Pese a lo conmocionante del caso, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof no habla. Pero ordenó a funcionarios y abogados de su ministerio trabajar en favor de los sospechosos. Hace dos meses Daiana apareció muerta en la comisaría de Laprida. Quienes debían cuidarla dicen que se ahorcó en una reja de menos de un metro de alto. “No tenemos dudas de que la mataron”, dice a La Izquierda Diario Antonella, su hermana. Paso a paso, el accionar de la Policía y sus cómplices.
Daniel Satur @saturnetroc
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Domingo 7 de agosto de 2022 20:14
¿Es creíble que una joven de 26 años se haya ahorcado dentro de una comisaría el día anterior a viajar con su pequeño hijo a otra ciudad, con proyectos y una familia que la esperaba? Eso intentaron, durante un mes y medio, hacerles creer a la familia de Daiana Soledad Abregú (y a la sociedad en general) la Policía Bonaerense, el Ministerio de Seguridad y parte del Poder Judicial.
Desde la misma tarde del domingo 5 de junio, cuando les informaron que Daiana había fallecido, la familia Abregú no dudó en que el personal de la Estación de Policía Comunal de Laprida estaba implicado en su muerte. Lo que no imaginaban entonces era la trama de ocultamiento y complicidad que se tejería para defender a la banda de uniformados.
Un relato grupal lleno de fisuras. La imposibilidad de la familia de ver el cuerpo de la joven. Una autopsia mal hecha. Pistas firmes que no se investigan. Testimonios claves que no se toman. Una nena que dice a sus amigos por WhatsApp que a Daiana la mataron con “una bolsa en la cabeza”. Un funcionario de Sergio Berni que se acerca a la familia, le miente y se borra. Un fiscal especializado en “violencia institucional” que estuvo inactivo durante 45 días. Y un pueblo de menos de diez mil habitantes que se conmociona, pero que no se sorprende.
“Apenas pasó lo de Daiana mucha gente se acercó a decirnos que en esa comisaría siempre pegan, que hacen lo que quieren porque están entongados”, dice Antonella Abregú en un extenso diálogo con La Izquierda Diario. “Ahí empezamos a dudar, a preguntar y a exigir”, afirma la hermana mayor de la joven de 26 años de cuyo crimen este viernes se cumplieron dos meses. Para conocer detalles del accionar histórico de esa comisaría se recomienda la cobertura del periodista Facundo Lo Duca para los sitios Cítrica, Lavaca y Perycia.
Lo que sigue es un abanico de preguntas y varios indicios para responderlas. Un informe especial basado en diversas fuentes. Y una conversación con la hermana de Daiana, quien responde a las provocaciones de los abogados de los policías Vanesa Núñez, Juliana Zelaya, Pamela Di Bin, Leandro Furh y Adrián Núñez, detenidos desde el 24 de julio luego de que una reautopsia pedida por la Comisión Provincial por la Memoria desarmara la coartada criminal. A los cinco se los acusa de “homicidio doblemente agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial”.
Presa fácil
A Daiana la detuvieron a las 7 de la mañana del 5 de junio por una contravención. A las 7:20, esposada, ingresó a la comisaría. A las 15:35 desde la comisaría llamaron al 107 pidiendo una ambulancia porque estaba muerta. ¿Qué pasó en esas ocho horas?
La noche del sábado Daiana se había ido a hacer un tatuaje. Después le avisó a su madre que se iba a un boliche con un amigo. A las 7 del domingo fue abordada en la esquina de Belgrano y Julio Costa por dos agentes (un varón y una mujer) que circulaban en patrullero. Con la excusa de que estaba ocasionando disturbios la redujeron , esposaron y subieron al móvil.
La llevaron al Hospital Municipal Pedro Sancholuz, donde la revisó el médico de guardia Diego Scabuzzo. El profesional declaró en la causa que Daiana “no presentaba ninguna lesión en su cuerpo” y agregó que, si bien estaba “nerviosa como cualquier detenido” y decía entre sollozos “que no quería ir presa”, se fue del hospital “sin problemas”, hablando “normal y sin dificultad”, ni excitada, ni agresiva.
Según las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal y del hospital, Daiana fue ingresada y retirada del nosocomio con las esposas puestas. Pero Scabuzzo la atendió sin ellas y cuenta que eso pasa cuando las personas detenidas “son tranquilas”. Si Daiana no representaba ningún peligro, ¿por qué estuvo siempre esposada salvo al momento de ser revisada?
