Se cumplieron 10 días del “paro cívico” que inició como una disputa sobre la fecha del próximo censo en el país andino. Mientras el gobierno del MAS intenta negociar con la derecha, campesinos, obreros, pueblos indígenas y diversos sectores populares inician movilización y cerco a las empresas agroindustriales.
Lunes 31 de octubre de 2022 21:15
Décimo día de paro indefinido en Santa Cruz (Foto: público.bo)
Los empresarios y líderes de este paro continúan exigiendo que el Gobierno derogue el decreto del Censo que planteaba su realización el 2024 y que se comprometa a realizarlo en 2023. Esta disputa muestra una vez más las contradicciones económicas y políticas profundas entre sectores del país.
Mientras el paro “cívico” se radicaliza, toma cada vez más fuerza el cerco a la ciudad de Santa Cruz impulsado por sectores populares, trabajadores y campesinos que toman el guante y dicen si los ricos quieren paro, entonces paremos todos. Como parte de este cerco, diversas organizaciones populares comenzaron movilizaciones hacia el centro de Santa Cruz, además de bloqueos a las principales destilerías y empresas agroindustriales.
Es que el “paro cívico” impulsado por los empresarios es en realidad una especie de lock out patronal orientado a presionar al gobierno de Luis Arce con diferentes medidas como bloqueos de caminos. Pero las grandes empresas agroindustriales de la zona continúan trabajando y facturando mientras el pueblo trabajador sufre las consecuencias.
En este marco, grupos paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) utilizan la violencia en las calles y avenidas para romper el cerco y evitar que la movilización llegue al centro de la ciudad. Ante esta situación algunos sectores populares, fundamentalmente de interculturales del Chapare, en el trópico cochabambino, exigen al Gobierno la declaratoria de “estado de sitio” en esta región y despliegue policías y militares contra las bandas derechistas.
Juana Runa, editora de La Izquierda Diario Bolivia aseguró que “a la luz de lo sucedido durante el golpe de estado de 2019, este llamado es claramente un error. No se puede derrotar a la derecha con el uso de sus aliados naturales como son policías y militares porque los aparatos represivos del Estado justamente están al servicio de mantener y preservar el poder de las clases dominantes. Solo profundizando la movilización, desde abajo y de manera independiente, el pueblo trabajador boliviano podrá derrotar estos nuevos intentos de asonada derechista.”
Otra muestra de esto es que el presidente del comité cívico cruceño, Romulo Calvo, salió a exigir lo mismo, es decir, la represión policial para romper el cerco que se armó sobre la región y que afecta las ganancias de las grandes empresas.
Durante el fin de semana se vivieron enfrentamientos en algunas zonas de la región cruceña, como San Carlos y San Julián. Lo más grave sucedió en la provincia de Nuflo de Chavez, cuando el sub gobernador Daniel Velasquez agredió, látigo en mano, a un grupo de mujeres de la Nación Ayorea. Velasquez fue expulsado de la zona por los propios pobladores que se organizaron para resistir esta situación.
Mientras la derecha presiona y busca reconstruir el bloque social y político que fue la base del golpe de Estado del 2019, el gobierno se empeña en dialogar. Según Runa “La política de negociación permanente que el Gobierno de Arce despliega, lejos de debilitar a la derecha cívica, la fortalece. Ven cómo, pese a su propia debilidad y fragmentación, Arce y su Gobierno ceden en todas y en cada una de las demandas de los cívicos. Recordemos que así sucedió, con las dos medidas de fuerza que realizaron durante el 2021, ante las cuales el MAS terminó retirando sus proyectos de ley.”
Al igual que hizo Evo Morales durante sus gobiernos, Arce utiliza la voluntad de lucha de las organizaciones populares, para presionar a los cívicos a negociar, buscando evitar que la creciente actividad popular adquiera un rumbo independiente y abiertamente enfrentado a las clases dominantes cruceñas. Usan la movilización para mantener una estrategia de conciliación permanente con las clases dominantes.
Sin embargo, el inicio de masivas movilizaciones que se dirigen al centro de la ciudad de Santa Cruz, con los bloqueos y el cerco al parque agroindustrial, pone en evidencia que la población está reflexionando sobre las consecuencias del paro cívico. Desde La Izquierda Diario Bolivia nos dicen que “los primeros que pagan esta pugna entre el Gobierno y la élite cruceña son las y los comerciantes pobres, trabajadores informales y los trabajadores y trabajadoras que en las fábricas son tratados como sirvientes. Los obreros y obreras tienen que pagar el triple en los pasajes y las alzas de los precios en los mercados de productos de la canasta familiar. Campesinos y pequeños productores agropecuarios también son afectados por la reaccionaria medida de fuerza de Calvo y Camacho.”
Hoy los bloqueos a las fábricas y empresas donde los patrones no paran son una buena iniciativa para afectar sus ganancias, pero no es suficiente. Juan Runa asegura que “debemos llenar de asambleas las fábricas y los bloqueos para verdaderamente enfrentar a la derecha empresarial, ocupando esas empresas y ponerlas a funcionar bajo el control de las y los trabajadores y al servicio de toda la población que sufre el paro.”
Desde La Izquierda Diario Bolivia llaman a avanzar en la coordinación democrática de todas las organizaciones obreras, campesinas y populares movilizadas contra la asonada derechista, para así definir entre todos los movilizados los pasos a seguir en la lucha y evitar que los esfuerzos que se vienen realizando en el cerco a los agroindustriales sean nuevamente malgastados en las mesas de negociación del Gobierno.
