Crisis política. Bloqueos campesinos en Bolivia agravan las disputas en el MAS

Casi una veintena de puntos de bloqueo convocados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por Ponciano Santos, afín a Evo Morales, arrancaron el mismo día del aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, el lunes 22 de enero. Exigen la inmediata convocatoria a elecciones judiciales y el cumplimiento de la Constitución que establece la obligatoriedad de estas elecciones y el fin de las funciones de los magistrados de los tribunales superiores del país.

El tácito acuerdo, que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria sostenían, basado en mantener todas las disputas en los marcos legales y jurídicos, evitando las calles, ha llegado a su fin. Esto se produce luego de que a Evo Morales no le quedara otro recurso que la movilización y la acción directa para intentar revertir el fallo constitucional que busca impedir su nueva candidatura rumbo a las elecciones presidenciales del bicentenario (2025). La resolución 1010/2023 que estableció la imposibilidad de una nueva candidatura ha sido realizada sobre la base de una forzada interpretación constitucional por magistrados que deberían haber cesado en sus funciones el pasado 31 de diciembre y que sin embargo en un acto absolutamente inconstitucional e ilegal procedieron a prorrogar sus funciones con el visto bueno del gobierno de Arce.

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Las exigencias para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convoque en forma inmediata a elecciones judiciales junto al cese de los actuales magistrados auto prorrogados, obedece a la necesidad de Evo Morales de que nuevos funcionarios del órgano judicial puedan establecer una interpretación distinta sobre la posibilidad de la candidatura de Evo Morales, quien denuncia que el gobierno de Luis Arce habría corrompido a este órgano del Estado para impedir su candidatura.

El vicepresidente, David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha convocado para el próximo lunes, 29 de enero, a una reunión de negociación a todas las bancadas parlamentarias para establecer los mecanismos para las elecciones judiciales. Busca, con esto, un compromiso del evismo para suspender los bloqueos de caminos, cuestión que el evismo ya ha negado hasta la convocatoria de las elecciones judiciales y el cese de funciones de los actuales magistrados. Por su parte, el asambleísta Amilcar Barral, afín a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa presentó una Acción Popular contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y contra los representantes del MAS para que la justicia ordene el fin de las medidas de fuerza. Sin embargo, el equipo legal del evismo, dirigido por Héctor Arce, rechazó esta acción argumentando que el bloqueo de caminos fue convocado por organizaciones sociales y no por la dirección del MAS.

Sin embargo, lejos de expresar proyectos políticos alternativos, la lucha de Evo Morales contra los “renovadores” solo se ha limitado a acusaciones de corrupción y traición que van y vienen, aunque coincidiendo ambas fracciones en las medidas de ajuste implementadas contra las y los trabajadores asalariados del Estado, a quienes se les aplica leyes neoliberales para evitar cumplir con sus derechos laborales adquiridos. Coinciden en los ataques al movimiento obrero y a los sindicatos de las y los trabajadores asalariados, mientras se deshacen en cumplidos con los barones de la agroindustria y del concentrado capital bancario y financiero del país, llegando al extremo de que Evo Morales defendiera a Camacho contra la resolución judicial que obliga a que Mario Aguilera, el vice gobernador de Santa Cruz, asuma el cargo de gobernador de manera interina mientras Luis Fernando Camacho, que sigue gobernando desde la cárcel, resuelva sus problemas judiciales.

Por su parte, el gobierno de Arce, en sus ataques al evismo, se desliza peligrosamente a sostener y a recurrir a los mismos argumentos del golpismo contra Evo Morales, al afirmar en boca del ministro de Justicia, Iván Lima, que las muertes de las masacres perpetradas durante el golpe de Estado del 2019 serían responsabilidad de Evo Morales por sus afanes reeleccionistas. Con estas declaraciones, Lima libera de responsabilidad política a los directores materiales de las masacres de Sacaba y Senkata, cuestión que fue aprovechada por la expresidenta golpista Jeanine Áñez para exigirle que declare esto mismo en los juicios que se le siguen.

Es que desde la aprobación negociada de la Constitución Política del Estado el 2009, con la incorporación de algunas normas que tendían a fortalecer el Estado buscando “democratizarlo”, Evo Morales y el MAS se quedaron sin agenda, limitándose a la administración y a la gestión del capitalismo dependiente boliviano. Esto ha conducido a un giro a la derecha pronunciado de todas las cabezas dirigentes de este partido, integrándose cada vez más a las prácticas, cultura e intereses, de las clases dominantes blanco mestizas.

Este giro creciente a derecha se expresó durante el gobierno de Morales con las enormes concesiones realizadas desde el año 2013 al sector agroindustrial del Oriente, con contratos de exportación de carne y soja a China, y en el apoyo financiero y político a la extensión de la frontera agrícola. Chaqueos e incendios forestales son las primeras consecuencias de esta política, así como un agravamiento de las disputas por la tierra y el territorio que en el Oriente se manifiestan regularmente en avasallamientos y violencia alentada por agroindustriales y colonizadores. Los discursos a favor de la “Madre Tierra”, discursos que incluso fueron constitucionalizados, han quedado solo en eso, en papeles y discursos mientras a lo largo y ancho del territorio nacional avanzan desbocadamente todos los emprendimientos y proyectos extractivistas y depredadores de la naturaleza y los bienes comunes. No otra cosa fue la expresión movilizada de los cooperativistas auríferos que aumentan sus ventajas y beneficios avanzando sobre áreas protegidas, contaminando los ríos y tierras, y reduciendo aún más los márgenes impositivos que solo benefician sus negocios. Todo esto con el visto bueno del gobierno de Arce.

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Al quinto día de los bloqueos se empieza a poner en evidencia que Evo Morales no está logrando nacionalizar el conflicto ya que por el momento la fuerza de los bloqueos solo se impone en el departamento de Cochabamba, particularmente la zona del Chapare, que sigue siendo su bastión político. Todo esto pese a los anuncios de masificación que diversos dirigentes han anunciado. De todas formas, el que las disputas al interior del MAS empiecen a trasladarse a las calles expresa las debilidades de todos los partidos y del conjunto del régimen político. Situación que se hace cada vez más delicada producto de los cada vez más precarios equilibrios macroeconómicos.