Entrevistamos a Natalia Hormazabal, abogada querellante del CeproDH en los juicios de la causa denominada “La Escuelita” que se desarrolla en Neuquén, habla de los delitos sexuales contra las mujeres en la última dictadura en Argentina.
Domingo 2 de mayo de 2021 10:23
Natalia Hormazabal es querellante en causas de lesa humanidad, concejala del Frente de Izquierda y abogada de trabajadores, en este nuevo tramo del juicio “La Escuelita”, relata la importancia de investigar y juzgar el abuso sexual como delito. El caso de Dora Seguel. El trato hacia las mujeres durante las detenciones ilegales en la última dictadura y la perspectiva de género en los juicios de lesa humanidad.
¿Por qué crees que es importante que en este tramo del juicio se investigue y juzgue el abuso sexual como un delito autónomo?
Porque es fundamental para mostrar plenamente los objetivos del plan genocida. Esas violencias específicas tenían por finalidad destruir a mujeres y varones como individuos, y también como colectivo. Dentro del plan, las violencias sexuales eran una práctica usual que reproducía en esencia la aberrante condición a la que eran reducidas las víctimas, como “objetos” negados de humanidad de los que los agentes podían disponer, ya sea como castigo, como fuente de información, pero sobre todo como un modo de “aniquilar” a la persona.
Por los relatos de les sobrevivientes y las pruebas contundentes que han sido presentadas en los juicios, pudimos comprender que las violencias sexuales como forma específica de torturas, no eran hechos o actos individuales, ni excepcionales, sino que constituían prácticas cotidianas tendientes a la destrucción anímica, moral y física de las personas detenidas como parte del plan sistemático del genocidio. Y, como quedó probado, no han sido una excepción los centros clandestinos de detención de la región.
Este tipo especial de violencia sirvió como un instrumento más de ataque, al igual que los golpes, la picana, u otro tipo de vejámenes, pero con una específica finalidad: no hay líbido ni lujuria en esos ataques. Hubo un plan para aniquilar para siempre a las personas, y para eso “el último territorio” al decir de Rita Segato, como resulta el cuerpo, fue el lugar propicio y elegido conscientemente por los genocidas. Todas las torturas persiguieron el mismo objetivo: causar dolor, doblegar la resistencia de las víctimas, conseguir información, producir efectos de control y disciplinamiento social, pero sobre todo aniquilar.
Nosotras partimos de un concepto amplio de violencia sexual que no se reduce tan solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del centro clandestino de detención, el denigrar particularmente a las mujeres en esa condición de género. “Puta, guerrillera, idiota, tarada, no servís para nada” Todos esos insultos buscaron romper esa resistencia de las mujeres militantes.
En ellos no solamente se atacaba la salud física o mental en términos de tratamiento cruel como la tortura, sino también las violaciones a la integridad personal, que involucra el acoso, abuso o violación sexual. Por ello, entendemos que por los crímenes sexuales son penalmente responsables, tanto los autores directos como aquellos que en la estructura de poder mantuvieron el dominio y control sobre todo o parte del aparato organizado de poder. Para nosotras todos son co autores, porque era un “plan” donde en cada práctica había roles.
El caso de Dora Seguel es paradigmático porque abrió la puerta a que en la región se denunciaran las violencias sexuales y que hoy se juzgue como un delito específico. Cómo es eso.
Dora Seguel, ha sido pionera en denunciar en la región. En 2011 sintió que tenía que hacerlo por ella, sus hermanas y todas las compañeras. Una y otra vez relató en detalle los hechos de abuso sexual y las violaciones que sufrió en Cutral Có y Bahía Blanca. Pero también con valentía, las violaciones que sufrió su hermana Argentina y otras compañeras en el Centro Clandestino de Detención La Escuelita.
Ella ha sido muy valiente en poner en palabras estas violencias que sufrieron mujeres y varones, pero que era una especie de tabú o vergüenza agregada a todos los tormentos padecidos. Eso también, producto del patriarcado, fue algo con lo que contaban los genocidas: que ese dolor silencioso, atravesara a cada víctima, rompiendola en mil pedazos. Pero con Dora no pudieron “yo era militante, sabía lo que me esperaba. Por eso decidí salir gritando mi verdad”, la escuchamos en la sala de audiencias. Esa fuerza infundió de valor a otras víctimas.
