Europa. Francia: el movimiento obrero entre leyes antihuelgas y represión sindical

La huelga de los controladores de la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses Société nationale des chemins de fer français por sus siglas en francés. N de T.) convocada del 15 al 19 de febrero para exigir aumentos salariales es la ocasión para un estallido de odio de clase en los medios de comunicación. Todas las mentiras son buenas para atacar al movimiento sindical. En TF1 (canal de televisión francés), por ejemplo, podemos saber que un controlador comienza su carrera con 2.900 € brutos y termina con 4.400 €. Uno se pregunta por qué quienes nos gobiernan son directores de recursos humanos, directores de grandes grupos, diputados y no trabajadores ferroviarios y por qué la SNCF se enfrenta a tantas renuncias y dificultades de contratación.

Amenazas brutales contra el derecho de huelga en un contexto de represión sindical

Esta propaganda es la base de amenazas brutales contra el derecho de huelga de todos los trabajadores. Mientras Eric Ciotti (presidente del derechista "Los Republicanos" -LR-) promete nuevas leyes antihuelgas, en el Senado la Unión de Demócratas e Independientes -otro de los partidos de la derecha francesa- ya ha propuesto una ley que pretende conceder al gobierno 60 días al año durante los cuales podría prohibir el derecho de huelga por decreto. El lenguaje rígido de Gérard Larcher (LR), presidente del Senado, se hizo eco de esto: “No digo que debamos prohibir [el derecho de huelga durante las vacaciones], digo que debemos adoptar dispositivos que garanticen que "la conclusión de la huelga no es una toma de rehenes".

Buscando hacerse amigo de los trabajadores, la Agrupación Nacional de Jean Marie Le Pen (Rassemblement national -RN- por sus siglas en francés. N de T.) expresó varias opiniones pero con el mismo tono: la ofensiva antisindical. Si por un lado el vicepresidente del partido, Sébastien Chenu, afirmó en Franceinfo que no estaba "a favor de prohibir el derecho de huelga en nuestro país", denunció "la forma", es decir, una huelga en plenas vacaciones. La Agrupación Nacional también condenó a los “sindicatos [que] siempre optan por el conflicto directo y penalizan a los usuarios”. Un discurso y varias voces que, si bien ilustran el intento de la RN de no alejar a sectores de su base social, muestran claramente que en el fondo, el partido de extrema derecha se opone directamente a los trabajadores, a sus métodos y a sus organizaciones.

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Del lado del macronismo, el temor a una nueva crisis agudiza el entusiasmo antihuelga. “La cuestión no es el derecho de huelga, sino saber hasta qué punto no abusamos de él”, explicó en Sud Radio el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu. El presidente de los senadores macronistas, François Patriat, explicó por su parte que se estaba reflexionando sobre "todas las novedades" que permitirían regular "estas huelgas inoportunas, redundantes y renovadas". Otras voces, en un juego de superioridad, piden que los controladores jubilados se movilicen para romper la huelga.

El primer ministro Gabriel Attal “saludó a los ferroviarios que no se suman al movimiento social”. Si afirmó formalmente que “la huelga es un derecho”. Attal, que nunca trabajó, declaró sobre todo que “trabajar es un deber”. Sin embargo, trabajar no es un deber: es una necesidad para quienes, a diferencia de nuestro gobierno de millonarios, no viven del trabajo de otros. Y cuando las condiciones laborales ya no son tolerables, se organizan, hacen huelga y recuerdan a todos que sin ellos nada funciona. Esto es lo que no pueden tolerar el gobierno y la derecha, que responden con multas, despidos, procesos penales e intervenciones policiales.

Esto es lo que hizo el gobierno durante las grandes huelgas contra las jubilaciones, enviando a sus policías a requisar refinerías en sus casas a las 6 de la mañana, delante de sus hijos, y enviando policías antidisturbios para obligar a los recolectores de basura parisinos a regresar a sus camiones. A finales de 2023, el gobierno también limitó el derecho de huelga de los controladores aéreos, al exigir a los empleados que se declararan en huelga con dos días de antelación.

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En los últimos meses también se ha extendido por todo el país una atmósfera de caza de sindicalistas. Un revanchismo empresarial posterior a la reforma de las pensiones que se tradujo en intentos de despidos y persecuciones penales, especialmente en el sector energético. De este modo, 1.000 sindicalistas de la CGT serían procesados ​​por hechos relacionados con la reforma de las pensiones. Al mismo tiempo, continúan los casos de represión sindical en las empresas, como el secretario de la UL CGT de Roissy despedido por Transdev (multinacional francesa de transporte), o la ofensiva contra Christian Porta, delegado sindical de la CGT en Neuhauser, acusado de “acosar” a su dirección, este último es un ejemplo particularmente brutal de esta tendencia.

Unidad de todos los trabajadores contra los ataques del gobierno y los empleadores

Empiezan a conocerse las primeras medidas de la futura ley “France Travail” que recortará los derechos sociales. Uno de ellos propone aumentar los umbrales para generar obligaciones sociales. El deseo es claro: intensificar la ofensiva contra los sindicatos combativos en las empresas, evitar las negociaciones anuales obligatorias y no obligar a las empresas a comunicar cierta cantidad de información a los empleados electos de los sindicatos. Se facilitarán así los planes sociales y, en general, la dictadura patronal cotidiana con su cuota de humillaciones y deterioro brutal de las condiciones laborales, mientras que 38 personas ya habrán muerto en el trabajo en 2024, según las estadísticas.

La crisis del sistema capitalista promete, en el corto plazo, cada vez más crisis económicas y sociales por las que el gobierno y los empleadores harán pagar a los trabajadores. Este ambiente de caza de sindicalistas y de derechos de los trabajadores es el trabajo paciente y diario de los empresarios que quieren afrontar las próximas grandes batallas en las posiciones más favorables: con una clase obrera más explotada, menos organizada, con la cabeza bajo el agua y dividida empresa por empresa, sector por sector.

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No podemos permitirnos el lujo de dejarles llevar a cabo sus maniobras. Debemos trabajar por la unidad de nuestra clase contra la propaganda patronal y contra cualquier desafío a nuestros derechos. Es necesaria inmediatamente una campaña nacional de todas las organizaciones del movimiento obrero para la defensa unida, y no dispersa, de todos los trabajadores amenazados por los empresarios y su justicia. Desde este punto de vista, la denuncia de la CGT de los juicios a sindicalistas en curso en las últimas semanas es un punto de apoyo. Sin embargo, para hacer retroceder al Estado y a los patrones, debe ir de la mano de un plan de lucha.

En este terreno, la postura de las direcciones sindicales, ancladas en el diálogo social con el Estado y los empresarios, está muy alejada de las necesidades del momento y de la ofensiva planeada por el bando patronal-gubernamental. La aparente confianza de Macron o de LR en provocar nuevos ataques contrasta, sin embargo, con los signos de fiebre que han mostrado en los últimos meses, marcados por las crisis. Esto se debe a que uno de los raros elementos de estabilidad que han podido encontrar en la situación es la ausencia de cualquier perspectiva de lucha desde las cumbres sindicales, que sólo parecen capaces de pedir de una manera tan educada como impotente ante el gobierno para que retire sus contrarreformas. Sin embargo, y estos últimos meses nos lo han demostrado con la ley de inmigración, los ataques contra la RSA (prestación mensual destinada a personas sin recursos o cuyos ingresos son escasos) y las amenazas actuales contra la huelga y el sindicalismo: cuando el movimiento obrero no avanza, el gobierno aprovecha el respiro para impulsar sus ataques.