Sudamérica. Bolivia: ante la crisis nacional impulsemos un partido de trabajadores revolucionario

Artículo publicado originalmente el viernes 7 de febrero por la Liga Obrera Revolucionaria-Cuarta Internacional (Lor-Ci), en La Izquierda Diario Bolivia -sitio integrante de la Red Internacional La Izquierda Diario-.

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Hoy, luego del golpe de estado del 2019, la estrategia de Luis Arce se reduce a la administración del Estado tal cual es, evitando chocar con los intereses empresariales y patronales mientras aplica un plan de ajuste con reducción de presupuestos, vulneración de los derechos laborales y una fuerte presión dirigida a la entrega de los bienes comunes naturales como el litio. La escasez de dólares y de combustibles con su consiguiente inflación, está alentando el malestar de vastos sectores populares que emprenden peleas aun de carácter corporativo pero que expresan ese profundo desgaste del gobierno de Arce, cuya aprobación e intensión de votos en encuestas lo sitúan por debajo del 4%.

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Todo esto sucede al amparo de una retórica socialista, cada vez más harapienta y descolorida, que está alentando la reflexión y la discusión colectiva de amplios sectores del MAS, tanto afines al evismo como al arcismo, que decepcionadxs de cómo está terminando el proceso de cambio y del comportamiento de sus líderes ante los acontecimientos del golpe del 2019, huyendo y sin ofrecer resistencia, y disputándose la administración del Estado capitalista sin tener diferencias políticas sustanciales entre sí.

La derecha cuestiona el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras este les garantiza sus negocios especulativos

Cuando el 21 de octubre del 2008 se selló el pacto entre el MAS y la derecha política agrupada en aquel entonces detrás de la llamada media luna, se dio origen a un nuevo régimen político, que expresaba una nueva relación de fuerzas entre las clases pero que al mismo tiempo garantizaba la propiedad y los negocios de las clases dominantes. Las mismas, con disgusto ante las disposiciones inclusivas y democráticas, aceptaron el nuevo orden consientes que si no hubiera sido por el gobierno encabezado por Evo Morales, la movilización popular podría haber barrido no solo con los viejos representantes de las clases dominantes, sino con ellas mismas. La tolerancia de las clases adineradas con el Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, fue cambiando en la medida que estas clases se fortalecían socialmente con el boom de precios desde el 2008 y con los nuevos mercados que el MAS conseguía para las mismas.

Desde el golpe de estado, y pese a sus profundas divisiones, la derecha política concentra sus objetivos en avanzar en el desmantelamiento de las empresas estatales a la par que cuestiona el conjunto de la política gubernamental referida a la explotación del litio. Mientras Argentina o Chile elevan sus índices de producción y comercialización de litio, siendo este último país el que lleva la delantera en exportación del estratégico mineral, Bolivia, apenas está dando sus pasos iniciales con la firma de casi 40 contratos de explotación con empresas rusas y chinas.

El enorme atractivo que representan los yacimientos de Chile y Argentina se explican por los bajísimos porcentajes de las utilidades que quedan para el Estado y las comunidades y pueblos mineros, constituyéndose esos contratos en verdaderos estatutos de entrega de recursos al capital trasnacional, mientras que en Bolivia, como exigencia de la Constitución, las empresas están obligadas a que sea el Estado el que retenga el 50% más uno de estas utilidades. Esta situación, poco atractiva para grandes empresas trasnacionales, empuja a que importantes sectores de la derecha a los que se van sumando sectores del MAS y del gobierno a explorar posibilidades de entregar el mineral, incluyendo la necesidad de modificar la CPE para hacer más atractiva la explotación del litio. Es indudable que esta situación empuja a las clases dominantes a avanzar en proyectos que modifiquen la relación de fuerzas entre las clases y por lo mismo preanuncia nuevos y más duros momentos de lucha de clases.

La agenda electoral del MAS y de la derecha: ajuste fiscal y menos derechos laborales

La creciente profundidad de la crisis económica, agravada por la especulación financiera y de dólares que realizan los grandes exportadores, parece no tener salida clara ante la complicidad del gobierno de Luis Arce que ha tomado como propia la agenda de los empresarios con el acuerdo de los 10 puntos firmado a inicios del 2024.

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El conjunto de formaciones políticas que se aprestan a competir por la presidencia el próximo 17 de agosto, ya han anunciado la necesidad de implementar diversas modalidades de lo que podríamos definir como un plan de ajuste típicamente neoliberal, como son los anuncios de privatizaciones, reducción de presupuesto para la lucha contra los feminicidios y la violencia de género, reducción de presupuesto en universidades, reducción de pensiones, alcaldías y prácticamente la parálisis de la obra pública. Acompañan a esta agenda, la disposición de todos los actores, empezando por el gobierno de Luis Arce, de bajar costos de empresarios privados y Estado, vulnerando de forma creciente los derechos laborales. Lo vemos en el ministerio de Trabajo, actualmente convertido casi en una oficina al servicio de las empresas y a la violación de los derechos laborales, como sucede con los trabajadores de la ex SABSA, BOA, Aseo Urbano a lo largo del eje central del país, y múltiples empresas de fabriles, cooperativas o mineras, por no hablar de lxs empleados públicos, quienes ni siquiera tienen derecho a la organización sindical. Ahí no llegó el “proceso de cambio”.