Tras el chequeo médico la llevaron a la comisaría, distante a diez cuadras. A las 7:19 ingresó junto a los dos agentes. Esas imágenes captadas por las cámaras callejeras son, hasta el momento, las últimas en las que se la ve con vida.
“Se ahorcó con una campera”
A fines de julio, cuando ordenó la detención de los cinco policías, la jueza de Garantías de Olavarría Fabiana San Román reconoció que las únicas “referencias” de lo sucedido en el calabozo son el “acta de procedimiento” y los libros de registro confeccionados por los mismos uniformados. Una simple lectura de esos documentos debería haber generado, desde un principio, muchas sospechas en el Poder Judicial sobre el accionar policial. Pero eso no pasó hasta un mes y medio después.
Esa mañana Daiana era la única persona detenida en la comisaría. No se sabe si pidió hacer una llamada a su casa, pero como nunca pasaba tanto tiempo lejos de su hijo sin avisar, todo hace pensar que sí. ¿Se lo negaron? Lo cierto es que al mediodía se acercaron policías a la casa para avisarle a María Laura Abregú que su hija estaba detenida. Como ella pensó que la liberarían pronto, se quedó al cuidado de sus nietos. “No descarto que cuando fueron a avisarle Daiana ya estuviera muerta”, reflexiona Antonella.
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El “acta de procedimientos” de la Policía dice que los agentes Adrián Núñez y Juliana Zelaya inspeccionaron los calabozos a las 10, 12 y 14 horas. La imaginaria (cargo de quien custodia las celdas) Vanesa Núñez, luego de tomar su turno a las 13 quedó a cargo de cuidar a Daiana. Según el acta, también participó de la inspección de las 14. Una hora y media después, dicen, fue ella la que “encontró” muerta a la joven.
La versión policial agrega que Núñez llamó a la oficial subayudante Pamela Di Bin y ésta desató los nudos de la campera con la cual se habría ahorcado Daiana. También que le hicieron maniobras de resucitación mientras la sargento Zelaya pedía una ambulancia al 107 y llamaba al móvil de calle en el que viajaba el oficial Leandro Furh para que volviera a la comisaría. Furh también le habría practicado RCP a Daiana.
La familia tampoco cree que la hayan encontrado muerta sin percatarse siquiera de su agonía. Sobre todo cuando Di Bin asegura que ingresaron dos veces al calabozo para “tranquilizar verbalmente a la detenida” que “raspaba la pared con unas piedras que extrajo” del revoque de los muros.
“Supuestamente Vanesa Núñez, desde su puesto, sólo podía verle los pies a Daiana. Pero si es cierto que estaba alterada y rompiendo paredes, ¿cómo puede ser que poco después se haya ahorcado sin que escucharan nada?”, se pregunta Antonella. “Si una persona se está ahorcando cerca tuyo, ¿no vas a escuchar ni ver nada? Alguna mínima reacción del cuerpo tuvo que haber. Es lo primero que mi mamá empezó a plantear cuando los policías le dijeron lo que había pasado”.
Entre las 15:30 y las 16 llegó a bordo de la ambulancia del hospital municipal el médico Omar Baquini. En el parte que lleva su firma dice que estuvo veinte minutos intentando resucitar a la joven, pero a los familiares les diría que fueron cuarenta minutos. Es decir que si los policías y el médico no mintieran, a Daiana intentaron reanimarla al menos cuatro personas durante casi una hora. Poco creíble.
¿A qué hora murió Daiana?
Recién a las 18 la Policía fue a avisarle a la familia que la chica se había “suicidado”. Antonella dice indignada que “la comisaría queda a cinco cuadras de la casa, no pueden tardar tres horas en avisar, ahí se conocen todos”. Y recuerda, además, que el comisario Christian Barrios es nada menos que primo hermano de su padrastro.
Además de tardar en avisarles, la Policía le impidió a la familia ver el cuerpo de Daiana. Su hermana cuenta que Marcelo Amaya, el otro comisario a cargo, le negó a la madre ingresar a la comisaría con la excusa de que ésta había sido “intervenida”, lo cual no era cierto. Amaya llegó a decirle a la mujer que era preferible no ver a su hija y “quedarse con el mejor recuerdo”.
