Ajuste 2023. Flavia Royón: "Me toca el rol de mala, vamos a seguir con el retiro de subsidios en tarifas"

La secretaria de Energía Flavia Royón, reconoció que el gobierno del Frente de Todos seguirá con el ajuste vía aumentos de tarifas, a pesar de ser un año electoral. La funcionaria dijo que le toca desempeñar el “rol de la mala”, ya que sería más cómodo ante los próximos comicios “no tener que ajustar tarifas”, en diálogo con el canal IP.

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“Vamos a tener que seguir con el retiro de subsidios, vamos a tener que seguir actualizando las tarifas porque lo que a la gente le interesa, en última última instancia, sobre todo en el Área Metropolitana y en muchas áreas del país que también pueden tener problemas, es recibir un servicio de calidad y eso sólo se logra manteniendo remuneraciones acordes para que las inversiones se puedan realizar", aseguró Royón.

En Argentina es una historia largamente conocida la de los cortes de luz y la deficiencia de todos los servicios públicos privatizados. En diciembre pasado, se volvió a confirmar. Durante un fin de semana y solo en el AMBA, casi 600 mil usuarios no tuvieron suministro eléctrico cuando la temperatura llegó a los 40° de sensación térmica. Ni hablar de los cortes de año nuevo.

Esto a pesar de que solo con Macri, según un relevamiento hecho por el diario Ámbito Financiero, se estima que durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, las tarifas de luz y gas en el AMBA estuvieron entre el 1.500% y el 5.500%. Ningún sueldo subió a ese ritmo.

El Frente de Todos prometió retrotraer esos aumentos en campaña electoral, pero se guardó sus promesas en el bolsillo después para complacer al Fondo Monetario Internacional. Las subas de tarifas continuaron con la gestión de Fernández. Ni bien asumió Massa como ministro de Economía, se comprometió a aplicar un plan de quita de subsidios a la energía, con el objetivo de alcanzar el famoso “déficit cero” que le exige el organismo.

Royón quiere hacer pasar el plan de segmentación de tarifas para la quita de subsidios, como un mecanismo que hará pagar más a los que más tienen. Sin embargo, según denunció este medio, se estima que 9 millones de usuarios podrían sufrir fuertes aumentos en el marco de este plan. La cifra surge de la cantidad de hogares que no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios (que son unos 4 millones), más los hogares que excedan el consumo de los 400 KwH (que podrían alcanzar los 5 millones).

Estas empresas no invierten las sumas millonarias que ganan año a año con la electricidad, el gas, el agua, que la población necesita para sus necesidades más básicas. Es inadmisible que el sistema permita que con estos derechos vitales, haya empresarios que hagan ganancias. Pero más inadmisible aún es que esos servicios valgan cada vez más caros, mientras se vuelven cada vez más ineficientes y dejan afuera a cada vez más parte de la población. Muestra de esto último, es la cantidad de usuarios a los que las prestadoras les quitan el medidor y les ponen luz prepaga que funciona con tarjetas recargables en kioscos, como la SUBE. Esto es porque saben que las familias tienen cada vez menos recursos y a duras penas comen. Temen que no les paguen la luz.

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El Gobierno habla de subir las tarifas para garantizar un servicio de calidad, mientras sabe perfectamente que ajusta los bolsillos populares para que los empresarios del transporte y la energía fuguen sus ganancias y las escondan en paraísos fiscales. Las empresas prestadoras de electricidad, que además estafan una y otra vez al Estado, reciben premios como la condenación de deudas. Las empresas que más derrochan energía y recursos en la industria, la agroindustria y las actividades extractivas contaminantes, son liberadas de pagar muchos impuestos y gozan de beneficios de todo tipo. Detrás de los tarifazos están los bolsillos de los empresarios amigos de todos los gobiernos, cuyas ganancias siempre suben.

Como ya ha explicado este medio “mantener los ingresos de las empresas privatizadas de servicios públicos es un costo importante para el Estado, por este motivo el FMI viene exigiendo que sean los consumidores quienes lo paguen. La refinanciación de las deudas es parte del plan de ajuste que incluye la suba de tarifas en curso.

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En lugar de priorizar el negocio de las privatizadas, los servicios de electricidad y gas deberían ser nacionalizados en todas sus etapas (producción, transporte y distribución) bajo gestión de los propios trabajadores y con control de usuarios populares para brindar un servicio de calidad, sin cortes. Se hace cada vez más urgente avanzar en planificar todo el sector energético en todas las etapas productiva, en función de las necesidades de las mayorías”.