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HISTORIA ARGENTINA // TRIBUNA ABIERTA. Conflictos obreros y lucha de clases durante el primer peronismo (parte 2)

Martes 28 de julio de 2015

Nota relacionada: Conflictos obreros y lucha de clases durante el primer peronismo

1950: BAYER INTERDICTO

En octubre de 1949, cuando hacía cuarenta meses que la fórmula Perón-Quijano se había hecho cargo del gobierno nacional, los trabajadores de los surcos y de los ingenios azucareros, conducidos por la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera), declararon la huelga general reclamando aumento de salarios y una mejora ostensible en las condiciones laborales.

El paro fue total y constituía la culminación de una larga etapa de luchas entabladas en junio de 1948 y febrero de 1949 contra una patronal y un gobierno que se negaban a satisfacer sus legítimas reivindicaciones.

Perón respondió —¡una vez más!— declarando ilegal la huelga, y la CGT, también consecuente, intervino la organización.

En las primeras horas de la mañana del 27 de octubre de 1949, los locales de la FOTIA fueron clausurados por la policía, que dejó custodias permanentes para impedir el acceso. Naturalmente la obsecuente dirección de la CGT, en actitud absolutamente servil hacia las autoridades, envió a los jerarcas Ferrari, Berón y Brown para intervenir el sindicato. La represión entonces se hizo feroz. El 28 de noviembre, cuando la resistencia obrera había superado el mes, en los calabozos de la policía, ubicados en la Casa de Gobierno provincial, fue torturado y asesinado el obrero gastronómico Carlos Antonio Aguirre, que era tesorero del sindicato de Mozos de Tucumán. En alguna de nuestras próximas entregas vamos a hablar in extenso de este episodio que hacia fines de la década del cuarenta conmovió profundamente a los trabajadores tucumanos.

La huelga azucarera, pese a la violencia estatal, se prolongó por espacio de 46 días y, como en el caso de los mozos, contó con la adhesión de otros sindicatos que desafiaron el miedo y la represión.

El presidente Perón, sorprendido por la combatividad de los trabajadores que no se dejaron amilanar ni por los palos ni por las torturas, calificó la huelga como “provocación política realizada por agitadores profesionales”, pero finalmente decidió conceder parte de los aumentos reclamados. El estado de tensión en Tucumán continuó sin embargo durante mucho tiempo. Las cárceles se llenaron de presos comunistas y, también, de presos peronistas que aborrecían a los burócratas y bregaban por una justicia social íntegra.

Bayer en la lista negra

En marzo de 1950 se declararon en huelga los obreros municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Como en todas las oportunidades anteriores, el movimiento fue declarado ilegal y, en medio de una fuerte actividad represiva, se aplicó los artículos 249, 255 y algunos otros del Código Penal. La policía detuvo a muchos trabajadores por “actividades subversivas” a los que se torturó en la “Sección especial” de la calle Urquiza, en los altos de la Seccional 8ª de la Policía Federal, frente al Hospital Ramos Mejía. Esta tétrica repartición había sido creada en 1931 por el comisario Leopoldo “Polo” Lugones (1897-1971) durante la dictadura del general José Félix Uriburu, y alcanzó sus mayores picos de crueldad durante la presidencia de Perón. Lugones también había introducido en la “especial” la llamada “picana eléctrica”, instrumento de tortura que se sigue aplicando hasta el día de hoy.

Dos meses después, los obreros marítimos, absolutamente cansados de las tramitaciones infructuosas, fueron a la huelga por aumentos de salarios y otras reivindicaciones. El paro, por supuesto, fue declarado ilegal.

La CGT, de nuevo en una actitud absolutamente seguidista, emitió una declaración que decía, entre otras cosas: “…deben, pues, los trabajadores marítimos desoir la voz de quienes los incitan a un paro condenado desde ya al fracaso más absoluto”.

Además, como el gremio marítimo no estaba afiliado a la CGT, el propio Ministerio de Trabajo le envió a la Confederación General de Gremios Marítimos (CGGMA) un duro mensaje concebido en estos términos:

“En cumplimiento de una orden del excelentísimo Señor Presidente de la Nación, general Perón, le expresamos a usted que la CGGMA carece de personería moral, por cuanto se halla al margen de la organización general que incluye a todos los trabajadores del país, bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Previsión y de la política de justicia social implantada por el gobierno nacional”.

La huelga fue quebrantada y solo diez meses después los trabajadores obtuvieron parte de los aumentos reclamados.

Entre los huelguistas se encontraba un joven de 23 años llamado Osvaldo Bayer. El gran historiador, en el libro “Osvaldo Bayer íntimo, conversaciones con el eterno libertario”, que apareció en el año 2007 por iniciativa del periodista Julio Ferrer, se refiere a aquel paro en el que participó:

“En la huelga marítima del ’50 se dejó cesantes a centenares de trabajadores, incluyéndome. La huelga había sido votada democráticamente en una asamblea supervisada por los propios inspectores de Trabajo y Previsión. Me pusieron en una lista negra y no pude navegar más”.

Otras luchas

Días después de la huelga marítima, pararon los trabajadores de los frigoríficos de Avellaneda, Berisso, Zárate y Rosario.

