Un comisario, un oficial y cuatro miembros de la “Delegación Narcotráfico” de la fuerza que conduce Sergio Berni fueron detenidos en Florencio Varela. Como lo hace la Bonaerense en toda la provincia, cobraban hasta $ 1,6 millones por mes para proteger a un grupo de vendedores de drogas y armarles expedientes a sus rivales. Pero alguien los delató. Hasta ahora, ni el ministro ni el gobernador Kicillof hablaron del tema.
Daniel Satur @saturnetroc
Lunes 6 de noviembre de 2023 14:13
Comisaría Segunda de Florencio Varela | Foto Google Maps
Un cable de la agencia Télam de este lunes dice que “seis policías fueron detenidos como acusados de brindarle protección a una banda de narcotraficantes y de iniciarle causas penales a la organización rival, a cambio de $ 1.600.000 mensuales, en el partido bonaerense de Florencio Varela”. La información surgió de fuentes judiciales y hasta el momento desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni se mantienen en silencio.
El comisario de la Policía Bonaerense Pablo Ojeda, el oficial ayudante Nahuel González y los oficiales Claudio y Ricardo Hinz, Diego Leiva y Agustín Solís fueron detenidos este domingo por efectivos de la Policía Federal Argentina que actúan como auxiliares del Poder Judicial. Los cuatro últimos pertenecen a la Delegación Narcotráfico de la fuerza represiva provincial. La causa está cargo del fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI 1 de Varela y a los imputados se los acusa de “venta de estupefacientes agravada, cohecho e incumplimiento de los deberes de un funcionario público”.
Según las fuentes, la investigación se inició en marzo tras la detención de una mujer identificada como “Paola”, a quien se la sindica como líder de una banda que vende drogas en esa populosa localidad de la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Al momento de ser detenida, la acusada habría querido “pedir explicaciones” a los responsables de la Comisaría Segunda porque “tenía protección” para hacer su negocio sin problemas.
Cuando se peritó el teléfono de “Paola”, el fiscal Provisionato accedió a información de su WhatsApp según la cual, entre diciembre y marzo, hubo muchos mensajes y audios entre esa banda y sus cómplices uniformados. De allí se dedujo, entre otras cosas, que le brindaban protección a la banda “a cambio de ‘romper’ a otra banda”. Es decir que la Policía protegía a un grupo y garantizaba sus privilegios en la competencia con otro.
Según determinó el fiscal, los efectivos de la Policía “obtenían información” de parte del grupo de “Paola” y luego “iniciaban expedientes a los vendedores” rivales. Los nombres, lugares y circunstancias los obtenían miembros de la banda protegida que se hacían pasar por clientes y, una vez comprada la droga a las otras bandas, facilitaban las “pruebas” para su imputación y detención.
“Te mando al pibe con la remera de Defensa y Justicia, va con pantalón negro y con ojotas. Usalo de ‘previo’ y después cuando lo manoteás da la vuelta manzana y devolvémelo que lo necesito para laburar”, les decía la mujer a los policías en uno de los audios peritados.
Según consta en el expediente, “Paola” le pagaba a los efectivos una suma semanal para que le garantizaran la prevalencia del grupo en la comercialización de drogas en la zona. La protección incluía reiteradas “desmentidas” de parte de la Comisaría Segunda respecto a que la mujer fuera narcotraficante cuando ésta era señalada por otros narcos que eran detenidos sin contar con los favores policiales.
A través de las escuchas telefónicas se habría determinado que se les pagaba por semana alrededor de $ 200.000 al comisario Ojeda y sus socios de uniforme y otros 200.000 a la Delegación de Narcotráfico de la fuerza represiva provincial. “Tenían blindada la jurisdicción con todos los organismos de la Policía Bonaerense que se dedican al tema de drogas”, dijeron desde la UFI 1 a Télam.
Hasta el momento el ministro Sergio Berni, tan acostumbrado a difundir “operativos” de desarticulación de bandas narco, incluso inventando causas que no existen y hasta acusando a personas inocentes, se mantiene en silencio sobre este escándalo que lo salpica de lleno. Ni siquiera desde las propias vías de comunicación oficiales del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axel Kicillof se hizo mención al tema.
La pregunta que ahora recorre los despachos ministeriales, policiales y judiciales es quién o quiénes fueron los “buchones” que, decididos a cortar (y quizás quedarse con) el negocio, obligaron al fiscal Provisionato a mandar a detener a Ojeda, González, Leiva, Solís y los hermanos Hinz. Sobre todo porque, como es de público conocimiento, no hay jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires en la que uno, dos o varios comisarios no protejan a las bandas narco y demás capitalistas ilegales.
Aunque posiblemente haga declaraciones para salir del paso sobre este caso, el silencio inicial de Berni es más que entendible. Ya casi en el estribo de su gestión (si es que cumple con su rol de senador electo de Unión por la Patria), el ministro lleva cuatro años haciendo todo el “trabajo sucio” que le exige el cargo, lo que incluye el encubrimiento de cuanto crimen o delito cometan los hombres y las mujeres de azul-celeste.
Si Berni protege a policías que desaparecieron y mataron a jóvenes pobres de la provincia, como Facundo Astudillo Castro y Francisco Cruz, ¿por qué no haría lo imposible para evitarles daños colaterales a comisarios y oficiales metidos en “negocios menores” como la venta de droga en los barrios?
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
