AGRONEGOCIO CONTAMINANTE. Agrotóxicos: Kicillof se niega a derogar la regresiva resolución de Vidal

La resolución de la exgobernadora bonaerense, firmada en diciembre de 2018 por el anterior ministro de Agroindustria y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, había recibido un amplio repudio por parte de diversas organizaciones sociales, ambientales, campesinas y de derechos humanos, motivo por el cual la misma María Eugenia Vidal se vio obligada a suspenderla por un año en febrero de 2019. Y no era para menos: la escandalosa normativa liberalizaba la aplicación de agrotóxicos en zonas “buffer”, que en la práctica implicaba legalizar las fumigaciones sobre escuelas rurales, viviendas y cursos de agua.

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“Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población, sino la afectación del medioambiente y la soberanía alimentaria”, denunciaban en aquel entonces la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama).

El Gobierno provincial entrante tenía la opción de derogarla, que hubiera sido la decisión correcta si lo que se busca es proteger la salud de millones de habitantes de pueblos cercanos a explotaciones agrícolas. Solo en Buenos Aires esto implica a cinco millones de personas que viven en áreas rurales. En cambio, optó por dilatarla y suspenderla por un año más, con la excusa de crear el Observatorio Técnico de Agroquímicos (no casualmente vaciado de asambleas y organizaciones sociales, como los propios pueblos fumigados) para “aportar información científico técnica sobre el uso, la aplicación de agroquímicos y sus efectos” junto a investigadores del Conicet, integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y representantes del agronegocio. Como si, tras décadas de uso indiscriminado de pesticidas, no existiera evidencia de sobra acerca de los efectos desastrosos no solamente sobre las personas, sino también en la fauna y flora.

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“¡Con resolución suspendida la gente se come venenos igual! La nueva suspensión de hoy de la Resolución 246 de Vidal/Sarquís, anunciada por usted, deja un sabor amargo y es por eso que me dirijo a usted en esta carta. Prolonga la demora en dar una respuesta, una protección a los ciudadanas y los ciudadanos de esta provincia y deja que todo siga igual, lo que no es nada bueno. Suspender no es derogar”, sentenció una integrante del grupo de vecinos y vecinas Exaltación Salud en una carta abierta dirigida al nuevo ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez.

Consultados por La Izquierda Diario, desde la agrupación mencionaron que “la subimos así con esa firma, ya que todos y todas podemos firmarla. Tristemente. Es la realidad de la mayoría de las personas afectadas por las pulverizaciones”.

La carta publicada por Exaltación Salud, que en marzo y septiembre del año pasado consiguieron la aprobación de una ordenanza que prohibió la pulverización aérea y una cautelar que limitó la fumigación terrestre a 1000 metros de escuelas y viviendas, continúa: “La suspensión es otra vez un ‘ni’, un ‘veremos qué’, no adelanta ni baja esa línea. Es decir, sí es un buen signo para quienes atentan contra la salud y el ambiente porque este tema así, este ni, es un siga siga, un guiño. Y es por eso que me atrevo a contarle, que así como estamos mientras ahí estén de charla en charla, será un año calendario más de campañas agrícolas dónde más vecinos y vecinas quedarán expuestos a productos altamente tóxicos”.

La de Vidal/Sarquís no fue la única normativa con el objeto de habilitar las fumigaciones indiscriminadas de agrotóxicos: las hay también en Entre Ríos y Santa Fe, que solo encuentran freno por la resistencia popular. El agronegocio tampoco conoce grietas. La decisión del gobernador Kicillof va en sintonía con las declaraciones de Alberto Fernández en plena campaña electoral, cuando visitó al peronista Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, y se pronunció sobre el fallo del Poder Judicial provincial que limitó las fumigaciones con agrotóxicos a 1000 metros de escuelas rurales: “He visto el fallo, que creo que tiene un espíritu muy loable, pero me parece desmedida la decisión final, porque excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas”.

Lo que quiso presentarse como una medida novedosa o favorable resultó una continuidad de lo resuelto por la propia gobernadora bonaerense, que mantiene un status quo para el modelo de agronegocios contaminante.

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