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En tu experiencia como querellante en los juicios de La Escuelita, ¿cómo analizas que fue el trato hacia las mujeres durante las detenciones ilegales en la última dictadura? ¿Se visibilizó eso en los juicios?
Las violencias sexuales fueron parte del plan genocida que buscó disciplinar y aniquilar a las mujeres en “su último territorio” como es el cuerpo, y con ello también destruir la organización de la clase obrera que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los grandes capitalistas. Y para para avanzar en la reestructuración económica, política, social, sindical y cultural del país, el plan genocida también intentó imponer un “disciplinamiento de género” y desarrolló un particular ensañamiento sobre las mujeres por considerarlas doblemente transgresoras: tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar, como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo, que es el patriarcado.
Que ellas asumieran su “destino natural”, como esposas y como madres, era un elemento clave para esos fines. La historia ya había demostrado que cuando las mujeres se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormemente. En medio de un proceso profundo, que también incluyó el resurgimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional, los inicios de la última dictadura en Argentina ya señalaban, con un importante protagonismo de jóvenes y trabajadoras, la potencialidad de esa alianza.
Entonces, para fortalecer la valoración del mundo privado-femenino, de las tareas del hogar, el cuidado y la crianza, la dictadura condenó con particular ensañamiento a las que cuestionaban con su práctica esos mandatos y roles. Y por eso se trataron de crímenes “públicos”. No hubo actos de excitación o líbido. Era una de las herramientas de destrucción.
El plan genocida diseñó la teoría de “la subversiva”, como aquélla mujer que transgredía la supuesta esencia femenina. De ahí la acusación a las Madres de Plaza de Mayo por “no haber cuidado lo suficiente a sus hijos”.
¿Se incluye la perspectiva de género en los juicios de lesa humanidad?
Lógicamente que el patriarcado también ha atravesado estos juicios, como atraviesa la vida. Es increíble que recién en el año 2021 en esta jurisdicción se juzguen por primera vez de manera autónoma, las violencias sexuales, cuando desde el inicio mismo y la instrucción de estas causas todo esto ya estaba denunciado. La mayoria de los operadores de la justicia son varones: los tribunales orales en la región siempre han estado compuesto por varones. Sólo nuestra querella ha estado compuesta siempre en cada juicio, por mujeres abogadas. Entonces no es nuevo que surjan las violencias sexuales, sí es novedoso que se las considere como corresponde, aunque no debiera serlo.
Hace años que hemos escuchado a valientes mujeres y varones relatar violencias sexuales, pero ¿hemos escuchado? La justicia y sobre todo los jueces y fiscales, ¿han escuchado? Nuestra querella, integrada por feministas socialistas, ha desarrollado la temática ya en el primer juicio del año 2008, reiterando en juicios posteriores, pero entendiendo a esta particular especie de torturas, también como constitutiva del delito de genocidio.
Quedan audiencias y conocer otros casos. ¿Cuál es la expectativa en este tramo?
Como en cada juicio, que se conozca “la verdad histórica” de compañeros y compañeras cuyos casos se juzgarán en este tramo, que tal vez, sea el último en llegar a juicio. Queda un tramo que investiga la responsabilidad de jueces y funcionarios durante la dictadura genocida, pero producto de chicanas judiciales y escollos que ponen los imputados porque han sido parte de esa justicia, aún no supera la instrucción.
Queda mucho pendiente aún. Queda la responsabilidad de los civiles de la región. 45 años después de ocurridos estos hechos, con el pacto de impunidad que se sostiene al día de hoy, seguimos sin saber qué ha ocurrido con los desaparecidos y desaparecidas, con niños nacidos en cautiverio como el bebé del matrimonio Metz; y todo ello por que el Estado nos adeuda la apertura de los archivos de la represión.
Pero estas instancias tienen mucho de lucha, de saber que ningún gobierno a esta parte nos regaló nada. Con los organismos de Derechos Humanos a la cabeza, Las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, la APDH y los que nos sumamos luego, logramos sentar en el banquillo de acusados a los genocidas. Este y cada juicio, aún en sus límites, es logro de la lucha.