Las versiones de los agentes impiden asegurar en qué momento realmente murió Daiana. Sin embargo, durante casi cuarenta días Juan Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Institucional de Azul a cargo de la investigación, tomó como veraz el amañado relato policial. La propia jueza San Román escribió, tras el resultado de la reautopsia, que “llama la atención la inacción del Ministerio Público Fiscal” durante un mes y medio.
La magistrada cuestiona que Calonje no les haya tomado declaración testimonial al médico Baquini ni al enfermero y al ambulanciero que lo acompañaron. Tampoco a los médicos de la Policía Científica que intervinieron después. Ni al resto del personal de la comisaría. Tan es así que no hay registro de qué temperatura, color y rigidez tenía el cuerpo de Daiana al momento de firmarse oficialmente su defunción.
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Macabro
Daiana estaba muerta y su familia, atravesada por el dolor, comenzó a preguntar. “Eran muchas mentiras juntas”, dice Antonella. Los policías le decían a su mamá que Daiana estaba “en un estado de alteración importante” y que “no la podían controlar”. Ella les preguntó “¿entonces por qué no la llevaron a Salud Mental del hospital o llamaron a un médico para que le diera un tranquilizante?”. No le respondieron.
“La gente empezó a decirnos que teníamos que pedir explicaciones porque ‘en la comisaría siempre que vas te pegan, hacen lo que quieren’. Entonces ahí empezamos a preguntar”, cuenta la mayor de las hermanas. Preguntas sin respuestas y un devenir de acciones y omisiones que sólo pueden catalogarse de macabras.
Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, sin informar a la familia, el cuerpo fue trasladado a la Asesoría Pericial de Azul (a 150 kilómetros) para hacer la autopsia. Alertados por un periodista local, los familiares exigieron que los lleven allí. “Nos prometieron llevarnos, queríamos ver el cuerpo. Los comisarios Amaya y Barrios nos aseguraron que no se iba a hacer nada hasta que lo viéramos”, dice Antonella (que había viajado desde La Plata).
Esa mañana ella y su madre salieron hacia Azul en un móvil aportado por la Bonaerense. “Pero a poco de arrancar el policía que nos llevaba recibió una llamada en la que le decían que la autopsia ya había empezado y que no nos iban a recibir”, recuerda. Volvieron a la comisaría y les dijeron que ellos ya no intervendrían en el caso, que ahora todo lo haría la Policía Federal.
“Nos habían estado mintiendo todo el tiempo. El mismo jefe que nos dijo que ya no pasaba nada por ellos, a la hora y media fue a la casa de mi mamá a contarnos cómo murió Daiana. Éramos como treinta familiares, mi sobrinito incluido, cuando lo escuchamos decir que la autopsia había determinado que murió ahorcada con su propia campera”, recuerda Antonella.
Por si fuera poco, la familia recibió la “oferta” de la propia Policía de hacerse cargo del costo del sepelio. Un modus operandi financiado con los llamados “gastos reservados” o, en su defecto, a través de un aporte de los mismos comisarios. “¿Tienen plata para el velorio?”, les preguntó el policía. “No, no teníamos pensado velar a nadie”, le respondieron. “Quédense tranquilos, corre por nuestra cuenta”, dijo el hombre.
Cuerpo que habla
El sepelio de Daiana fue, además de doloroso, otra fuente de preguntas para su familia. “Todo pasó muy rápido”, dice Antonella en referencia al tiempo transcurrido entre la autopsia y la entrega del cuerpo en la casa velatoria de Laprida. “Además nos dijeron que el cuerpo había llegado muy ensangrentado, pero para las cinco de la tarde mi hermana ya estaba en el cajón maquillada”.
Entre las 18 del lunes y las 9 del martes mucha gente fue a despedirla. En medio de la madrugada, Antonella y otra hermana quedaron solas frente al cuerpo. “Cuando pasó un poco el shock empezamos a verle varios moretones en la muñeca, calculamos que era por las esposas. Pero después le vimos la nariz, que la tenía muy torcida, y como no la pudimos ver antes no sabíamos si era por la autopsia o por golpes”.
Decidieron ver un poco más retirando parte de la ropa. “Ella tenía un tatuaje en el cuello, la palabra Actitud, que estaba intacto, sólo había unas rayitas como si fuera un rasguño; en el cuello no había nada que llamara la atención, estaba limpio”, agrega Antonella. Semanas después, con los resultados de la reautopsia, sabrían que los tejidos internos también estaban intactos. Nada que explicara un ahorcamiento.