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, en un comunicado emitido para explicarle a la opinión pública las motivaciones de su lucha, señaló que “esta actitud de la Federación está motivada por la obstinada oposición de las empresas frigoríficas en avenirse a discutir problemas de trascendental importancia para los trabajadores, algunos de los cuales hasta tres años de espera tienen ya. La permanente obstrucción y negativa patronal a las gestiones obreras en todos los problemas ha venido creando en el gremio un clima de natural inquietud, que no ha culminado en estado de fuerza con antelación por la tolerancia extremada de los representantes de los trabajadores, en su afán de mantener pacificada la industria en beneficio de los intereses del Estado. Así se han venido acumulando infinidad de problemas, algunos de ellos que se cuestionan desde la vigencia del convenio de noviembre de 1946”.

Estas razones de la huelga, enunciadas como se puede observar con escrupulosa cautela, no impidieron que el Ministerio de Trabajo declarara “que en razón de haber sido declarado ilegal el movimiento huelguístico, se encuentran paralizadas todas las tratativas hasta la normalización de las actividades”.

En este caso específico debió pasar mucho tiempo todavía hasta que los trabajadores de los frigoríficos obtuvieran algún incremento salarial.

En agosto de 1950, los obreros de la construcción del Gran Buenos Aires pararon 48 horas, desbordando plenamente la dirección sindical, para obligar a la patronal a apresurar los trámites de un aumento de salarios. La primera consecuencia fue la expulsión del sindicato de los líderes de la huelga considerados como “provocadores al servicio de una potencia extranjera” (una expresión, dicho sea de paso, muy en boga en aquellos días de auge del maccarthismo y cárceles repletas de presos políticos, cuando Perón, dejando atrás su enfrentamiento de 1945 con el embajador de los Estados Unidos Spruille Braden, trataba a toda costa de congraciarse con los norteamericanos que vivían una de las etapas más duras de la guerra fría y estaban pendientes del conflicto coreano y obsesionados por lo que consideraban la expansión del comunismo).

En otros gremios pasó lo mismo y, no obstante las condiciones adversas, los trabajadores no cejaron en sus luchas por obtener una auténtica justicia social, enfrentando a la patronal, el gobierno y los jerarcas gremiales.

En setiembre de 1950 los empleados bancarios recurrieron a la huelga debido a la inoperancia y traición de los dirigentes de la Asociación Bancaria, reclamando en la emergencia aumentos de sueldos y la promulgación del estatuto del gremio.

Los asalariados rebeldes de ese sector se nuclearon alrededor del Movimiento Popular Bancario, donde predominaban los comunistas, aunque también había otros sectores de izquierda, inclusive peronistas.

Una transcripción de los comunicados del gobierno y de la CGT demuestra el grado de insensibilidad y falta de respeto hacia el derecho de huelga.

Un ejemplo. Los burócratas de la Asociación Bancaria declararon:

“Los paros efectuados sobre la base de supuestos pedidos de mejoras no responden en absoluto al sentimiento sindical que anima a los auténticos hombres del gremio”.

Por su parte, la CGT, en otro de sus arranques de incondicionalidad hacia el gobierno, declaró:

“Una vez más la población se ha visto sorprendida por un movimiento perturbador que, bajo el disfraz de pretendidas reivindicaciones gremiales, esconde el propósito de crear un conflicto artificial de raíces evidentemente políticas y con vinculaciones foráneas”.

Por último, el Ministerio de Trabajo, en su consabido decreto de ilegalización, declaró que “es evidente que los promotores de ese movimiento responden a directivas y objetivos que no se identifican con los auténticos intereses profesionales, cuya obtención y defensa están a cargo de la entidad gremial… Que en esas condiciones corresponde declarar la ilegalidad del movimiento, debido a la actitud del personal de abandonar sus tareas, y por lo tanto deja de existir el derecho a la estabilidad consagrada por la ley 12.637” .

En este clima, todo el peso del aparato corporativo se volcó para aplastar la huelga: fueron cesanteados 1200 empleados y detenidos más de 200. Pese a este trato, varios meses después el gobierno autorizó un aumento salarial. Aumento que no satisfizo a los trabajadores, pero ya los sectores más combativos habían sido doblegados.

SÍNTESIS DE HUELGAS ENTRE 1947 y 1954

La CGT pasó a depender brutalmente del Estado y de Perón cuando alrededor de 1948 fueron desplazados definitivamente aquellos dirigentes obreros que habían militado en el Partido Laborista, es decir la estructura política que en las elecciones del 24 de febrero de 1946 había coadyuvado a catapultar al peronismo al poder.

Algunos consideran que ese desplazamiento fue la génesis de la burocracia sindical peronista que se fue consolidando con el correr de las décadas.

Esta es una nómina muy parcial de las huelgas desarrollas al margen de los jerarcas gremiales entre 1947 y 1954.

1947: Textiles, portuarios, ferroviarios.
1948: Metalúrgicos, frigoríficos, azucareros.
1949: Gráficos, azucareros.
1950: Municipales de Buenos Aires, bancarios, ferroviarios, obreros de la construcción.
1951: Ferroviarios, textiles, bancarios.
1952: Metalúrgicos, ferroviarios.
1953: Ofensiva contra las comisiones internas y las regulaciones salariales.
1954: Tabaco, caucho.

En la última etapa del primer peronismo, cuando ya avanzaba la década del cincuenta, se dieron los primeros antecedentes de empresas tomadas por los trabajadores y los primeros atisbos de control obrero y autogestión de la producción.

Esas nuevas experiencias se dieron, por ejemplo, en las fábricas textiles Royaltex, Produtex y Medias París, que llegaron a comercializar sus productos en Uruguay.