San Clemente. Crimen de Alejandro Martínez: a dos años, aún no hay fecha para enjuiciar a nueve policías

Próximos a cumplir cuarenta años del fin de la dictadura y del inicio del período constitucional, este domingo millones de personas irán a votar. Pero hay miles que no podrán hacerlo porque el Estado, a través de sus agentes policiales y penitenciarios, los mató. Quienes sí votarán son muchos verdugos, en su gran mayoría impunes.

Este sábado, a horas del balotaje, se cumplen dos años de la muerte de Alejandro Martínez dentro de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú. Es un caso emblemático de la represión policial bajo el gobierno del Frente de Todos. Junto a los de Facundo Astudillo Castro, Daiana Abregú, Lucas Verón, Alan Maidana, Brandon Romero, César Regueiro y otros, el crimen de Martínez a manos de la Policía Bonaerense (empoderada a partir de la pandemia) delinea una política de encubrimiento y protección del gobierno de Axel Kicillof hacia los criminales de uniforme, cuyo garante máximo es Sergio Berni.

Caso testigo

Pese a las abundantes pruebas del expediente, Berni insiste en la inocencia de los policías José Pereyra, Christian Rohr, Maximiliano Munche, Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos. Los tres primeros están acusados de “homicidio triplemente agravado” y cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán. A los otros seis se los acusa de partícipes secundarios y están libres.

Tras la instrucción del caso a cargo del fiscal Martín Prieto de la UFID 2 de Mar del Tuyú, en octubre de 2022 el juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N° 4, ordenó la elevación a juicio. Tras varias dilaciones a partir de presentaciones de las defensas de los imputados, en agosto se sorteó el tribunal que conducirá el juicio. Será el Tribunal Oral Criminal 2 de Dolores, cuyos jueces Eduardo Campos Campos y Antonio Severino aún no pusieron fecha de inicio al debate oral y público. En representación del Ministerio Público estará la fiscal Gabriela García Cuerva de la Fiscalía de Juicio 6.

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“Ya van dos años de lucha constante, dos años de pedir justicia y que esa justicia se haga efectiva. Queremos que se haga el juicio y que sean condenados los nueve y estén en la cárcel”, dice Laura Laganá Santillán a La Izquierda Diario. La expareja de Martínez, con quien tuvo un niño (hoy de seis años), vuelve a dar testimonio de su pelea y a denunciar las circunstancias que le tocaron vivir a lo largo de estos veinticuatro meses.

“Los nueve, por acción u omisión, son responsables; todos estuvieron presentes esa noche en la comisaría y todos hoy dicen que se trata de una causa armada contra ellos”, afirma Laura indignada. Y agrega que los parientes de los policías “llenan las redes sociales diciendo que son inocentes, como si las víctimas fueran ellos. El otro día decían que los hijos de Munche ‘están sin su padre’, porque está preso. Me indigné. Mi hijo va a estar toda la vida sin su papá”.

En otras notas (acá y acá) se relató en detalle cómo fueron las últimas horas de vida de Martínez. Gran parte de esa información figura en el expediente judicial en el que se investigó el “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.

Pese al paso del tiempo, Laganá Santillán aún no sale de su asombro por todo lo que vio, escuchó y padeció en estos dos años. “Se supone que las fuerzas de seguridad deberían estar para cuidarnos, no para matarnos. En el caso de Alejandro, si alguien está con un ataque de nervios o lo que fuera, debería ser atendido médicamente. Pero no llamaron ni siquiera a una ambulancia. Y después de que murió en la comisaría nos mintieron, primero dijeron que se había muerto en la vía pública y después que murió en el calabozo pero de una sobredosis. Mintieron totalmente”.

En dos años, la expareja de Martínez también comprobó que “esas mentiras y esa forma de actuar de la Policía se ve en otros casos, no sólo en el de Alejandro. Lo que hacen es revictimizar a las personas, acusándolas de que son delincuentes, drogadictos o enfermos mentales. Berni acusó sin pruebas a Alejandro de todo eso y nunca pidió disculpas. Incluso si Alejandro hubiera sido todo eso, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué esa saña?”

