Aniversario. Cuando Alfonsín decretó el primer estado de sitio

El decreto que estableció el estado de sitio fue justificado como una medida para detener un supuesto golpe cívico-militar que, según el gobierno, se estaba pergeñando. Con la firma de un decreto Alfonsín insinuó que podría parar un golpe militar.

Supuesto golpe, porque a la salida de la dictadura los militares, después de consumar un genocidio y capitular ante las tropas inglesas en la guerra de Malvinas, no contaban ni con el respaldo popular y ni siquiera con sectores de la burguesía.
Lo que en verdad ocurría en aquel año, 1985, fue un ascenso de la conflictividad obrera. Con una creciente inflación los trabajadores perdían el poder adquisitivo de su salario, mientras las patronales aplicaron medidas de ajuste que provocaron una serie de conflictos obreros. El plan Austral del gobierno de Alfonsín provocó más carestía para los asalariados.

En julio de 1985 los trabajadores de la Ford de la planta ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense, toman la fábrica durante 18 días, para enfrentar los despidos patronales. Contaron con el apoyo solidario de organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, partidos de izquierda, así como de centros de estudiantes, comisiones internas combativas, como FATE, Terrabusi, Atlántida, y la UOM de Villa Constitución. Entre los conflictos laborales de aquel año, este fue uno de los mejores ejemplos de resistencia de la clase obrera al ajuste alfonsinista.

Alfonsín, el padre de la democracia, también fue otro ejemplo, burgués, de cómo derrotar las organizaciones obreras que superaban a la burocracia sindical. Ordenó un operativo de desalojo con más de 2000 policías, cientos de patrulleros, helicópteros, carros de asalto y tanquetas con las que rodearon la planta.

Estado de sitio

El 25 de octubre de 1985 el ministro del Interior, Antonio Troccoli, en una breve conferencia de prensa, anunciaba la medida, que se extendería por un lapso de 60 días. El Gobierno se reserva el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar por el país.

Habían pasado solo dos años que se derogaba el estado de sitio en el país. El 6 de noviembre de 1974, bajo el Gobierno constitucional de Isabelita Perón, se estableció el estado de sitio que sostuvo el régimen militar hasta poco antes de las elecciones de 1983.

La decisión del Gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el decreto, que ordenó la detención de personas, en razón de no haberse dispuesto antes el estado de sitio, como hecho necesario para el ejercicio de las facultades que se ejercieron al dictarlo. Seis militares y seis civiles, entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez, del diario La Prensa, y Jorge Vago, director de Prensa Confidencial, a los que se los acusó por las amenazas de bomba en las escuelas porteñas, de los atentados consumados contra la sede del Comando en Jefe del Ejército y de desestabilizar al gobierno constitucional. Algunas versiones apuntan a que los atentados los provocó la coordinadora del Coti Nosiglia para otorgarle vía libre al gobierno de Alfonsín.

Coti Nosiglia junto a Raúl Alfonsín

Lo cierto es que es que en abril de ese año comenzaron los juicios contra las tres primeras Juntas militares y las Fuerzas Armadas pedían que se cumpla con la Ley de Autoamnistía que en abril de 1983, el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone firmó. Pero en 1985 se decide sacar los juicios de los tribunales militares. Lejos de pretender dar un nuevo golpe de Estado, los militares presionaban para conseguir mayor grado de impunidad por sus crímenes cometidos durante la dictadura, incluidos los crímenes de guerra, y por este motivo al año siguiente comenzaron los levantamientos carapintadas.

Aun así no había una amenaza de golpe sino, por el contrario, una utilización política del mismo. El 9 de noviembre de ese mismo año se celebraban elecciones legislativas, que sucedían en un contexto inflacionario y de lucha de clases. El régimen alfonsinista del Nunca Más, forzó la idea de un supuesto golpe que amenazaba a la “democracia” para que el electorado apoyara con su voto al partido gobernante, la UCR. Así logró un respaldo del 43 % en las elecciones.

El 29 de mayo de 1989, luego de varios saqueos en Rosario impulsados por la hiperinflación, Alfonsín vuelve a decretar 30 días de estado de sitio. La consecuencia esta vez serán 14 muertos, cientos de heridos y la entrega adelantada del poder a Carlos Menem.