Desde el pasado viernes 10 y lunes 13 de junio, la indignación sacude a la comunidad del pueblo originario Yukpa, y a todos los que nos solidarizamos con su lucha de años contra el latifundio usurpador y la impunidad de clase.
Jueves 23 de junio de 2016
A los familiares de las víctimas se les ha informado que el caso que condenaría a los asesinos intelectuales de los hermanos Fernández Fernández (Alexander, José Luis y Cristobal) y del líder Yukpa Sabino Romero, está cerrado desde la condena en 2015 de cinco de los responsables materiales de estos crímenes.
Sabino Romero representaba el sector de indígenas yukpa que se negaba a aceptar las míseras condiciones que le ofrecían los ganaderos y el Estado. Sus tierras fueron usurpadas por hacendados y ganaderos a principios del siglo pasado, a punta de violencia y asesinatos, en total complicidad con el Estado y el gobierno de esas épocas. Los ganaderos y terratenientes de la Sierra de Perijá hoy siguen contando con la complicidad del Estado y el gobierno. En su lucha por recuperar sus tierras y territorio, se negaba a aceptar la demarcación que querían imponerles, donde los ganaderos y hacendados se reservaban las mejores tierras, y dejaban a los pueblos originarios terrenos sin ningún futuro. Es la misma lucha que también llevaban a cabo los hermanos Fernández Fernández de la comunidad Yukpa.
Según consta en el comunicado de Sociedad Homo et Natura que circula desde el lunes y que puede leerse íntegramente acá; la viuda de Sabino Romero, Lucía Martínez Romero, y Ana María Fernández Fernández, hermana de Alexander, José Luis y Cristóbal Fernández Fernández asesinados los dos primeros por sicarios pagados y el ultimo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Machiques “visitaron el día jueves 12 de mayo de 2016 a la Fiscalía adscrita a la Dirección General de Acción Procesal, de nuevo se fue a buscar información el viernes 10 de junio y (hoy) lunes13 nos informa que este caso está cerrado, porque están presos los asesinos”.
El mismo comunicado detalla que han sido destituidos todos los fiscales del Ministerio Público y abogados que se comprometieron frente a los familiares de las víctimas a extender la condena a los autores intelectuales de estos crímenes, con plazos “para el tercer juicio” –inclusive con fecha para finales del 2015–. Los mismos avanzaron en la investigación al punto en que “se acordaron los nombres de los ganaderos y funcionarios del grupo GAES de Machiques ya señalados en el expediente” lo cual evidencia que se procede a cerrar el caso con el deliberado propósito de garantizar la impunidad contra estos terribles crímenes.
Y finaliza con la exigencia a la justicia a que nos den a conocer “dónde están los GNB que asesinaron a Cristóbal y cuándo se efectuará el juicio” contra el resto de los asesinos identificados, como también el plazo para la orden de captura para los asesinos intelectuales y materiales que siguen en libertad. Se prevé que en los próximos días se estarán develando mayores detalles del caso.
La “Justicia” como garante de la Impunidad de clase
El asesinato de Sabino fue sin duda un horrendo crimen político y de clase, vaticinado por toda una cadena de eventos, como los 8 asesinatos previos contra la comunidad originaria Yukpa, desde el 2008 hasta marzo de 2013, y el secuestro de Sabino por 15 meses por efectivos de la policía del CICPC.
Mientras el gobierno nacional profería vacías promesas de demarcación del territorio, las instituciones se encargaban de silenciar (y denigrar) el reclamo histórico de los pueblos originarios por sus territorios. En los hechos estuvieron de espaldas (como cuando Maduro se negó a recibir a los Yukpa), o más exactamente, en la acera de enfrente, del lado de los ganaderos.
En la edición número 31 de En Clave Obrera, decíamos que “Sólo una comisión investigadora con total independencia frente al Estado puede llegar hasta el final”, y los hechos, lamentablemente, nos terminan demostrando que no nos equivocábamos.
Por eso cuando el pasado viernes 14 de agosto de 2015, se dictara sentencia contra Ángel Romero, alias “Manguera”, a la pena máxima (30 años) por el asesinato del Yukpa Sabino Romero, la acogimos como una conquista parcial y legítima para los familiares de las víctimas y decenas de movimientos y organizaciones solidarias con la causa de los pueblo originarios, mientras al mismo tiempo bregábamos por seguir la pelea sin bajar las banderas hasta que se condenara firmemente a los autores intelectuales.
Dicha conquista parcial no era para nada cosa menor, era la primera vez que en el país se castigaba al asesino de un miembro de las comunidades originarias. Esta vez, claro, se trató de un líder Yukpa con la relevancia que cobró Sabino con su lucha, mientras que el resto de los hostigamientos militares y paraestatales, desplazamientos forzosos, y asesinatos ocurren impunemente y a las sombra de la opinión pública, tanto en la Sierra de Perijá como en el suroriente del país.
Con todo, es precisamente este avance parcial lo que el cierre del caso intenta empañar con su dosis letal de impunidad para los asesinos intelectuales que siguen libres y envalentonados, como cuando antes de dictada dicha sentencia se amenazaba de muerte “(si) condenaban al Manguera” a la activista Maite García (leer acá).
La lucha contra la impunidad sigue siendo tarea de una comisión independiente del Estado y del gobierno
Mientras el Ministerio Público decide cerrar el caso contra los autores intelectuales de estos horrendos crímenes a pueblos originarios, de clase (y políticos), aún seguimos desconociendo el paradero del dirigente comunitario Alcedo Mora, y exigiendo su inmediata aparición con vida. Al mismo tiempo señalamos que son cada vez más los casos donde prima impunidad de clase contra los autores intelectuales de las nefastas prácticas de sicariato patronal, como el perpetrado en 2007 en Aragua contra los dirigentes de la UNETE Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena.
Y si a eso vamos, la cosa se agrava cuando se trata de la impunidad policial en el país, que según señalaba el organismo PROVEA “entre 2008 y el primer Trimestre de 2009, de 10,103 denuncias hechas por víctimas… cometidos por la policía, solo en 10 casos hubo condena. Entre 2000 y 2009, hubo más de 43.300 casos de este tipo denunciados”.
Al tomar la decisión arbitraria de cerrar el caso, de espaldas de los familiares de las víctimas que aún exigen justicia, el Ministerio Público le garantiza impunidad y tranquilidad a los ganaderos y terratenientes que impusieron un régimen territorial de terror contra el pueblo Yukpa. A su vez, se amparan en su poder de clase, su dinero e influencias, que instrumentalizaron para encargar el asesinato de un líder indígena. Hoy pueden descansar tranquilamente gracias a la Fiscalía General y la justicia burguesa, que les ha regalado la paz a sus vidas.
Por todo lo dicho, es pertinente que las organizaciones de DD.HH, familiares de las víctimas, movimientos y organizaciones solidarias con la histórica lucha de los pueblos originarios por sus territorios y contra la impunidad de que son víctimas, nos manifestemos en rechazo al cierre de este caso, y prosigamos en la lucha hasta ver castigados a todos los responsables materiales e intelectuales de todos los crímenes mencionados y ver resarcidas las demandas fundamentales de los pueblos originarios.