Para ella “todo lo hacen para encubrir los hechos, culpando a la víctima de lo que le pasó”. Así y todo, confiesa, no le “entra en la cabeza cómo pueden matar a una persona y después montar toda una mentira para intentar que los culpables no paguen”.

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Hace 13 meses que el juez Olivera Zapiola elevó la causa a juicio. Recién diez meses después quedó sorteado el TOC 2. Como si no fuera ya suficiente tiempo transcurrido, aún los jueces Campos Campos y Severino no fijaron fecha para ese proceso oral y público. A dos años del crimen, ni siquiera se sabe cuándo se hará la audiencia preliminar, donde las partes presentan y proponen las pruebas y los testigos con los que defenderán sus argumentos. “Hace más de un año estamos esperando con mucha ansiedad la fecha del juicio”, protesta Laura con razón.

Estado cómplice

A esta altura no hay dudas del rol encubridor tanto de Berni como de comisarios y de otros funcionarios del gobierno bonaerense. Sin embargo, desde el mismo Frente de Todos se han llenado la boca hablando de derechos humanos, memoria y justicia.

Consultada sobre cómo se comportó el Estado en estos dos años con ellos, Laganá Santillán dice que “es difícil de responder, porque sabemos que la justicia siempre tarda en llegar, pero acá además sufrimos mucho y por varias cosas. Conseguimos las prisiones preventivas para tres de los acusados, pero cada seis meses sus abogados piden su libertad y se genera una nueva incertidumbre. El Estado es como que está, pero a la vez no está”.

Si desde la Policía y el Ministerio de Seguridad las señales nunca fueron buenas, desde el Poder Judicial las ambigüedades abundan. Y en el caso del hijo de Martínez, directamente las áreas de derechos humanos y niñez brillan por su ausencia.

Desde diciembre de 2022 Laura recibe un apoyo psicológico, no presencial sino a distancia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Ya había pasado más de un año del crimen cuando el gobierno de Kicillof empezó a hacer ese “aporte” tras un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, que a su vez desde el Centro Ulloa le brinda, cada quince días, un apoyo profesional complementario. Pero más allá de esos aportes, ella hoy debe costear con sus propios ingresos los honorarios de una psicóloga y una psiquiatra particulares.

El menor, hoy de seis años y de cuatro al momento del crimen, nunca fue asistido por el Estado. Desde enero de 2022 es Laura la que paga, a través de su obra social, la asistencia psicológica y psicopedagógica de su hijo. La manutención completa de todo lo que hace al niño corre por su cuenta, sin ningún subsidio ni aporte estatal. “Por más que tengo un trabajo, que el papá de mi hijo ya no esté repercute también en lo económico. Y en eso el Estado directamente nos dio la espalda”.

El chico todos los días nombra su papá, llora y pregunta cuándo va a volver. “Lo extraña mucho, está terminando el jardín y pasa a primaria, una etapa importante de su vida en la que su papá no va a estar para acompañarlo. Y no es porque el padre se enfermó o tuvo un accidente, sino porque hubo quienes le quitaron la vida sin piedad. Se hace difícil procesarlo, sobre todo porque va creciendo y quiere saber qué es lo que pasó”.

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Martínez no quería morir, tenía 35 años y mucha vida por delante. Seguramente muchas veces habrá soñado con darle lo mejor de sí a su hijo. Por eso Laura se llena de bronca cuando se le pregunta por Berni: “Yo sigo esperando que algún día nos pida disculpas por todas las falsedades que dijo”.

La mujer también recuerda que en febrero de este año, con ayuda de la Policía Federal, se truchó un informe pericial “para intentar salvar y liberar a los policías, un informe que después fue anulado por el Juzgado, pero que tuvo todo el objetivo de desviar la investigación”. Esa escandalosa maniobra, de la que no pueden estar al margen altas autoridades de los ministerios de Seguridad nacional y provincial, la detalló este cronista en otro artículo.

Laganá Santillán cree que “hasta que no te pasa algo así no te das cuenta de la dimensión del daño que provoca todo esto, encima viniendo de una institución estatal que supuestamente te tiene que cuidar. Los familiares de los policías salen a decir que ‘los hijos nos los ven’, pero en realidad pueden ir a verlos a la cárcel. Alejandro está en tumba y su hijo no lo va a poder ver más”.