El cuerpo de Daiana estuvo desde el 7 de junio al 13 de julio alojado en un depósito del cementerio municipal, con empleados administrativos y serenos como únicos e involuntarios custodios. Un sitio que ni siquiera estaba refrigerado. “No sabíamos que iba a quedar ahí, en ese lugar abierto y al alcance de cualquiera”, dice Antonella con los ojos vidriosos.
Un día los llamó un empleado del cementerio. Necesitaban que fuera algún familiar porque tenían que mover el cajón. Otros cuerpos esperaban ser alojados junto a él. “Ahí nos enteramos que nunca la llevaron a una cámara, no lo preservaron, para mí querían que se pudriera”, afirma con bronca la hermana de Daiana.
Giribaldi y los abogados
Otro dato significativo que delata el encubrimiento que ya estaban pergeñando sobre el caso es la sospechosa presencia en Laprida de Julio Giribaldi, director provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense. El funcionario de Sergio Berni se hizo presente en el pueblo al día siguiente de ocurrida la muerte de Daiana.
“Estuvo una semana, hablando con todos, con el intendente, en la comisaría, incluso fue a una de las marchas, nos dijo que nos quedáramos tranquilos”, sostiene Antonella a La Izquierda Diario. Agrega que Giribaldi les contó que vio los videos de las cámaras de seguridad y que la Auditoría de Asuntos Internos “ya estaba trabajando en eso”, pero no movió un dedo para que la familia pudiera ver esas imágenes.
Cuando le preguntaron qué pasaría con los policías, Giribaldi les aseguró que ya estaban “separados”. Pero no era verdad. Hasta el momento de las detenciones varios de ellos cumplían tareas en otras jurisdicciones.
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El 15 de julio, cuando se conocieron los resultados de la reautopsia, Antonella le envió varios mensajes por WhatsApp a Giribaldi. “Me clavó el visto y no me volvió a escribir. Hace unos días le mandé un mensaje preguntándole por qué los abogados del Ministerio defienden a los policías y nunca me contestó”, relata indignada.
¿Por qué, con una celeridad pocas veces vista, al día siguiente de los hechos Berni envió a Giribaldi a instalarse varios días en Laprida y “pegarse” a la familia para “tranquilizarla”? ¿Qué acordó el funcionario en las reuniones que tuvo con el intendente peronista Pablo Torres y con los comisarios Amaya y Barrios? ¿Por qué apenas conocida la nueva autopsia dejó de hablar con la familia?
Mientras Giribaldi se alejaba de Laprida y dejaba de tener contacto con la familia, Berni le ordenó a los abogados del Ministerio que asumieran la defensa de los policías. Actualmente Pamela Di Bin y Juliana Zelaya son defendidas por Rubén Aquila, Vanesa Cuccaro, Sergio Suárez Berg y María Etcheves Lavie, todos empleados del gobierno provincial, quienes a su vez coordinan la estrategia defensiva con Adrián Fernández (defensor de Adrián Núñez), César García (abogado de Vanesa Núñez) y posiblemente también con la defensora oficial María Kelly (abogada de Leandro Furh).
La aparición de Caminada
El 13 de junio autoridades policiales le informaron a Sergio Roldán, abogado de la familia, que los comisarios Barrios y Amaya habían sido “desplazados” de la comisaría “con nuevo destino”. Una semana después de los hechos, tras cumplir con las primeras tareas de encubrimiento, fueron enviados a otra zona. Otro tanto se hizo con los uniformados más comprometidos en el caso. Hasta que el 28 de julio, un mes y medio después, Berni mandó a “intervenir” la comisaría y “desafectar” a todo el personal.
¿A quién puso el ministro en lugar de los comisarios Barrios y Amaya? Nada menos que a Aldo Caminada, el superintendente de la Región Sur de la Policía Bonaerense.
Tal vez en Laprida nadie conozca a Caminada. Pero quienes sí lo conocen son los familiares de Facundo Astudillo Castro. Como relató este diario en 2020, ese jerarca de la Bonaerense fue un actor clave en la trama de encubrimiento de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro. Oh, casualidad.
Se cae la coartada
El 9 de junio, durante la primera movilización que se realizó en Laprida por Daiana, la familia se encontró con una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) encabezada por la abogada Margarita Jarque. Ese mismo día se hizo cargo de la causa el fiscal Calonje y la CPM, por ser Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional.
