Tortura y desaparición forzada entre las acusaciones más graves entre más de un centenar de denuncias levantadas en la CNDH el último año.
Lunes 15 de junio de 2020
La Guardia Nacional, corporación policíaca creada durante el gobierno de AMLO, ha estado en las calles poco más de un año (de febrero 2019 a marzo 2020). En ese período, se han levantado ya más de cien quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a derechos humanos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos e intimidación, y según investigadores de Derechos Humanos, existe menos de 1% de probabilidad de que estos elementos enfrenten la justicia.
La mayoría de las agresiones han sido contra personas migrantes, tanto en zonas fronterizas, centros de detención migratoria así como a lo largo del territorio nacional en las zonas de traslado de migrantes.
Recientemente, según denunciaron medios e integrantes del Colectivo de
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, 50 migrantes protestaron en un centro de detención migrante de Tapachula, Chiapas, y fueron brutalmente reprimidos por la GN, que les tiró gases lacrimógenos y aplicó descargas eléctricas sobre sus cuerpos (tortura), para después subirlos a un autobús que los desapareció durante varias horas, siendo presentados con vida debido a la presión de los observadores de derechos humanos.
Lejos de “pacificar al país” como anunció AMLO que haría la GN, esta corporación conformada por militares, marinos y policías federales ha demostrado en tiempo récord que no importa el nombre que lleven, las coporaciones policíaco militares están al servicio de la defensa y protección de la propiedad privada de los empresarios y sus intereses.
Ya sea reprimiendo migrantes, despojando pueblos originarios de sus territorios para entregarlos a grandes empresas, o reprimiendo protestas sociales, la GN ha obtenido en tiempo récord una insignia que la distingue por su carácter violento.
Frente a este escenario se vuelve indispensable exigir la desmilitarización inmediata del país, así como la disolución de los cuerpos represivos, a la par de la exigencia por libre tránsito y plenos derechos políticos y civiles para toda la población migrante.