¿Quién se quedó con el dinero?

En el caso de Martínez hay un elemento que no puede soslayarse. Al momento de ser detenido en el Hotel Fontainebleau, el hombre guardaba en una mochila $ 300 mil que eran parte de una indemnización. Le había contado a la familia que estaba en San Clemente por un proyecto laboral para cuya concreción utilizaría esa suma. Pero nunca gastó el dinero y la mochila desapareció tras la incursión policial en la habitación donde se hospedaba. Berni ni siquiera impulsó una investigación “interna”, lo que aumenta la sospecha del robo por parte de la fuerza represiva.

Laura está segura “de que esa plata se la quedaron ellos. Lo dijo el mismo fiscal Prieto cuando pidió la elevación a juicio: entre el miércoles a la noche y el sábado que los detuvieron, ellos tuvieron todo el tiempo para limpiar la celda, ocultar pruebas y hacer lo que quisieran para defenderse diciendo que ‘no hay evidencias de nada’. Obvio que sabían qué hacer con el dinero. Además uno de ellos, Rohr, ya tenía antecedentes por apremios ilegales”.

Con todas esas evidencia, a la mujer no le entra en la cabeza “cómo a algunos de ellos les permitieron volver a trabajar en la Costa como si nada”.

Juego perverso

Los funcionarios estatales suelen tomar los casos de violencia policial y represión estatal con mucha discreción pero a la vez con seriedad. No para resolverlos y juzgar a los criminales, claro. Todo lo contrario.

Si los sobrevivientes o los familiares de las víctimas del crimen policial o penitenciario no mueven cielo y tierra para encontrar pruebas, desarmar las maniobras de encubrimiento y exigir celeridad a jueces y fiscales, los gobernadores, ministros y secretarios jamás moverán un pelo. Al revés, harán todo lo que esté a su alcance para evitar que los hechos salgan a la luz pública y, al menos, se avance un poco hacia la justicia.

“En estos dos años fui comprobando que hay muchísimos casos similares al de Alejandro que directamente no se conocen. Si no te movés, si no exigís justicia tratando de que te escuche todo el mundo, ninguna causa va a avanzar. Y peor aún si la persona asesinada es de condición humilde y morocha, a la que persiguen y matan sin preocuparse. Hay una estigmatización muy fuerte en ese sentido”, reflexiona Laganá Santillán en la charla con La Izquierda Diario.

Agrega que le da “asco, repugnancia, ver cómo insisten en que los policías son inocentes y cómo presionan a medios y hasta concejales para que se pronuncien del lado de los asesinos. En las redes sociales se puede ver cómo se movilizan y los presentan como víctimas en lugar de mostrar lo que realmente son”.

Cuando habla de presión sobre concejales, Laura se refiere a lo sucedido el miércoles de esta semana durante la sesión del Concejo Deliberante del Partido de la Costa, del que San Clemente es una localidad. El primer tema a tratar fue propuesto por el concejal Martín Poustis del Frente de Todos, quien reconoció haber visitado a las familias de los policías que serán juzgados.

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Poustis propuso que el cuerpo legislativo votara una resolución pidiendo: “El pronto esclarecimiento de los hechos, no solo en relación a la familia de la persona fallecida sino también en relación a las familias de las personas que hoy están privadas de su libertad; remarcar de manera tajante que este Concejo Deliberante debe ser explícito en respetar el principio de inocencia hasta tanto haya una orden judicial que diga lo contrario; y por último, tal como me comprometí con los familias (de los policías) hacer el pedido público de disculpas si alguna de nuestras expresiones hizo daño”.

El legislador se sumó al coro de familias policiales que aseguran que sus presos “no la están pasando bien”. Dicho lo cual el Concejo votó por unanimidad la resolución, avalando la campaña en defensa de los acusados de tan vil asesinato.

“Queremos simplemente que el Estado acelere las cosas, que haya juicio cuando antes y no se den más vueltas. Que esta situación no se perpetúe en el tiempo y el caso pase al olvido”, sintetiza Laura en su pedido. Y sabe contra qué aparatos pelea.