Ese organismo llegó al caso a través de información periodística y de personas de la región que se contactaron. “Siempre estamos atentos a los casos de muertes en contexto de encierro. Los llamados ‘suicidios’ son una cifra importante en el último año y durante la pandemia”, aseguran desde el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel.
Los peritos médicos de la CPM identificaron que la primera autopsia, realizada por la médica Claudia Ochoteco de la Asesoría Pericial de Azul, “carecía de todo rigor metodológico”. Además no se había aplicado el Protocolo de Minnesota. Es decir, sus conclusiones no eran nada confiables. El Protocolo de Minnesota es el instrumento jurídico-científico sugerido por la ONU en casos de muertes violentas bajo custodia del Estado.
La CPM le pidió a Calonje una reautopsia, con intervención de peritos de parte, para despejar toda duda. Pero el fiscal se negó. Elevaron entonces el pedido al fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, y a la jueza San Román, que indicaron a Calonje que haga caso a esa solicitud. ¿No es más que curioso que quien tiene la obligación de investigar la “violencia institucional” sólo acepte hacerlo cuando se lo ordenan de arriba?
Las gestiones para conseguir otro departamento judicial en el que hacer la nueva autopsia corrió por cuenta de la propia querella. Finalmente, 38 días después de muerta Daiana, su cuerpo fue trasladado a la Asesoría Pericial de La Plata, donde María Noms, Claudia Becerra y Rubén Neme, junto al perito de la CPM Mariano Salgado, analizaron el cadáver.
Recién con el informe de la reautopsia en la mano el fiscal Calonje pareció convencerse de que no podía seguir sosteniendo la versión de la Policía y que parte de los uniformados debían ser procesados y detenidos.
Asfixia sí, ahorcamiento no
En referencia a la primera autopsia, el informe de la segunda pericia resalta que en el cuello de Daiana no se habían realizado exámenes en profundidad para determinar las causas de la muerte. Y que la hipótesis del ahorcamiento debía quedar descartada, ya que en el cuello no había “surco” que hiciera pensar que una campera pudo haberlo apretado hasta producir el deceso.
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Tanto externa como internamente, el cuello carecía de lesiones o traumatismos. El hueso hioides (que se quiebra si hay ahorcamiento) también estaba intacto. A su vez, en los pulmones se hallaron indicios claros de que la muerte fue por asfixia y que la agonía duró un tiempo más prolongado del que hubiera tardado si voluntariamente se hubiera colgado con intenciones de morir.
Contradicciones
Hace casi dos semanas, tras ser detenidos, los cinco policías declararon ante el fiscal Calonje. Las fisuras de la coartada aparecieron apenas empezaron a hablar. Por caso, Vanesa Núñez y Juliana Zelaya reconocieron sus firmas al pie de las actas de procedimiento, pero confesaron que los hechos no fueron como allí se describen.
La imaginaria y la ayudante de guardia negaron que a las 14 de ese domingo se haya inspeccionado el calabozo. Y Zelaya agrega que puso otra cosa en el acta por orden de la segunda jefa de la comisaría, Karina Couchez. Sin embargo, el oficial inspector Adrián Núñez dijo que él sí inspeccionó el lugar a las 14 y que lo hizo acompañado de ellas dos. ¿Quién miente? Mienten todos.
“Otro elemento de convicción tiene que ver con las rejas del calabozo donde supuestamente se colgó Daiana. La base de la ventana no llega al metro de altura y de ahí salen barrotes de apenas 80 centímetros de alto. Daiana medía 1,65. No da la impresión de que pudiera haber quedado colgada ahí”, dicen en la CPM.
Los policías también se contradicen sobre los nudos que supuestamente tenía la campera. Unos dicen que eran dos y otros que eran tres. Algunos mencionan a otros policías que habrían estado esa mañana en la sede policial, pero otros niegan haberlos visto.
Por si fuera poco, Vanesa Núñez confirmó que borró de su teléfono mensajes y archivos de ese domingo. Eran conversaciones con parte de su familia y con su novio. Cuando le preguntaron por qué lo hizo respondió: “no quería recordar nada de ese día”.
El audio de una niña
Si bien la reautopsia fue determinante, desde un mes y medio antes el fiscal ya contaba con indicios de que podía tratarse de una muerte por asfixia a manos de los policías. Por un lado, no podía desconocer el historial de esa comisaría, con testimonios que abundan sobre las torturas habituales, entre ellas el “submarino seco”.
