Tucumán. "Avísenle a mi mamá que no había gaseosa en el almacén"

El triste grito de Martin (15 años) retumbó en una esquina del Barrio la Aguada, en Banda del Rio Salí, cuando volvía del almacén y se topó con una razzia policial, al estilo Bussi, que llegando a su casa que lo detuvo ilegalmente.

Motos con itacas subiendo por las veredas, policías pateando las puertas de las casas y apuntando a niños y mujeres junto a patrulleros de vigías municipales y camionetas de la policía de Tucuman por la zona Este. Estas acciones represivas en los barrios más humildes intentan tapar la falta de inversión en un sistema de salud que va camino al colapso entre los brotes de dengue y el avance del coronavius.

Escenas como estas se multiplican desde de que el Intendente, Darío Monteros, declarara públicamente que "al que veamos caminando luego de las 15hs lo metemos preso", una medida completamente arbitraria y represiva porque lo que rige es una disposición nacional de aislamiento obligatorio y no un Estado de sitio o "toque de queda".

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Así como el gobierno provincial lanza un operativo "Nadie en las calles" impulsado por el Ministerio Público Fiscal, que es anticonstitucional porque pone personal del ámbito judicial a detener a las personas en operativos conjuntos con la Policía, en el ámbito municipal dan otro paso más en el social y preventivo con un virtual "toque de queda" que hasta ahora sólo viene dejando como resultado denuncias por abusos y pedidos de coimas a los familiares de los detenidos.

Recaudar en tiempos de pandemia

Cuando hay una aprehensión policial el protocolo de la Justicia Federal indica que hay que consultar los antecedentes para asegurar que no haya orden de captura contra esa persona y esto no puede demorar más que un par de horas. Pero la policía llena calabozos en donde no se cumple ninguna medida de seguridad ni de higiene, y en la angustiante espera engañan a los detenidos y sus familiares diciéndoles que tienen que pagar una fianza (coima) para que puedan recuperar la liberad. Así hacen caja todos los días.

Esta semana la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación radicó una denuncia contra la Policía de Tucumán en la Fiscalía de delitos complejos de turno, a cargo de Mariana Rivadeneira.

En principio hubo tres denuncias, pero se están unificando distintos casos y se está haciendo una investigación conjunta. En la comisaría de Lastenia hay tres personas que denunciaron que les exigieron $15 mil a cada una para regresar a sus casas. En ese mismo lugar a otro le pidieron $ 4 mi y se registraron casos similares en la comisaría de la banda.

Sino trabajo no como

Tucuman tiene uno de los porcentajes mal altos de trabajo en negro del país con el 46,8% de los ocupados, según el Indec.

La Banda del Río Salí es el cordón industrial más grande de la provincia y en sus barriadas conviven trabajadores en blanco de la industria y los servicios, estatales y municipales, pero la gran mayoría son temporarios jornaleros o changarines que están obligados por necesidad a salir a buscar el pan del día; son los que no se pueden quedar en casa.

Muchos de los detenidos y hacinados en las comisarías son los verdaderos invisibles de este lío, los que no están registrados ni tienen obra social, ni tienen acceso a la educación; en muchos casos son los verdaderos marginados y excluidos del sistema.

Por las radios locales, oficialistas todas, se escucha la propaganda del municipio e incluso se lo vio al propio intentende, Darío Monteros, participando de los operativos policiales. Ahora hasta los megáfono que llevan los patrulleros que circulan por la zona tienen la voz del intendente amenazando a los vecinos que si el coronavirus se expande es por los que salen a las calles.

Plata para la Salud no para las razias

Desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos planteando desde el comienzo de esta pandemia la necesidad urgente de realizar test masivos para poder determinar quiénes están infectados y quiénes no.

También proponemos como prioritario centralizar el sistema de salud, unificando el público con el privado bajo control de trabajadores y trabajadoras de la salud. Muy lejos de lo que se está haciendo ahora que es dejar intactos recursos esenciales del sector privado como plazas de internación, laboratorios o incluso la producción de alcohol. Ahora empresarios como Rocchia Ferro o el propio Emilio Luque se frotan las manos ante la posibilidad de convertirse en grandes proveedores del Estado.

Para terminar con la especulación de los empresarios no alcanza con amenazas. Es necesario que toda la producción tiene esté orientada a combatir la pandemia. Esto implica en forma inmediata declarar de utilidad pública la producción de alcohol para su distribución den forma gratuita a hospitales públicos y en los barrios. No puede prevalecer el interés de las tres familias (Rocchia Ferro, Luque, Boudeguer) que concentran el 70% de la producción del alcohol en la provincia.

La industria textil debe estar orientada a la producción masiva de camisolines y barbijos en cantidades suficientes y de la calidad apropiada para abastecer a los trabajadores de la salud.

En vez de seguir abultando los recursos de las fuerzas policiales, el gobierno debería implementar test masivos para la detección temprana de la enfermedad, empezando por los trabajadores de la salud y todo el universo de casos sospechosos por su cercanía a personas infectadas, que hace una semana la ministra de salud estimaba en 6000 personas.

Al mismo tiempo es necesario triplicar el bono social de 10 mil pesos que anunció el gobierno. La canasta básica familiar del Indec ronda los 42 mil pesos. Un bono de 30 mil pesos por familia está perfectamente al alcance, grabando con un impuesto extraordinario a los patrimonios más altos del país.

Por último, hay que repudiar el accionar represivo del gobierno y los municipios, que están dando vía libre a la brutalidad policial que se ensaña más que nada con la juventud de las barriadas.