Evo Morales que pretende candidatear nuevamente, viene denunciando el carácter proscriptivo de la normativa electoral y la persecución política por parte de la derecha política y de sus propios compañeros de partido agrupados en el ala “renovadora” de Arce y Choquehuanca. Pretende presentarse como víctima y como el ala “original” del MAS, es decir, pretende presentarse como oposición de izquierda al gobierno. Sin embargo, frente a la crisis económica en curso, Morales ha cuestionado al gobierno de Arce por no ser más audaz en la liberación de exportaciones, exigencia del sector agro industrial, sugerencia de aumentar las horas laborables de los empleados públicos y una serie de medidas que profundizarían el ataque a la economía obrera, campesina y del pueblo pobre.

Elecciones, persecución política y ataque a las libertades democráticas

Como señalamos anteriormente, la encrucijada estratégica en la que se encuentra la clase dominante, ante la necesidad de modificar la relación de fuerzas entre las clases, la adopción de políticas crecientemente represivas se está convirtiendo en una norma desde el golpe del 2019 y que el gobierno del MAS no ha modificado. En la lucha interna del MAS y ante el creciente desgaste de los renovadores y de Arce, el gobierno necesita de manera creciente apoyarse en el aparato judicial y en las fuerzas represivas contra la oposición, particularmente los sectores populares que se movilizan ya sea por la crisis económica o por la persecución política a vastos sectores campesinos y populares.

El avance derechista y represivo en las agendas del gobierno y del MAS así como de toda la oposición de derecha, no solo se expresa en las decenas de dirigentes campesinos y de sectores populares afines al evismo hoy encarceladxs o procesadxs sino también en la judicialización de la protesta social para proteger la figura y el gobierno de Luis Arce, como acaba de suceder con un grupo de mujeres encarceladas por criticar al gobierno en Cochabamba.

Los ataques a las libertades democráticas y la persecución política contra los sectores populares y la izquierda, se están expresando en cómo se va configurando el próximo proceso electoral, en el que la derecha política pretende retomar el directo control de su Estado.

No se trata únicamente de los esfuerzos de proscribir a Evo Morales como ya vienen avanzando sino de las enormes facilidades que los grupos empresariales y derechistas, todos prácticamente tutelados por el multimillonario Marcelo Claure (empresario boliviano-estadounidense fundador de Brightstar Corporation, compañía estadounidense distribuidora de teléfonos inteligentes y otros dispositivos), para obtener legalidad electoral gracias a los capitales y prebendas puestos en juego para la obtención de firmas. Estamos en presencia de un proceso electoral diseñado para que la derecha política o el actual gobierno puedan garantizar la continuidad de una política de ajuste, impidiendo que organizaciones obreras campesinas y/o populares puedan participar de manera independiente. De mas esta decir que esta configuración electoral proscriptiva en un marco de mayor lucha de clases preanuncia no solo una extrema debilidad de gane quien gane sino la posibilidad de nuevas y más violentas convulsiones políticas.

Frente a la derecha y la complicidad del MAS, construyamos un Partido de las y los Trabajadores Revolucionario

Desde la LOR-CI, y ante este escenario cada vez más antipopular, hemos planteado la necesidad de levantar un programa de acción revolucionario, que ofrezca respuestas ante la situación económica y política, buscando avanzar en la organización y movilización de las y los trabajadores y el pueblo en la defensa de los derechos obtenidos pero también pensando en una salida de fondo, es decir anticapitalista y socialista.

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La situación nacional está poniendo de una manera descarnada la urgente necesidad de reagrupar las fuerzas que se reclaman socialistas y revolucionarias, que sobre la base de un profundo balance de lo sucedido con el llamado “proceso de cambio”, el papel del MAS en la desmovilización del movimiento de masas y en el empoderamiento creciente de la vieja derecha racista y neoliberal.

Llamamos a empezar a discutir como impulsar la construcción de esta herramienta política, para ponerla al servicio de la movilización, la autoorganización y la lucha para que la crisis la paguen los ricos y las clases dominantes, únicos responsables de la precaria situación económica actual.

Llamamos a impulsar esta alternativa socialista y revolucionaria, pensando no solo en las elecciones nacionales y sub nacionales que tenemos por delante sino fundamentalmente para ponerla al servicio de la lucha y la movilización callejera, única manera de alcanzar nuestras exigencias y demandas, sino también para evitar caer nuevamente detrás de las mentiras y demagogia del MAS y de nuevas variantes indigenistas y populistas que tenderán a emerger con la crisis del MAS. La lucha por la independencia política de las y los trabajadores es el punto de partida para la construcción independiente de una alternativa de fondo y desde abajo, es decir revolucionaria, a la crítica situación actual.