Según el reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), al menos 2 mil migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, mientras el Gobierno mantiene 8 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera.
Martes 27 de abril de 2021 11:19
Según el reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), al menos 2 mil migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, sin especificar a detalle el rango de tiempo que incluye el registro.
El informe de la FMOPDH se da a conocer en medio de un nuevo repunte en el flujo migratorio en México, donde también se registra el récord histórico de más de 172 mil migrantes en marzo, entre ellos casi 19 mil menores de edad.
Esta situación se ha visto agravada por la actual emergencia sanitaria y la crisis económica a la gran mayoría del istmo centroamericano que -según el último informe de la CEPAL- se estima un aumento de hasta 6 puntos del PIB en el déficit público y un aumento del PIB de entre 5 y 15 puntos porcentuales para el conjunto de los países de la región.
En este contexto, el discurso del Gobierno de la 4T que afirma “garantizar el respeto a los Derechos Humanos para miles de migrantes” que cruzan el país parece carecer de fundamentos reales; miles de migrantes deportados, secuestros masivos y masacres como la de Camargo en Tamaulipas el pasado enero, donde 19 migrantes perdieron la vida (en su mayoría de origen guatemalteco), contradicen la retórica lopezobradorista.
Instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos públicos parecen hacer eco a ese discurso “derecho-humanista y democrático”, sin embargo, han servido para lavar la imagen del régimen político sea cual sea el partido en el gobierno. Una reciente investigación del medio digital Animal Político da cuenta de cómo se oculta y se mantiene en reserva diversos testimonios sobre violación de Derechos Humanos para migrantes que permanecen en los centros de detención.
Así, la fachada “humanitaria” del actual gobierno de López Obrador no pretende ni por equivocación querer diferenciarse de los antecesores gobiernos que también mostraron su servilismo ante los intereses del imperialismo estadounidense.
Y es que tanto para el gobierno de la 4T como para el gobierno demócrata de Joe Biden ha significado una importante crisis en sus gestiones; en la frontera norte y sur de México la violación a los derechos de decenas de miles de migrantes, incluyendo a menores de edad, ocuparon los reflectores de los medios sin poder maquillar la evidente crisis humanitaria de la cual son responsables tanto los gobiernos centroamericanos, como el de México y la permanente política antimigrante que permea en la Casa Blanca.
La reciente propuesta de López Obrador de extender el programa social “Sembrando vida” resulta ser solo un paliativo que no terminará con las condiciones de hambre y miseria que azotan a la gran mayoría de países centroamericanos. El programa incluye –como los planes de otros sexenios– otorgar visas temporales para los migrantes inscritos sin incluir de manera integral ningún derecho político o social como trabajador.
El plan agroforestal cuyo presupuesto se estima en 29 millones de pesos anuales no solo relega a la gran mayoría de campesinos mexicanos y futuros trabajadores agrícolas de origen centroamericano, sino que avizora todo un modelo de explotación bajo un salario de 5 mil pesos mensuales que es insuficiente para cubrir los gastos y la canasta básica de una familia promedio.
Lejos de ofrecer una salida real para garantizar los derechos de miles de migrantes en México, se mantiene el despliegue de más de 8 mil efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur que controlan los cientos de puntos de revisión y control migratorio, orillando a los migrantes a tomar rutas más peligrosas donde miles de ellos dejan de tener contacto con sus familiares y son blanco del narcotráfico.
