Editorial. El caso de Lucas Cancino, entre el dolor popular y la hipocresía oficialista

En la mañana del miércoles la noticia del asesinato del joven Lucas Cancino, luego de haber sufrido el robo de su celular y su bicicleta, conmovió a Quilmes y al país. Una vida llena de proyectos cortada a los 17 años. Una familia trabajadora devastada, atravesada por el dolor y buscando una explicación a lo que cuesta encontrarle sentido. Pronto la tristeza se extendió a los compañeros de escuela de Lucas y a los vecinos.

Horas más tarde el ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni se refirió muy brevemente al hecho (sólo anunció la detención de tres adolescentes, dos de los cuales estarían implicados) para luego emprender una de sus extensas y conocidas prédicas a favor de la mano dura, apelando particularmente a dos mitos caros al pensamiento de la derecha, que muchas veces las grandes empresas mediáticas intentan transformar en sentido común: “las cárceles tienen puertas giratorias, los presos entran y salen” y “la Policía no da abasto, hacen falta más efectivos”.

Los comentarios de Berni fueron replicados por su par nacional Aníbal Fernández, por varios dirigentes de Juntos y distintos comunicadores sociales. Mientras tanto, y luego de una reunión de Berni con la intendenta quilmeña Mayra Mendoza, tres grupos de Infantería de la Bonaerense se apostaron en los alrededores de la Comisaría Primera, al mismo tiempo que cientos de policías y prefectos salían a recorrer los barrios del distrito, que recibieron la tarde más militarizados que nunca ¿Para qué?

Discursos punitivistas, saturación de efectivos. Esas fueron y son las únicas respuestas de los funcionarios de gobierno y los políticos de los partidos patronales frente a la muerte de Lucas. El jueves, en una entrevista televisiva, Berni dijo que el problema es multicausal y que no todo pasa por la cantidad de policías en las calles, pero no se corre un milímetro de su política de fondo. Mientras tanto, en la agenda pública están prácticamente ausentes las reflexiones para, aunque sea, intentar explicar por qué dos adolescentes podían tomar una decisión extrema como matar a un par para sacarle el celular y la bicicleta.

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Lejos de las posturas expresadas por políticos tradicionales y editorialistas de los grandes medios, una vecina que participó en una de las marchas realizadas por Lucas el miércoles, al ser entrevistada este jueves por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos comentaba: “no queremos más Lucas. Somos un barrio de gente trabajadora. Lo que pasa es que en nuestra sociedad pasó algo que es la falta de trabajo, generaciones y generaciones sin trabajo estable, la droga empezó a hacer estragos, la juventud no tiene chance para estudiar, la brecha se hace cada vez más grande, nada justifica un asesinato, pero esa es la situación”.

Se puede coincidir o no con estas apreciaciones, pero lo cierto es que apuntan a un aspecto ineludible para poder explicar la muerte de Lucas y otros hechos de violencia cotidiana: la profunda crisis económica y social que vive la Argentina. Que Berni, Fernández y otros dirigentes eviten esta cuestión y se concentren en el refuerzo de las instituciones represivas no es una casualidad sino una orientación política definida del Gobierno.

Los mitos y el huevo de la serpiente

Se decía más arriba que Berni aprovechó el crimen de Lucas para volver a lanzar su prédica de mano dura apelando a dos mitos, es decir a concepciones no comprobadas que se convierten en “sentido común”, que son totalmente funcionales al discurso y la práctica represiva de la derecha.

Por un lado, la afirmación de que “los presos entran y salen”. Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, el 53 % de la población de las cárceles de la provincia se encuentra presa sin condena firme, incluso durante años. Es decir, aunque no esté comprobada su participación en delitos, decenas de miles de personas pasan años en las prisiones bonaerenses.

Los únicos que tienen “puerta giratoria” son los empresarios, los delincuentes de guante blanco y los policías de gatillo fácil que, por su influencia, la impunidad que les da el poder judicial y por poder pagar caros abogados, pueden salir rápidamente y gozar de impunidad. Las escasas excepciones no son más que confirmaciones de la regla: los jueces convirtieron la cárcel en el destino de muchísimos hijos del pueblo trabajador que no tienen los recursos para pagar por su excarcelación.

Sin embargo, reconocer esta situación les quitaría a Kicillof, Berni, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak y el resto de los funcionarios los argumentos necesarios para seguir avanzando en una legislación cada vez más represiva. La criminalización de la pobreza es su política.

