El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción para todo el territorio por dos meses con movilización permanente de policías y militares en las calles. El país es protagonista de importantes movilizaciones populares contra los planes del FMI, y el intento del Gobierno de aprobar una reforma laboral y tributaria, mientras Lasso es investigado en el marco de los Pandora Papers.
Martes 19 de octubre de 2021 13:35
"Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", dijo el presidente Guillermo Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.
Según el Gobierno, entre enero y octubre de este año en el país se registraron casi 1.900 homicidios -11 por cada 100.000 habitantes-, frente a cerca de 1.400 de todo el año 2020.
Sin embargo, el marco en el que se firma este decreto es el del llamado a movilizaciones sociales contra los ataques del Gobierno que intenta hacer votar una reforma tributaria y laboral resistida por los trabajadores, como de pueblos originarios contra el extractivismo en la Amazonía. También ocurre cuando comienza una investigación sobre los papeles de Pandora, en los que aparece el nombre Lasso como uno de los que tienen cuentas en paraísos fiscales.
Claudia Cinatti analizó la situación Latinoamérica y los últimos resultados electorales, donde destacó que “Ecuador enfrenta una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste, lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019”.
Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.
Hace tres años, en octubre de 2019, tras doce días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el entonces Gobierno de Lenín Moreno, tuvo que derogar el decreto de aumento de los combustibles y una mesa de diálogo con las direcciones indígenas para negociar un nuevo decreto.
Las graves represiones contra los que se manifestaron, llevó que Amnistía Internacional realizará una visita al Ecuador el 8 al 12 de marzo “para exigir al gobierno un compromiso real para garantizar justicia y protección para las personas que defienden los derechos humanos”.
En febrero de este año, el mismo organismo de derechos humanos, reclamó a las autoridades del país, que rindan cuentas por la muerte de 79 personas en centros penitenciarios
Desde entonces, con la pandemia de trasfondo agravando las condiciones sociales de las mayorías, las movilizaciones continuaron. En agosto de este año, hubo movilizaciones en Quito y Guayaquil, entre otras ciudades, para denunciar al gobierno de Guillermo Lasso -el banquero conservador que asumió en abril de este año-, por continuar las políticas de Lenin Moreno. Reclamaban el congelamiento inmediato del precio de los combustibles.
El decreto presidencial, para imponer el estado de sitio, se inscribe en el marco de esta crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.
