajó en Estados Unidos.

A partir de esta declaración el juez Villena abre una línea de investigación que lo lleva a otros agentes de la AFI. El 15 de abril se confirmó públicamente que Facundo Melo, el abogado del que hablaba “Verdura”, era agente de la AFI: lo contó él mismo al aire en el programa ADN de C5N, con el periodista Tomás Méndez, como mostramos en el informe.

Melo indica que quien le daba instrucciones era Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI. Allí cuenta que fue quien le exigió que direccionara el testimonio de uno de sus defendidos contra Hugo y Pablo Moyano.

Alan Ruiz es allegado a Patricia Bullrich porque fue funcionario su Ministerio de Seguridad ejerciendo diversas funciones, hasta que lo traspasan a la AFI donde se desempeñó en la Dirección de Operaciones Especiales.

La investigación llega hasta el Servicio Penitenciario Federal. Se dice que Melo y Ruiz trabajaban con dos agentes más: un ex policía de la ciudad de Buenos Aires de apellido Araque, y un funcionario del Servicio Penitenciario Federal que habría colaborado con los servicios de inteligencia del gobierno anterior.

La investigación del juez Villena empieza a ver los teléfonos de los nombres que aparecieron, y encuentra material de espionaje: fotos, seguimiento de personas, chats, audios de conversaciones. La lista de los espiados encontrados va desde tres jueces de la Corte Suprema, Cristina Kirchner y su hija Florencia, el ex presidente Duhalde, Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal. También periodistas, empresarios, sindicalistas, miembros de la Iglesia Católica, referentes de organizaciones sociales. La trama incluye ataques intimidatorios, seguimientos y recopilación de datos sobre la intimidad de distintas figuras.

Hasta ahora se sabe que el material de investigación cuenta con unos 1500 dossiers de espionaje, con seguimientos y tareas de inteligencia ilegales. El juez investiga por lo menos a 15 agentes de la AFI. La causa está bajo secreto sumario.

El espionaje en otros gobiernos. La gendarmería como caso emblemático

Vale la pena recordar que el espionaje ilegal no es patrimonio exclusivo del gobierno de Macri. De hecho el pasado 24 de mayo, salieron a la luz fragmentos de un informe emitido por el Centro de Reunión de Información (CRI) de Neuquén, perteneciente a la Gendarmería Nacional que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic. Allí se detalla información sobre la lucha de los mineros de Andacollo de la empresa Southern Trident Explorations. Esta misma fuerza de Seguridad llevó adelante operativos represivos contra los trabajadores, sus domicilios y familias, posiblemente basados en esos informes obtenidos de forma ilegal.

Y también existió antes de la era Macri: en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se dio a conocer por Adriana Meyer en Página 12 el “Proyecto x”. Una unidad especial de Gendarmería destinada al espionaje ilegal. En ese entonces se conoció que se infiltraban en manifestaciones de las y los trabajadores de Kraft Terrabusi, informaban sobre reuniones en la casa de los delegados de la comisión interna y lo que allí se decidía. Fue denunciando desde el inicio por Myriam Bregman, abogada del CeProDH y actual legisladora del FIT. Más tarde se informó que había sido desmantelado, pero en 2017 se supo que seguía operando, esta vez a la familia de Santiago Maldonado, y bajo las órdenes de Patricia Bullrich.

En 2014 en las protestas en la panamericana por el conflicto de los trabajadores con la autopartista Lear volvió a aparecer la infiltración de la Gendarmería en las manifestaciones. Se identificó a José Galeano, un coronel retirado del Ejército, era el jefe del operativo que respondía a las órdenes de Sergio Berni. Berni es el actual ministro de Seguridad Bonaerense de Kicillof. Esta información se supo por las declaraciones del famoso “gendarme carancho”, Lopez Torales, quien se tiró arriba del auto de un manifestante simulando que era atropellado, para detenerlo.

El espionaje, infiltración y actuación de servicios de inteligencia de la AFI, ex SIDE o de otras fuerzas represivas es transversal a todos los gobiernos. Ninguno de ellos ha tomado la exigencia de los organismos de DDHH de la apertura inmediata e integral de los archivos de la secretaría de inteligencia. Este lado B de las llamadas democracias capitalistas, el subsuelo de los servicios, utiliza los recursos del estados para ajustes de cuentas, aprietes o maniobras en función de los intereses de sectores políticos de turno. No hay intervención o reforma que valga: la inteligencia es una institución que forma parte de las fuerzas represivas, está al servicio de un estado que es de clase, que será utilizada siempre que lo necesite contra la clase trabajadora y su organización.

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