A 32 AÑOS. Cronología del primer levantamiento carapintada

Antecedentes

24 de diciembre, 1986. Finalizando el tercer año de mandato del presidente Raúl Alfonsín, los legisladores radicales y peronistas sancionaron y promulgaron en el Congreso Nacional la ley Nº 23.492 que pretendía imponer un freno a la acción penal de los genocidas. Conocida como Ley Punto Final permitía la extinción de “la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado... que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley”, se exceptuaba a los responsables de secuestros de recién nacidos. El gobierno, que había surgido producto de la transición de la dictadura a una democracia burguesa, estaba apurado en cerrar la tapa representada por los “Juicios a los militares” e imponer finalmente la “Teoría de los dos demonios”. Fue el propio Alfonsín quien envío la ley al Congreso con el objetivo de salvar a los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas que presionaban desde las sombras para terminar.

30 de diciembre, 1986. La Corte Suprema de Justicia formada por los jueces José Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué, modificó la calificación de autores de los delitos a colaboradores consiguiendo la reducción de penas para Viola y a Agosti. El primero sería condenado a 16 años y seis meses de prisión, y tres años y nueve meses para el segundo.

Enero, 1987. La “Ley de Punto Final” generó una avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de desaparecidos descontentos por los límites temporales que el gobierno había impuesto a los juicios. Miles de casos se presentaron ante la Justicia durante este mes, al contrario de las intenciones de Alfonsín y el arco político opositor, forzando incluso la suspensión de la feria judicial.

23 de febrero, 1987. Finalizado el plazo del “Punto Final” se registraron procesamientos a 300 oficiales de altos mandos, quince veces más de lo que había previsto el gobierno. Entre los acusados se encontraban también militares que ocuparon cargos importantes en la estructura militar designada por Alfonsín. La frágil relación política entre las FF. AA y Alfonsín comenzó a resquebrajarse más agudamente y los acusados comenzaron a resistirse a participar de las audiencias y arengaban a sus tropas que actuaron en forma corporativa rechazando los procesamientos a la oficialidad por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y la modificación del Código Procesal Penal Militar que desde 1984 permitía la intervención del fuero civil en causas a personal militar.

La “Semana Santa” de 1987

Martes 14 de abril. El Mayor Ernesto “Nabo” Barreiro se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba cuando fue imputado por torturas y asesinato a militantes secuestrados durante la última dictadura en el Centro Clandestino de Detención de La Perla, el más grande de la provincia gobernada por el radical Angeloz. Barreiro era un hombre de la inteligencia militar con mucha influencia en importantes sectores de la oficialidad y dirigía los interrogatorios.

Miércoles 15 de abril. Con asiento en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército y protegido por su superior el Teniente Coronel Luis Polo, Barreiro inició un amotinamiento entre sus sublevados. Cuando la policía intentó trasladarlo por la fuerza al Tribunal, 130 efectivos, entre ellos soldados y oficiales, se acuartelaron exigiendo el fin de los juicios y el cese de la persecución. Comienza el primer levantamiento carapintada.

Levantamiento en el regimiento de Córdoba, se inicia el levantamiento

Jueves 16 de abril. El Teniente Coronel Aldo Rico, que se encontraba hasta ese momento al mando del Regimiento de Infantería San Javier en Misiones) se trasladó a Campo de Mayo a dirigir la sublevación en la Escuela de Infantería que comenzaba esa madrugada. Aunque se levantaron diferentes regimientos en el país, Campo de Mayo se convirtió en el epicentro de la tensa situación política. La base del levantamiento fueron los oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaron con la ley de Punto Final. Muchos de ellos eran ex combatientes de Malvinas y mantenían un alto nivel de cohesión. Los carapintadas armados hasta los dientes y se llamaron así porque se pintaban con betún la cara, una clara señal de combate.

Aldo Rico

Ese día, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país, ocuparon la Plaza de los Dos Congresos, Plaza de Mayo. Alfonsín dio un discurso frente a las multitudes llamando a deponer la actitud de los sectores castrenses.
Viernes 17 de abril.

La tensión continuó durante todo el “Viernes Santo”. Desde muy temprano y a pesar del Feriado Nacional, miles de personas se agolparon en las puertas de Campo de Mayo y de la Escuela de Infantería. Una multitud de hombres y mujeres coreaban consignas como “Que se vayan, que se vayan” y “si se atreven, les quemamos los cuarteles”. La tensión continúo ese viernes y sábado.

Miles de personas rechazando el alzamiento militar en Campo de Mayo

Domingo 19 de abril. El domingo de Pascuas registró una de las movilizaciones más masivas de la historia argentina. Millones de personas salieron a las calles en todo el país a rechazar los levantamientos, miles de ellos se agolparon en los alrededores de Campo de Mayo y sobre la ruta 8 que bordea el enorme territorio castrense. Alfonsín fue personalmente a negociar con Rico y los carapintadas y, horas más tarde, volvería a Plaza de Mayo donde diría la famosa frase: “Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden”.

Alfonsín en Campo de Mayo

Luego de negociar con los carapintadas Alfonsín daría su discurso: "la casa está en orden"

Si bien Alfonsín dijo en pleno conflicto carapintada que: “No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. […]Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia”, el entonces presidente radical negoció con los militares sublevados cediendo, apoyado por la UCR, PJ, Partido Intransigente y el Partido Comunista, entre otros, quiénes firmaron el “Acta del Compromiso Democrático” donde cedían a las demandas centrales de los genocidas.

Consecuencias inmediatas del primer levantamiento

4 de junio 1987. Un mes y medio más tarde, la Ley de Obediencia Debidafue sancionada en el Congreso y exculpaba a los oficiales de su rol dentro del plan sistemático de la dictadura que aniquiló a una generación de militantes, trabajadores y estudiantes peronistas y de izquierda. La ley protegía a los subordinados que “debían” acatar las órdenes impartidas por sus superiores. Los carapintadas también consiguieron el desplazamiento del Jefe del Ejército Ríos Ereñú.

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El pacto de impunidad entre las Fuerzas Armadas y el gobierno radical, con el apoyo y la colaboración del peronismo, se consolidó en los meses siguientes, marcando un punto de quiebre de las ilusiones populares en la llamada "primavera democrática" del alfonsinismo.

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