Cocaína adulterada. Fentanilo: ¿droga china o negocio yanqui?

El fentanilo es una droga sintética y legal bajo prescripción médica. Si bien para producirla no hacen falta semillas de amapola, se le dice opioide porque imita a la morfina, aunque su efecto es entre 50 y 100 veces más poderoso. De ahí proviene tanto su utilidad como tratamiento para pacientes con dolores crónicos o cáncer como su peligrosidad en caso de sobredosis. De ahí, también, el negocio para los carteles narcos, que con una dosis muy pequeña pueden aumentar el efecto de la heroína o la cocaína cortadas (y así disimular el corte).

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Aunque la llaman la “droga china”, el fentanilo fue desarrollado en los años ’60 por el laboratorio belga Janssen, ahora propiedad de Johnson & Johnson. Como muchas otras multinacionales norteamericanas (farmacéuticas o no), Johnson & Johnson tiene fuerte presencia en el gigante asiático: según páginas de la empresa, emplean alrededor de 10 mil personas, en más de 90 locaciones que incluyen Beijing, Shanghai y Guangzhou. De modo que si el fentanilo se produce fundamentalmente en China (como muchos otros medicamentos y casi todo lo demás) no parece ser solo responsabilidad de aquel país, aunque su gobierno sin duda favorece los negocios.

A la par que el mercado legal, se desarrolló el ilegal. En octubre de 2019 el diario The New York Times -basándose en información del Departamento de Estado yanqui- publicó que en China existen “entre 160.000 y 400.000 compañías químicas que operan legalmente, ilegalmente o en algún punto intermedio” y producen esta droga, que se puede comprar por internet y pagar con bitcoins, para recibirla en cualquier lugar del planeta. Así, el fentanilo, con su estatus legal, resistió mejor que otras sustancias las restricciones fronterizas implementadas desde la pandemia de Covid-19, lo que explica su creciente utilización por parte de los cárteles.

Es difícil imaginar que semejante negocio surja de la noche a la mañana. Sin embargo, las noticias sobre este tema, hasta 2016, son pocas. Recién con la asunción de Trump y la guerra comercial con China, aumentaron las presiones norteamericanas para que el gobierno de Xi Jinping incluyera al fentanilo dentro de las sustancias controladas. Esto sucedió en 2019 pero tanto la circulación de la sustancia como las muertes por sobredosis no dejaron de aumentar.

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Si bien la pandemia disparó el consumo de todo tipo de estupefacientes a nivel mundial, la historia del fentanilo empezó antes. En 1995 la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la liberación controlada del opioide oxicodona, con una ficha técnica en la que se decía que “el riesgo de adicción es muy raro y que la absorción retardada reduce el riesgo de abuso” (1).

La beneficiada fue Purdue Pharma, de la familia Sackler (más ricos que los Rockefeller), que lanzó al mercado la OxyContin y comenzó un intenso lobby hacia médicos e instituciones sanitarias. Ese mismo año hubo 87 millones de prescripciones de opioides en el país. A fines de 1998, la FDA aprueba Actiq (fentanilo). En 1999 las prescripciones aumentaron a 116 millones.

La dinámica no se detuvo. Entre 1995 y 2001, las ventas rondaron los 1.600 millones de dólares, alrededor del 80% de los ingresos de Purdue. En 2010, la cifra de beneficios se duplicó hasta los 3.000 millones de dólares. Para 2011, las prescripciones de opiáceos en EE.UU. llegaron a un pico de 219 millones y se calculó que tres de cada mil niños norteamericanos nacieron con síndrome de abstinencia neonatal a este tipo de drogas.

Finalmente en 2019 se demostró que el supuesto “bajo riesgo” de adicción que había aducido la FDA era falso. Purdue Pharma quebró luego de un aluvión de juicios y, meses después, se declaró culpable de tres delitos asociados a la comercialización de analgésicos opiáceos recetados.

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Pero el drama del consumo problemático no se acabó y la pandemia disparó las cifras. Entre abril de 2020 y abril de 2021, las muertes por sobredosis en EE.UU. crecieron casi un 30% con respecto al mismo periodo del año anterior (se pasó de 78.056 a 100.306 casos). Según la CDC, el 60% de ellas fueron causadas por abuso de opioides sintéticos.

Cabe preguntarse cuál es la relación entre el extendido uso de estos analgésicos y las condiciones laborales que imperan en EE.UU. Además de un sistema de salud privado que obliga a las familias a endeudarse para recibir atención médica, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no cuentan con licencias pagas por enfermedad. Sin duda una presión material muy grande para tomar lo más fuerte que ofrezca el mercado.

Por otra parte, la historia del fentanilo demuestra que el problema del consumo problemático no tiene que ver exclusivamente con las drogas ilegales. Más aún, el creciente uso y abuso de opiáceos legales creció paralelamente a la llamada "guerra contra las drogas" lanzada por Nixon en los años ’70 y fortalecida a nivel internacional tras la caída del muro de Berlín y totalmente extendida en las últimas décadas en regiones como América Latina a través de programas y financiamiento de agencias como la DEA, aplicadas por gobiernos locales de todo signo.

Pero, mientras a laboratorios como Purdue se le permitía envenenar legalmente a la población, Human Rights Watch (HRW) calculó en 2016 que cada 25 segundos una persona era detenida en EE.UU. por posesión de drogas para consumo personal, lo que arroja un promedio de 1,25 millones de detenciones por año. Según el informe, los afroamericanos "tienen dos veces y media más de posibilidades de ser detenido por tenencia de drogas y casi cuatro veces más probabilidades de ser detenidos por tenencia de marihuana" que los blancos, a pesar de que las cifras de consumo son iguales para todos los colores de piel.

Así, la prohibición solo sirvió para acrecentar el negocio de narcotraficantes y policías cómplices, impedir controles de calidad sobre la producción de ciertas sustancias y blindar todavía más el acceso a la ayuda sanitaria y psicológica para aquellos que la requieren.

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(1) Esta cita, así como las cifras de prescripciones de opioides en EEUU, fueron extraídas de Análisis histórico de la epidemia de opioides en Estados Unidos (Parte I), Esperanza Regueras Escudero y José López Guzmán, Universidad de Navarra, Pamplona, mayo de 2021. El resto de los datos fueron chequeados en distintos medios de comunicación.