La Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) publicó un “Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad”. El informe busca “reflejar exclusivamente la actividad del sistema penal en la materia”.
Martes 1ro de noviembre de 2016
La Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), organismo que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación, publicó un “Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad”. El mismo tiene por objeto conocer el estado de la persecución penal en todo lo concerniente a los estupefacientes, mediante un análisis de las causas judiciales iniciadas en el período comprendido entre los años 2012 y 2015 relacionadas a delitos de la Ley de Estupefacientes así como aquellas investigaciones por el delito de contrabando de estupefacientes, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero (Ley 22.415). El informe busca “reflejar exclusivamente la actividad del sistema penal en la materia”.
Como primer dato, se destaca que el 44 % de las causas penales iniciadas en 2015 en la justicia federal corresponden a delitos relacionados con los estupefacientes, quedando el 56% para el resto de los delitos penales. En el caso de CABA la cifra asciende a 47 %.
Respecto al tipo de delitos, 5 de cada 10 causas iniciadas por estupefacientes en 2015 tiene como objeto lo que el informe llama “delitos menores”, que se refiere a la tenencia simple o para consumo personal (art. 14 de la Ley 23.737); en CABA supera la mitad. Quedando en el resto implicados el resto de los delitos relacionados con las drogas (comercio, contrabando, etc.).
Respecto a la forma en que las causas se inician, el 62 % corresponden a “prevención”, o sea las mal llamadas tareas preventivas de las fuerzas de seguridad, porcentaje que está directamente relacionado con la gran cantidad de causas que tiene como objeto los “delitos menores” antes mencionados. Es que casi el total de las causas por tenencia para consumo personal llegan a la justicia por las tareas de “prevención” que realizan las Fuerzas de Seguridad. En CABA el porcentaje de causas que se generan en estas condiciones asciende al 70%, o sea solo el 30% son iniciadas por el resto de los medios para hacerlo, como las denuncias en las comisarías, fiscalías o directamente en el poder judicial.
Las “tareas de prevención” constituyen detenciones arbitrarias con la excusa de que están “previniendo delitos”. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de CABA en el fallo Vera (diciembre 2015) habilita a las fuerzas de seguridad, específicamente la Policía Federal Argentina, a detener personas para “acreditar su identidad”. Actividad tristemente célebre conocida como “averiguación de antecedentes”, esta facultad policial fue otorgada por primera vez por el Decreto-Ley 333/58 –durante dictadura de Aramburu. Dicho artículo fue modificado por la ley menemista 23.950, estableciendo que las detenciones deben ser autorizadas con orden de un juez. Pero establece una excepción, “si existieren circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese”. Resulta difícil encontrar una vinculación entre la prevención de delitos y la portación de una identificación personal. En el informe se expresa esta “tendencia selectiva del sistema de criminalización”.
El informe reconoce que las causas por tenencia para consumo personal no continúan su trámite judicial, o sea se archivan inmediatamente, teniendo en cuenta el último criterio de la Corte Suprema en el fallo “Arriola”, aunque no sea de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. En el mismo se declaró inconstitucional el art. 14, segundo párrafo de la Ley de Estupefacientes, determinando que no es punible el consumo de estupefacientes en el ámbito privado de la persona, es decir que no dañe derechos de terceros, pero sin dejar en claro que se entiende por consumo personal en cuanto a cantidades.
Aun así, este tipo de causas siguen implicando la mitad de las iniciadas en 2015, por lo que la persecución penal y más aún la ejercida por las Fuerzas de Seguridad existe y no es menor.
Gran parte de los “recursos de las Fuerzas de Seguridad” se destinan a la criminalización de las personas consumidoras calificando de “inercial selectividad del sistema penal”.
Lo que el informe no dice
El informe concluye con una crítica al Estado en cuanto a su responsabilidad por la persecución penal de los ilícitos relacionada con los estupefacientes y la falta de cumplimiento en generar políticas acordes con la persecución del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada, afirmando que “se pone de manifiesto que la respuesta visible a este problema no opera en verdad sobre sus causas, sino en gran medida sobre sus consecuencias”.
El informe de la Procunar simplemente se dedica a analizar el estado de persecución penal y a emitir una opinión sobre la eficacia y eficiencia de ello y hasta aconseja sobre como “mejorarlo”. Pero omite mencionar que el narcotráfico es un negocio millonario del cual el Estado es el principal responsable y en el cual, como ya vimos, sus fuerzas de seguridad ayudan a garantizarlo. El informe podría, con los exhaustivos datos que provee, abrir el debate sobre la legalización de las drogas, lo cual es elemental para terminar con el gran negocio clandestino del narcotráfico que enriquece a unos pocos. Pero no lo hace, y queda trunca la posibilidad de discutir cuál es la solución última para resolver no sólo la penalización sino el poder que detentan las Fuerzas de Seguridad al ser parte de este negocio.
No olvidemos que la juventud de los sectores populares resultan ser siempre los más afectados, ya sea desde el punto de vista de la persecución penal, la estigmatización y las detenciones arbitrarias, como la utilización de la Ley de Estupefacientes la cual se usa de manera arbitraria para criminalizar a personas travestis y trans en situación de prostitución. Y por otro lado, respecto de la calidad de drogas a las que tiene acceso en comparación con los sectores ricos, que suelen afectar su salud y hasta producir la muerte. Todas cuestiones que encontrarían su solución con la legalización de las drogas.
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