El diputado nacional “libertario”, Manuel Quintar (ex PJ), designó a un empleado de su empresa de salud al frente del PAMI Jujuy. Conflicto de intereses, una falsa lucha contra las prácticas de la política tradicional evidencian las patas cortas del discurso de campaña de un espacio político que llegó con la premisa de combatirlas.
Jueves 14 de marzo 12:50
Manuel Quintar junto a Martín Menem en el Congreso
Hace pocos días se conocía la noticia de la designación del CPN Evaristo Bautisto al frente de la Unión de Gestión Local de Jujuy del PAMI. Lo llamativo y contradictorio de la mencionada designación es que este profesional venía desempeñándose como administrador del Sanatorio Los Lapachos, empresa de salud jujeña cuyo titular es el diputado nacional Manuel Quintar. Una “flamante” incorporación de la bancada libertaria, y que hasta hace escasos meses supo militar y ser candidato por el Partido Justicialista jujeño.
Esta designación, mínimamente, estaría enmarcada en un conflicto de intereses, pero yendo un poco más allá en el análisis no hace más que confirmar que el discurso libertario sobre combatir los “curros” de la política tradicional no fueron más que un slogan marquetinero de campaña. Sino, recordemos que hace muy pocos días, el también converso senador libertario por Jujuy, Ezequiel Atauche, haciendo utilización de los recursos del estado, le aseguró a su hermano un salario mensual superior al millón de pesos.
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En el mismo sentido la cúpula libertaria, con el binomio presidencial a la cabeza, daba idénticas señales de seguir con los privilegios que en campaña denostaban. La vicepresidenta Victoria Villarruel, firmaba junto al Martín Menem (presidente de la Cámara Baja) una resolución que aumentaba las dietas de los legisladores en un 30 %, haciendo que esas remuneraciones alcancen las irracionales cifras de 2,5 millones de pesos. Una cifra que supera en más de 10 veces el salario mínimo del país. De igual manera, el presidente Milei firmó un decreto subiendo su dieta y las de los funcionarios del ejecutivo, en casi un 50 %. Si bien ambas medidas fueron desestimadas por sus autores aduciendo errores, desconocimiento y/o distracciones, no hacen más que evidenciar que la batalla contra los privilegios de la casta son anuncios propagandísticos y nada los diferencia de las prácticas de la política tradicional del PJ y la UCR, por citar algunas fuerzas políticas burguesas.
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Estos y todos los privilegios que ostentan funcionarios de los tres poderes del estado tienen que ser eliminados de manera permanente, no hay justificativo alguno para que un legislador, un juez o un ministro, ganen cifras millonarias, además de gozar de privilegios inherentes a su función, haciendo uso discrecional de designaciones de familiares y/o amigos en cargos públicos, fondos reservados, gastos de representación y todas los ítems que le suman recursos a una vida alejada a la de cualquier trabajador.
Sólo la izquierda presentó una verdadera medida que supere esta desigual condición respecto al pueblo trabajador, un proyecto de ley para que todo funcionario, legislador o juez gane lo mismo que un trabajador; este proyecto fue presentado en todos los parlamentos donde el PTS-FITU tiene representación pero sistemáticamente fue bloqueado por las fuerzas tradicionales, incluida La Libertad Avanza.