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Por otro lado, Berni argumentó que “los efectivos que tenemos no dan abasto” seguido de una serie de loas al accionar policial. Segundo mito. Para 2018 la Policía Bonaerense tenía 94.000 efectivos. El Frente de Todos quiere llevar esa cifra a 104.000 en el transcurso de este año con la implementación del llamado Nuevo Plan de Seguridad, lanzado en septiembre de 2020. De esta manera, sin contar los miles de prefectos y gendarmes (dependientes del ministerio nacional) desplegados en territorio bonaerense, la proporción de policías por cada habitante de la provincia sería de 1 cada 168. Un verdadero ejército de ocupación.

El Frente de Todos necesita mantener “contenta” a la Policía Bonaerense para controlar la protesta social. Por eso en las últimas horas el gobernador Kicillof “se rindió” (una vez más) ante la amenaza lanzada anónimamente por redes sociales de “retención de tareas” de la fuerza. Por decreto, incrementó los ingresos mensuales de las tropas en una verdadera “paritaria represiva”, mientras las mayorías populares no llegan a fin de mes y ante el mínimo y legítimo reclamo sólo reciben represión.

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¿Por qué, entonces, si desde hace treinta años la Bonaerense y otras fuerzas no paran de crecer en número se siguen produciendo hechos que el Código Penal tipifica como “delitos”? Porque las mismas fuerzas están involucradas (por acción u omisión) en el llamado “gran delito”, es decir, el robo de autos, el narco, la trata y demás ilegalidades que no pueden ejecutarse sin, al menos, “la vista gorda” de la Policía como se vio en reiteradas oportunidades. Por eso pedir más policías para “acabar con el delito” es echar más nafta al fuego.

Párrafo aparte merece el contexto de las declaraciones de Berni que se dan, por un lado, en medio de su posible renuncia al cargo por las internas del gabinete provincial y, por otro, a días del anuncio virtual de un nuevo levantamiento policial. El tácito respaldo a los reclamos de los efectivos, las loas a su accionar, suenan al legado de un político que quiere seguir en carrera apoyándose en los reclamos policiales y en la derecha.

Pero más allá de las especulaciones políticas, lo que es evidente es que los mitos que construyen Berni, Fernández y la derecha, aprovechando incluso una situación tan dolorosa como la muerte de Lucas, sólo persiguen justificar el fortalecimiento del aparato represivo para darle una salida punitiva a la crisis que vive la Argentina.

Salida policial a la crisis social

Hoy la desocupación en el conurbano supera al 10 % de promedio nacional y entre las y los jóvenes se ubica entre el 16 y el 24 %. De los 2.400.000 puestos de trabajo creados, según el gobierno, entre 2020 y 2021, la amplia mayoría son precarios, “en negro” y flexibilizados. El 44 % de las y los habitantes del país son pobres. Ésta es la gravísima situación que viven millones de bonaerenses.

Lejos de apuntar a una verdadera salida a esta crisis, como la propuesta del FIT Unidad de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario equivalente a la canasta familiar, el Gobierno busca parches para contener, dándoles más facilidades a los empresarios para crear nuevos “empleos basura”, mientras la derecha va por una nueva reforma en pos de la flexibilización laboral. A esto se suma la proximidad de un acuerdo con el FMI que no hará más que profundizar las políticas de ajuste. Es evidente que gobiernan para los poderosos y no quieren afectar sus intereses.

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Y para cuando la contención no alcance, el Gobierno espera lograr un mayor fortalecimiento del aparato represivo. La derecha no tiene contradicciones en ese sentido. Éste es el objetivo de apuntar permanentemente a la saturación policial de los barrios (aprovechando cualquier hecho que la propia crisis genera para legitimarla): el control social extremo de las barriadas populares en una situación desesperante.

Ya lo vimos el año pasado con la cuarentena, cuando se produjo un inédito incremento del número de efectivos y de las atribuciones de las fuerzas represivas para limitar la circulación (que el propio Gobierno y los dirigentes opositores violaban) y que trajo como consecuencia la muerte de cuatrocientas personas, en su mayoría jóvenes, por gatillo fácil y otras formas de violencia policial.

Y las mismas fuerzas policiales desplegadas también fueron utilizadas para reprimir a obreros en conflicto, como los del Frigorífico Penta o los despedidos de Cresta Roja. Y a familias sin techo como las de Guernica.

No hay conclusiones apresuradas en las intervenciones de Berni, Fernández o los dirigentes de Juntos. Hay una decisión política de buscar una salida punitiva a la crisis para cuando la contención no alcance en lugar de crear puestos de trabajo de calidad y aumentar el presupuesto educativo.

La continuidad de estas políticas solo va a deparar que sigamos perdiendo vidas jóvenes. Por eso es necesario organizarse independientemente del Estado, para denunciar y enfrentar la represión y el punitivismo contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. El Frente de Izquierda es la única fuerza política nacional que se planta contra el fortalecimiento del aparato represivo. Para las fuerzas políticas tradicionales (patronales) en eso no hay grieta.