América Latina. Bolivia: golpistas se atribuyen dirección política de la marcha indígena

La conmemoración del aniversario de Santa Cruz, el 24 de septiembre, se convirtió en noticia gracias a la provocación montada por el clerical y reaccionario gobernador de este departamento, Luis Fernando Camacho, quien impidió que el vicepresidente y -ante el viaje a la ONU de Arce- presidente en ejercicio, David Choquehuanca, hiciera uso de la palabra durante los actos oficiales, para luego proceder a arriar la wiphala que había sido levantada por Choquehuanca.

El gesto racista sostenido por Camacho y las bancadas parlamentarias de CREEMOS así como representantes del Comité Cívico pro Santa Cruz, culminó con agresiones al dirigente de la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) afín al MAS, Iver Valenzuela.

Este “incidente” alentó manifestaciones de violencia en la plaza principal contra mujeres que exigían respeto por la wiphala y una movilización de interculturales a la ciudad de Santa Cruz que también exigió respeto a la misma.

Frente a este escenario el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que presentaría una denuncia penal contra Camacho y demás derechistas pero ésta fue suspendida a solicitud del mismo Choquehuanca señalando que hay que “pensar bien” ya que lo que busca es “evitar” agravar la polarización.

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Instrumentalización agroindustrial de demandas legítimas

La marcha indígena -autodenominada "Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia"- encabezada por Marcial Fabricano, por fuera de la estructura orgánica de los pueblos indígenas del oriente, exige el respeto a su territorio, a sus manifestaciones culturales y a las formas de autogobierno, garantizados por la CPE y por el convenio 169 de la OIT. Estas demandas, sin embargo, han sido formuladas de manera tan abstracta y general que no refieren concretamente a ningún hecho que pudiera ser susceptible de negociación con instancias estatales. Por este motivo, la movilización ha sido calificada -desde las organizaciones vinculadas al MAS- como una marcha política sin pliego concreto de demandas. En tal sentido han solicitado audiencias con el presidente Luis Arce, con los representantes del Tribunal Supremo Electoral, con el Tribunal Supremo de Justicia, así como con Michelle Bachelet de la ONU, para ver los mecanismos que permitan viabilizar estos derechos.

El carácter abstracto de las demandas, junto al énfasis puesto en enfrentar indígenas con interculturales, sin mencionar el papel reaccionario del empresariado agroindustrial en la extensión de la frontera agrícola y el desastre ecológico que provocan, ya es una fuente de problemas. Así mismo, la presencia de reconocidos derechistas en la movilización, como la religiosa Amparo Carvajal que utiliza su cargo como presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) para hablar de los derechos humanos al servicio de defender a los asesinos de noviembre del 2019, así como el fuerte sostén que ha brindado Camacho y reconocidos golpistas como el presidente del comité cívico, Rómulo Calvo, evidencian el esfuerzo derechista de ganar legitimidad en sectores populares instrumentalizando la movilización de sectores indígenas descontentos.

De esta manera la derecha golpista busca estatizar las organizaciones sociales de Santa Cruz, dividiendo a las que no pueden controlar. Así vemos cómo el movimiento indígena es tratado como si fueran los pongos de los agroindustriales, quienes en las últimas horas se han tomado la atribución de hablar en nombre de la marcha indígena y del Patujú [1], para oponerlo a campesinos interculturales y a la wiphala como su símbolo.

Ahora bien, no olvidemos que los campesinos interculturales son un sector social del campo que antes se los conocía como “colonizadores”. Es un grupo social heterogéneo conformado por campesinos acomodados que buscan extender parcelas que ya poseen mientras que los campesinos pobres, sin tierra, son utilizados como avanzada de la colonización. De esta manera, son las capas altas de este sector que imprimen la política del avasallamiento de territorios indígenas y son protegidos por el Gobierno del MAS.

En este marco, la polarización detonada por las provocaciones derechistas, dio lugar a que grupos de activistas en horas de la tarde del martes, pusieron la wiphala en el frontis de la gobernación de Santa Cruz. Este hecho fue calificado, en una conferencia de prensa por el secretario de la gobernación, como un acto “criminal” de reivindicación de la bandera indígena, mientras que los voceros de la marcha encabezada por Fabricano no se pronunciaron ante las provocaciones del gobernador Camacho ni sobre el ultraje a la wiphala que se viene produciendo en Santa Cruz por grupos semi fachos.

No hay salida al problema agrario, agroambiental y del territorio indígena de la mano de los agroindustriales

La marcha indígena apadrinada por lo más rancio de la oligarquía agroindustrial, se encuentra en un callejón sin salida, al privarse de la solidaridad no solo de campesinos pobres sin tierra -que son tratados como enemigos- sino también de las grandes mayorías asalariadas y urbanas que ven con desconfianza la presencia de Amparo Carvajal, Rómulo Calvo, Almaráz y otros golpistas en la misma. Pero, por otro lado, desde las organizaciones afines al MAS, disciplinadas a los dictados del Gobierno de Arce, tampoco hay un intento de cuestionar la gran propiedad agroindustrial, dirigiendo sus demandas a la ocupación y avasallamiento de territorios indígenas.

Lamentablemente todas las medidas para extender la frontera agrícola, alentando los criminales incendios, disque “controlados” por la agroindustria, son alentadas por el Gobierno del MAS que no solo que protegió sino que legalizó estas prácticas, conduciendo de esta manera a capas altas de interculturales a reproducir los métodos de avasallamiento sobre los territorios indígenas. Si algo en común tienen oficialistas y opositores es la convicción común de no tocar los intereses de la oligarquía agroindustrial.

Desde la LOR-CI consideramos que no hay salida progresiva al problema agrario ni al problema ecológico y menos al respeto de los territorios indígenas si no se cuestiona abierta y radicalmente la propiedad terrateniente y agroindustrial. Solo un programa audaz que impulse el control colectivo de la producción agroindustrial, por parte de las y los trabajadores, pobladores y pueblos indígenas, puede permitir que la misma se oriente al servicio de todos y no de un grupo de ricachones golpistas.

Pero para avanzar en este sentido es urgente y necesaria la unidad de pueblos indígenas con el movimiento campesino, al que hoy se enfrentan, junto con la clase trabajadora del campo y la ciudad, impulsando la autoorganización independiente y democrática. Solo la unidad desde abajo y contra los que desde arriba buscan enfrentarnos, puede sentar las bases para un gran movimiento obrero, campesino, indígena y popular; el único capaz de resolver la cuestión agraria y la cuestión nacional de los pueblos oprimidos sobre la base de oponerse a la voracidad de la oligarquía agroindustrial que hoy pretende encubrir afanes golpistas, en este caso, apoyándose en algunos dirigentes indígenas como Fabricano.

Aquí puedes ver una de las cartas enviadas por la representación de la marcha indígena, en este caso a David Choquehuanca:

Notas:
1. Flor que representa la bandera de los pueblos indígenas de tierras bajas, es decir, del Oriente boliviano.