Bolivia. El Gobierno de Arce ante el primer desafío derechista

En la ciudad de Santa Cruz se impulsaron movilizaciones desde la asamblea de la cruceñidad, este jueves 5 de agosto a las 18 hs. se realizó una concentración, en repudio al cierre del caso “Fraude Electoral”, contra el proceso “Golpe de Estado” y exigiendo la libertad de los golpistas detenidos. En la ciudad de La Paz, el CONADE también convocó este jueves a una movilización, por los mismos motivos, llamando a todas las plataformas ciudadanas que alentaron el golpe de Estado del 2019.

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Esta primer movilización derechista, forma parte de un intento de aumentar la presión callejera progresivamente como es la determinación de apoyar la movilización y bloqueo de caminos “escalonado” en la región de la Chiquitanía convocada para el próximo lunes 9 de agosto. Este bloqueo de caminos surge luego de que los comités cívicos regionales determinaron llevar esta medida de fuerza ante el fallecimiento de Lino Peña, agredido en un supuesto avasallamiento de tierra.

Mientras se realizaba la asamblea de la cruceñidad, el presidente Luis Arce en un acto en la localidad de San Julián, en Santa Cruz, anunció la entrega a las comunidades interculturales, indígenas y otras organizaciones, de 26 mil títulos de propiedad en varios departamentos del país, levantando polvareda en la derecha y particularmente en los cívicos cruceños. El derechista y clerical gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró este anuncio como una provocación y anunció que resistirán esta disposición del Gobierno central. En declaraciones a la prensa afirmó que Arce “Está provocando una vez más a los cruceños, está provocando porque sabemos perfectamente que esa dotación de tierras lo que trae es conflicto, dolor lágrimas a la familia, luto como lo hemos visto en el caso del señor Lino Peña”. Posteriormente, Camacho amenazó con “defender las tierras de Santa Cruz”, y que desde la gobernación apoyará cada una de las acciones que el comité cívico determine.

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Ante las manifestaciones derechistas tendentes a reagrupar fuerza e ir ganando capacidad movilizadora, algunas organizaciones afines al MAS y agrupadas en el llamado Pacto de Unidad, han declarado que defenderán al Gobierno de Arce y que no permitirán la desestabilización del Gobierno elegido por el voto popular. En esa línea los burócratas de la COB (Central Obrera Boliviana) han resuelto declararse en “estado de emergencia” ante cualquier nuevo intento golpista. Estas declaraciones, que no están acompañadas de resoluciones concretas, sin embargo contrastan con las declaraciones que desde el gobierno del MAS vienen realizando sus principales exponentes.

Arce y Del Castillo llaman a confiar en los golpistas de noviembre

Mientras la tensión aumenta por los anuncios derechistas, el miércoles 4 de agosto, el presidente Luis Arce durante el acto de posesión del general Hugo Arandia como comandante del ejército, afirmó que “El gobierno nacional le está muy reconocido al Alto Mando militar por haber aportado y contribuido proporcionando la información que se le ha solicitado por las instancias competentes en las investigaciones del golpe de Estado y el Gobierno de facto de 2019 y 2020. La población va a valorar esas actitudes patrióticas de nuestros militares en ejercicio”. Con estas declaraciones, al igual que durante el Gobierno de Evo Morales, el MAS vuelve a depositar confianza en las mismas instituciones que dieron el golpe de Estado y consumaron las masacres de Sacaba, Senkata, Ovejuyo y El Pedregal.

En la misma línea de embellecer a estas instituciones represivas del Estado, el ministro de Gobierno, el “guevarista” Eduardo Del Castillo, había tomado la delantera en momentos que se discutía en la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley de ascensos policiales. Del Castillo, el 4 de abril, nada menos que en Kara Kara en Cochabamba, afirmaba que “Ahora nuestra Policía ha regresado donde pertenecía, a su pueblo, se está reconciliando, ahora nuestra sociedad se siente más protegida con nuestra Policía, y ese es un paso fundamental para reconciliar Bolivia”.

En este línea, las concesiones a la policía por parte del Gobierno empezaron con la recientemente aprobada ley de ascensos policiales que modifica la estructura de mandos que permite que los policías de base comiencen su carrera con rango de sargentos. La ley incorpora como parte del mando policial al ministro de gobierno, buscando establecer un mayor control y disciplina de la institución, así como un sistema de consultas a la sub oficialidad además de introducir la carrera de generales. Con estas concesiones, los guevaristas del ministerio de gobierno creen que pueden controlar a estas instituciones antiobreras, antipopulares y como los mostraron el 2019, profundamente racistas. Se niegan a sacar alguna enseñanza de lo sucedido durante el golpe de Estado, quizás debido a que la amplia mayoría de funcionarios y dirigentes del MAS se encontraban a buen resguardo mientras los trabajadores y el pueblo eran víctimas de estas instituciones.

Esta política sostenida por los funcionarios del MAS es continuidad de la que llevo adelante Evo Morales y García Linera durante sus 14 años de Gobierno, que como vimos en noviembre del 2019, no han demostrado ser "eficientes".

Durante los 14 años los dirigentes del MAS barnizaron a las FFAA como “antimperialistas”, vendieron al pueblo la idea de que estas reaccionarias instituciones, hoy del Estado Plurinacional, eran instituciones del pueblo y que la historia de masacres sucedidas durante la república y durante el ciclo nacionalista eran completamente distintas. Con toda esa propaganda los trabajadores y el pueblo fueron sorprendidos el 2019 al ver como los antimperialistas militares y policías procedían a colaborar con las bandas paramilitares de la RJK, UJC y otras para luego detener y torturar en el Alto a cientos de personas y consumar el golpe con las matanzas de noviembre. Todo esto sucedió mientras los funcionarios y parlamentarios del MAS negociaban la gobernabilidad de Áñez y los golpistas, abandonando toda resistencia callejera hasta el mes de agosto en que la Rebelión popular puso un límite al golpismo.

Organizar y preparar la movilización independiente contra la derecha

Diversas organizaciones sindicales y sociales han afirmado a través de los burócratas que las encabezan que “esta vez” no permitirán nuevos intentos golpistas, sin embargo nada han realizado para preparar y organizar a las y los trabajadores ante nuevas asonadas derechistas.

Es urgente exigir e imponer en cada sindicato, junta vecinal, centro de estudiantes y demás organizaciones sindicales y sociales, un plan de movilización unificado contra las amenazas de la CONADE, cívicos y plataformas o de bandas paramilitares. No depositar ni una pizca de confianza en las instituciones represivas que parecen solo seducir a los dirigentes del MAS, que como ya sabemos, son los primeros en evitar el enfrentamiento no solo con la derecha sino con las clases dominantes que los financian, como los agroindustriales. Sigamos el ejemplo de Senkata o Kara Kara que mostraron la voluntad de resistir al golpismo confiando solo en sus propias fuerzas y en su propia auto organización independiente. Si esos ejemplos se extienden ´por el país, la derrota del golpismo y también de los conciliadores permitirá empezar a discutir cómo abrir el camino a un Gobierno de las y los trabajadores y el pueblo.