Pero además, una semana después del crimen se “viralizó” un audio de una nena de once años enviado el domingo 12 de junio a través de un grupo de WhatsApp. Allí dice en voz baja: “mi papá trabaja en el hospital, y lo que informó Andreatta, que es el jefe del Hospital, es que ella no murió ahorcada, que no se ahorcó ella, sino que la asfixiaron con una bolsa en la cabeza. Se dice que a la gente que está medio alterada o algo, cuando la meten presa, le ponen una bolsa en la cabeza para tranquilizarla y acá se pasaron de vuelta y la mataron”.
Calonje supo de ese audio al menos desde el 14 de junio, cuando una mujer se presentó en la Fiscalía y avisó de su existencia. El padre de la nena luego diría en sede judicial que nunca habló del tema en su casa. Pero para la familia de Daiana, en el audio la chica suena genuina y convincente.
Desde la CPM afirman, además, que “son muy importantes las declaraciones de la madre y del padrastro de Daiana, que desde el principio dieron una descripción de ella alejada de cualquier tendencia suicida”. María Laura y Roberto dijeron que, pese a tener luces y sombras como todo el mundo, pese a haber sufrido violencia de género de su expareja, Daiana y su hijo tenían muchos proyectos. “Todo eso estuvo en la causa desde el minuto cero”, afirman.
“La Negra era recopada, muy compañera”
Antonella vive con su compañero y sus hijos en el barrio Hernández de La Plata, a pocas cuadras de la casa de su abuela materna. “Toda la familia es de acá, pero como Roberto es de Laprida, hace unos doce años se fueron para allá con mi mamá, mis seis hermanas y mis tres hermanos; la Negra era la quinta de los diez”, dice. Roberto Arias es la pareja de María Laura y padre de los cuatro hijos menores.
Con 29 años, Antonella es la mayor. Cuando la familia migró al sur bonaerense (450 kilómetros de distancia) ella decidió quedarse con la abuela y seguir estudiando. Hoy recuerda que Daiana se había querido poner el apellido Arias, ya que “a Roberto lo quería como si fuera su papá. No pueden salir a decir que él abusó de ella. Sí tuvo problemas con el papá del nene, pero con Roberto no”.
¿Cómo te enteraste de la muerte de Daiana?
¿Qué pasó allá?
¿Qué pensás de lo que dijeron para justificar un “suicidio”?
¿Cómo la recordás?
¿La querían en el pueblo?
¿Pensabas que la Policía podía llegar a hacer algo así?
¿Pensás que es un caso “aislado”?
¿Si no se hubieran movilizado, se habría detenido a cinco policías?
¿Cómo sigue esta lucha?
Gente pesada
El último martes Sergio Berni estuvo en Crónica HD con Chiche Gelblung. Allí dijo que “hay un gobernador que ha priorizado la seguridad por encima de toda la gestión, que ha hecho inversiones millonarias en tecnificación y profesionalización”. Ni en ésa ni en otras entrevistas el caso de Daiana Abregú fue siquiera mencionado.
Pero la joven de 26 años murió en una comisaría cuyos calabozos sucios e inhabitables estaban clausurados para el alojamiento de detenidos, como cientos en toda la provincia. Los “profesionales” a cargo de esa seccional, de los que se jacta Berni, trucharon actas. Sin embargo, abogados del Ministerio los defienden.
Si la máxima autoridad hace eso, no es extraño que los abogados privados de algunos policías redoblen la apuesta. Como los doctores César García y Adrián Fernández, que ante medios nacionales no dudaron en atacar a la víctima y su familia.
García defiende a la oficial Vanesa Nuñez. Para él, los cinco detenidos son “todas personas de bien de Laprida, que lo único que hicieron es hacer su trabajo e inclusive tratar de reanimar a la joven”.
Fernández defiende al oficial Adrián Núñez. Para él Daiana era una “paciente psiquiátrica” que se había querido suicidar varias veces, que había sido abusada por su padrastro y que “los familiares que están encabezando las marchas no dicen la verdad”. De paso, acusa a la Comisión Provincial por la Memoria de “meterse en estas causas por negocio”. Y reconoce estar “haciendo un trabajo conjunto con la asesoría letrada del Ministerio de Seguridad”.
No es un dato menor que Fernández también defienda a los policías que en noviembre de 2021 mataron a Alejandro Martínez en San Clemente. “Acá vamos a defender a los policías hasta las últimas consecuencias”, sentencia mirando a cámara. Desde La Plata, probablemente, Berni lo escuche y sonría.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).