El oficialismo escaló en el discurso contra las prepagas por el aumento en sus cuotas y amenaza con llevarlas a la justicia. En su pelea omite decir que dichos incrementos son los efectos de la desregulación establecida en el Decreto 70/23 que sancionó a fines del año pasado.Más que nunca sigue vigente la pelea por derrotar el decreto y poner en el debate la necesidad de un sistema de salud único que pueda dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población, sobre todo de los sectores que más lo necesitan.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Martes 16 de abril 11:32
Desde los últimos días el Gobierno nacional decidió “escalar” en su discurso contra las empresas de medicina prepaga por los altos incrementos que están aplicando en las cuotas de manera mensual y que están causando estragos en los más de 6 millones afiliados a este sistema, sobre todo de aquellos que necesitan tratamientos prolongados o permanentes. Estamos hablando de pacientes que por lo general son personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y oncológicas o adultos mayores que por esta misma razón no pueden darse de baja como si dieran de baja el servicio de cable o internet, ya que eso significa la interrupción total de sus prestaciones.
El primero de los funcionarios en hablar fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo la semana pasada que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. El ministro se mostró así crítico de los empresarios de la salud sin hacer ninguna referencia a que fue el propio Gobierno quien permitió el accionar de las prepagas a través del Decreto 70/23, sancionado a fines del año pasado y que está vigente. El último de los funcionarios, por el momento, fue Manuel Adorni que en las últimas conferencias de prensa acusó de “cartelización” y amenazó con un posible judicialización.
Hoy pagar una prepaga es una misión imposible, casi como alquilar. En apenas 4 meses del Gobierno de Milei, las prepagas produjeron aumentos en sus cuotas de hasta el 160 %. Un golpazo para los bolsillos de las familias donde hay integrantes que, como ya dijimos, no pueden darse el “lujo” de quedarse sin una cobertura de salud. Mejor dicho, pueden pero el riesgo es altísimo: nada más y nada menos que su propia vida.
“Pedí plata prestada para pagar el último aumento de la prepaga para mi hija que tiene una discapacidad”
“Pedí plata prestada para pagar el último aumento de la prepaga, porque sino me la cortan y mi hija corre el riesgo de quedarse sin sus tratamientos y maestra integradora”. Sabrina es mamá de Pilar, de 7 años, y junto con su pareja son afiliados de Osde desde que ella quedó embarazada. Le comparte a este medio cómo es que llegaron a esa situación. “En ese momento tomamos la decisión de pagar la diferencia con la cuota de la obra social de mi marido. Cuando lo hicimos era poca la diferencia pero hoy se volvió impagable”. Un parto prematuro originó que hoy Pilar tenga una discapacidad, razón por la cuál no es una opción quedarse sin la prepaga. “Hoy depende de eso para que mi hija pueda acceder a todas las terapias necesarias que le brinda el centro de rehabilitación al que concurre y a la maestra integradora que la acompaña en el aula. Además de los médicos que la atienden”.
Lo que se volvió “impagable” para Sabrina, se volvió “impagable” para casi todos. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizó un estudio para medir la evolución del impacto del gasto en medicina prepaga en un salario promedio formal desde el año 2013 a la actualidad. Según su relevamiento, en el año 2013 ese gasto representaba el 11%, en tanto que en la actualidad es del 30%. El estudio toma la evolución del gasto de uno de los tantos planes de la empresa OMINT.
Estos números corresponden al mundo laboral formal. Pero resulta que vivimos en una país donde el 40% de los trabajadores son informales, cuyos ingresos son más bajos y en muchas casos además inconstantes, sin por supuesto bonos, aumentos establecidos, paritarias etc.
“Tuve que elegir entre alquilar o seguir pagando la prepaga”
Es el caso de Tomás, que tiene 43 años, es monotributista y es afiliado de Medifé. “Este mes pagué 189.000, pero ya se que el mes viene voy a volver a tener que pagar con aumento”. Sus ingresos varían, hay meses que trabaja más y otros que trabaja menos. “El mes que me va mejor, puedo llegar a juntar 500.000.” Gasta más del 30 % promedio.
Hace un par de años, en unos estudios pre-quirúrgicos necesarios para atravesar una cirugía, a Tomás le diagnosticaron hipertensión arterial. Algo que él intuía pero nunca había tratado seriamente. Desde ese entonces, toma medicación y debe tener cuidados específicos. Por esa razón, tampoco quiere quedarse sin su cobertura de salud. Para poder mantenerla, Tomás tuvo que cambiar varias cosas de su vida para seguir manteniendo la prepaga. “Tuve que elegir entre alquilar o seguir pagando la prepaga. Me fui a vivir con un amigo en una casa que es suya, no es lo que quería, pero para todo no me alcanza”.
El que avisa no traiciona
Al poco tiempo de sancionado el decreto, cuyas consecuencias lamentales estamos viendo hoy, Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical, ya había advertido -casi en cadena nacional- que los aumentos serían altos y mensuales. “Vamos a hacer aumentos todos los meses”, manifestó en enero ni bien empezaron a llegar las facturas con el incremento de enero, el empresario que, junto a Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño del Grupo América.
El Gobierno ahora nos quiere hacer creer que no sólo condena estos aumentos, sino que está dispuesto a combatirlos. Otra mentira más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes corporaciones empresariales y que perjudican a las grandes mayorías trabajadoras y populares, como queda en claro en ese caso. De hecho es tan obvio, que hasta designaron como superintendente de Servicios de Salud a Gabriel Oriolo, que era director de procesos y sistemas de OSDE, la prepaga con más cantidad de afiliados. Una casta.
Más que nunca sigue vigente la lucha por derrotar el decreto y poner en el debate la necesidad de un sistema de salud único, donde todos los recursos (ya sean obras sociales, prepagas y sector público) pueden centralizarse y ponerse al servicio de las necesidades sanitarias de la población y sobre todo de los sectores que más lo necesitan. Porque sino pasan cosas irracionales, cómo que el proceso de aprendizaje de un niño a niña con discapacidad depende de si tiene el dinero suficiente para pagar una prepaga o no, que encima le pone miles de trabas a sus tratamientos. Irracionalidades que nos impone una casta de empresarios que lucran con nuestra salud.
Es necesario pelear por la anulación completa del DNU 70/23 que permitió, entre otras, los aumentos siderales de las prepagas. Es necesario que la CGT y las CTA convoquen a medidas de lucha contundentes para imponer su discusión en Diputados y avanzar hacia tirarlo abajo. Esa pelea va de la mano de enfrentar la nueva Ley Ómnibus, con la que el Gobierno pretende avanzar en nuevos ataques.