Algunos son funcionarios desde hace décadas, otros son recién llegados. Pero tienen en algo en común: son parte de la casta política de los partidos tradicionales que al mismo tiempo forma parte de los empresarios que amasan riquezas.
Jueves 25 de abril de 2019
A poco más de un mes de las elecciones provinciales, el diario La Gaceta dio a conocer un cálculo estimativo de lo que gasta en promedio un candidato para disputar un cargo legislativo: entre 4 y 8 millones de pesos. Esto es sólo lo que gasta un acople. Por lógica, el costo de una campaña para la gobernación debiera ser mucho más alto. ¿De dónde sale toda esta la plata para bancar esas campañas? Para el PJ o Cambiemos, las fuentes de financiamiento son centralmente dos: los recursos que manejan desde el Poder Ejecutivo (sea la gobernación, intendencias, y/o municipios) y los aportes que reciben de las grandes empresas.
En elecciones pasadas hemos visto, por ejemplo, a importantes empresarios tucumanos como Emilio Luque implicado en la distribución de tickets de su cadena de supermercados junto con los votos de Cambiemos. O el caso de los empresarios azucareros Catalina Lonac y Juan José Budeguer, que supieron apoyar la precandidatura del ex secretario de obra pública José López, y son importantes operadores políticos de la provincia. Son ejemplos del maridaje entre el poder político y el poder económico local.
Pero además las filas del PJ y Cambiemos están integradas por grandes empresarios, terratenientes o de funcionarios enriquecidos que posteriormente se convierten en empresarios.
Juan Manzur, además de ser el dueño de la empresa Nucete, es uno de los funcionarios más ricos del país. Su fortuna creció de la mano de la función pública, llegando a tener 28 propiedades declaradas -18 de ellas a valor 0 pesos- para luego, mediante un pase mágico, declarar tres sin aclarar qué hizo con el dinero. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, es un importante productor ganadero. Ni hablar de Alperovich, el "Zar", quien además de sus concesionarias tiene explotaciones de arándanos, cultivos de soja, y hasta se le adjudica participación accionaria en call centers. Su patrimonio, según su última declaración jurada, es de 480 millones de pesos.
Por el lado de Cambiemos, quien secunda a Silvia Elías de Pérez, el productor de papas José Paz, fue presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y ministro de Producción de Alperovich hasta que el gobierno nacional decidió elevar las retenciones al campo. Hay otros ejemplos, como el empresario del citrus Alejandro Trapani (fue candidato del macrismo en Tafí Viejo y ahora quiere repetir) o el diputado nacional Facundo Garretón (el año pasado su empresa InvertirOnline fue adquirida por el Grupo Supervielle, que desembolsó $1000 millones).
Siguiendo por el lado macrista, Alberto Colombres Garmendia, además de su linaje es un importante empresario ganadero, socio del estudio jurídico que representó a Compañía de Aguas del Aconquija SA, empresa antecesora de la SAT, y que llevó a la provincia a un juicio millonario por la rescisión del contrato de privatización del servicio de agua que culminó en los tribunales del CIADI con una sentencia favorable a la empresa. Por esta sentencia "Tito" obtuvo como premio un sillón en el directorio de la empresa. Santiago Colombres Garmendia, primo del legislador del PRO, es también parte del directorio de Gas Natural Fenosa (Naturgy), propietaria de una gran parte de las acciones de la tucumana Edet SA.
La lista de funcionarios empresarios y terratenientes seguramente es mucho más extensa y los vínculos entre unos y otros, seguramente, mucho más intrincados.
Desde la Casa de Gobierno o desde la Legislatura, las diferencias partidarias se sobreponen por un bien común: la ganancia empresaria. De los dos lados del mostrador, son los que sostienen una estructura económica enemiga de los trabajadores: casi el 50% trabaja “en negro”, se extiende el trabajo temporario, 3 de 4 jóvenes trabaja en la informalidad, por ejemplo. Estas condiciones golpean más duramente a los trabajadores durante las crisis como la actual pero varios de estos políticos-empresarios se benefician, ya que ganan con la exportación en dólares mientras pagan salarios con un peso cada vez más devaluado.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es la clara oposición a este régimen de políticos que se vuelven ricos y se hacen empresarios o de empresarios que se hacen políticos para volverse más ricos. Por eso propone que todos los funcionarios cobren como una maestra, como ya lo hace Nicolás del Caño y Myriam Bregman, planteando además la revocabilidad de los cargos. El FIT también es la única fuerza que se propone terminar con este régimen donde las ganancias se hace precarizando la vida del pueblo trabajador; por eso es la única voz que plantean organizar la bronca y luchar contra el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores, para que esta vez la crisis la paguen los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.
