Declaración política de Clase contra Clase del Estado español frente a la investidura de Rajoy. Contra este Régimen del ‘78 emparchado con el pacto PP-PSOE-Ciudadanos y su “democracia” del Ibex35, luchemos por procesos constituyentes libres y soberanos, retomando la lucha en las calles.
Jueves 27 de octubre de 2016 14:46
Foto: EFE / Kote Rodrigo
Declaración política de Clase contra Clase del Estado español
Tras la intervención de Mariano Rajoy este miércoles en el Congreso de los Diputados, se ha abierto una nueva sesión de investidura que culminará con la formación de un gobierno del PP gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, una “triple alianza” conservadora.
Ha pasado casi un año desde las elecciones del 20D, donde el PP tuvo su peor resultado en décadas y donde la dupla PP-PSOE obtenía solo el 50,7% de los votos, frente al 73,3% que sumaban juntos en el 2011. Un año con un régimen tocado, pero no hundido, y la expresión electoral de un profundo descontento social en los votos de Unidos-Podemos.
Después de meses de maniobras parlamentarias, nuevas elecciones, pacto PSOE-Ciudadanos, pacto PP-Ciudadanos, presiones cada vez más obscenas de parte del Ibex35 y sus medios de comunicación como los del grupo Prisa, el régimen consiguió sobrevivirse en su faceta más conservadora. Lo hace a costa de “quemar” a uno de los pilares fundamentales del bipartidismo en estos 40 años: el PSOE. Este partido se muestra claramente como lo que ha sido las últimas décadas, una empresa política subordinada de forma directa a los intereses del capitalismo español.
El pacto de triple alianza PP-Ciudadanos-PSOE bendecido por la monarquía busca garantizar que sus intereses sigan intactos, que los corruptos sigan actuando con impunidad en el Congreso, en el Senado y desde el poder judicial. Busca garantizar que la crisis la sigan los millones de trabajadores y trabajadoras, parados, estudiantes con una educación en crisis, pensionistas que no llegan a fin de mes porque tienen que alimentar a sus nietos, familias con hipotecas que perdieron sus casas, inmigrantes sin papeles encerrados en los CIEs, mujeres y jóvenes precarios.
La democracia para ricos del Ibex35
En estos años de crisis, la desigualdad en el Estado español no ha dejado de crecer, ubicándolo como uno de los Estados más desiguales de Europa.
Tan solo en el primer semestre del 2016 las 35 empresas del Ibex ganaron 18.441,6 millones de euros. Entre las que más ganaron están el Banco Santander, con 2.911 millones de beneficio; Iberdrola, con 1.456,7 millones; y Telefónica, con 1.241 millones de euros. Los consejeros de esas grandes empresas ganan una media de 636.000 euros anuales. Muy diferente de la situación de casi la mitad de los asalariados españoles, que no superan los 1300 euros mensuales, y en muchos casos deben sostener con apenas 700 u 800 euros a familias con muchos miembros en paro o con empleos precarios.
El nuevo gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, intentará nuevos ajustes y recortes los próximos meses, como ya está exigiendo Bruselas. Irán por las pensiones, por el presupuesto educativo y el de la sanidad, mientras los empresarios que los dirigen buscarán nuevos EREs y ERTEs con despidos y rebaja de las condiciones laborales.
Contra su “democracia blindada”, impongamos con la lucha la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos
En el mismo momento que en el Congreso se está consumando un nuevo contubernio que dará el gobierno al Partido Popular, una inmensa manifestación estudiantil recorrió las calles de todo el Estado contra las reválidas franquistas, y para el día en que tendrá lugar la votación de investidura, la Coordinadora 25-S y decenas de organizaciones convocan en Madrid a una manifestación bajo el lema: “Contra el golpe de la mafia, democracia” y contra la investidura de “un gobierno ilegítimo de un Régimen ilegítimo”.
“El congreso y el senado son una cueva de ladrones”. Nunca ha sido tan cierta esta definición de Lenin. Una “democracia blindada” protegida con la policía, con las leyes mordaza, con la criminalización de los que luchan, la persecución de los periodistas críticos, donde solo deciden unos pocos, los dueños del poder.
Para terminar con esta casta de políticos corruptos al servicio de los bancos y el mercado, es necesario retomar la movilización social, para luchar por un conjunto de las reivindicaciones democráticas y sociales que se han coreado en las manifestaciones desde el comienzo de la crisis.
Unidos Podemos prometía “asaltar las instituciones” para lograr un cambio desde “arriba” por la vía electoral. Este camino demostró ser un callejón sin salida y hoy nos encontramos nuevamente con un gobierno conservador. Su papel en el Parlamento es testimonial, con una mayoría en manos del PP-Ciudadanos-PSOE. Pero tampoco ha significado una salida de transformación en aquellas ciudades donde ocupan el gobierno con los “Ayuntamientos del cambio”. En Madrid, Barcelona, Zaragoza y otras ciudades, en más de un año y medio de gobierno, han mostrado que no van más allá de tibias medidas cosméticas, sin resolver ninguna de las demandas sociales ni democráticas pendientes, cediendo a cada paso ante las presiones de las empresas, los bancos y la derecha tradicional.
Ante la investidura de un nuevo gobierno conservador, es necesaria una gran campaña y movilización para exigir que ningún cargo político gane más que el salario de un trabajador, que todos los diputados y cargos electos sean revocables por sus electores en cualquier momento, para poner fin a esta monarquía parasitaria, por la disolución del senado donde duermen los corruptos como Rita Barberá, la destitución de todos los jueces puestos a dedo y la elección de jueces por sufragio universal y jurados populares, por la defensa del derecho a decidir de los pueblos.
Para poder debatir y decidir democráticamente sobre estas y otras medidas, es necesario imponer mediante la lucha de clases la apertura de asambleas constituyentes libres y soberanas en el Estado y en las nacionalidades, electas en circunscripción única por todos los mayores de 16 años.
Asambleas constituyentes que permitan anular todas las leyes de criminalización de la protesta como la ley mordaza, por plenos derechos para todos los inmigrantes, el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, por una política verdaderamente de “acogida” para los refugiados.
Para imponer un plan de emergencia social ante de la crisis, con el fin de los desahucios, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desempleados, aumento del salario mínimo, y plenos derechos laborales. Aumentar los presupuestos de salud y educación, becas para los hijos de los trabajadores, entre otras medidas básicas para recuperar lo que se ha perdido.
Por todo esto, es necesario retomar el camino de la huelga general, los encierros y huelgas de trabajadores, junto a los estudiantes, las mujeres, la juventud precaria. El camino para conquistar nuestros derechos está en la movilización, en la perspectiva de conquistar un gobierno obrero y popular.
