Presupuesto 2024. Huelga y protestas en Italia contra el ajuste fiscal de la derechista Giorgia Meloni

El viernes 17 de noviembre, miles de trabajadores de los servicios públicos y del sector privado de Italia se declararon en huelga y se manifestaron contra el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni. La jornada de lucha fue convocada por la CGIL y la UIL, dos de las tres mayores centrales sindicales del país, que reunió por primera vez en años a varias decenas de miles de trabajadores de diferentes sectores en todo el país. En determinados sectores estratégicos las cifras de movilización alcanzan el 80% como en la logística o el 70% en el transporte ferroviario, según la CGIL .

En el centro de la protesta está el proyecto de presupuesto para 2024 que incluye un duro ajuste fiscal y un ataque directo a los salarios, las pensiones, la salud y asistencia social, mientras reduce impuestos a los más ricos.

A pesar de que el Gobierno que buscó judicializar la huelga mediante la presentación de un amparo para limitar las acciones declarando a los transportes servicios estratégicos, solo pudo reducir en algunas áreas la paralización a 4 horas durante el día, mientras que el resto se mantenían durante toda la jornada.

El paro fue de 8 horas para el sector público, escuelas, salud, correos, a nivel nacional y local, mientras que la presentación judicial del Gobierno afectó a autobuses, metro, trenes y ferries que fueron a la huelga por 4 horas.

En el sector privado la huelga se realizó con fuerza desde los metalúrgicos hasta la construcción y el comercio en todo el país con paralizaciones escalonadas. De hecho, la movilización de la CGIL y la UIL se divide en cinco días de huelgas a nivel interregional: tras la primera del viernes fue el turno de Sicilia, el lunes 20 de noviembre; el viernes 24 serán las regiones del Norte; el lunes 27 para Cerdeña y, finalmente, viernes 1 de diciembre para las regiones del Sur.

Los estudiantes también participaron y varias universidades se movilizaron para exigir una reforma del sistema educativo y de las "pasantías" gratuitas que el Gobierno instruyó para que realicen en empresas donde cada año muchos jóvenes resultan lesionados. También exigen la ampliación del acceso a becas, el fin del establecimiento de pasantías obligatorias en las escuelas secundarias así como la cobertura sanitaria.

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Un presupuesto de ajuste

Varios miles de manifestantes marcharon por toda Italia para denunciar el presupuesto presentado para 2024 impulsado por el Gobierno de extrema derecha de Meloni, que incluye una serie de ajustes fiscales y austeridad. El principal se refiere a las pensiones y prevé endurecer considerablemente las condiciones de acceso a la jubilación antes de la edad legal, que es a los 67 años.

Si en la actualidad la mayoría de los trabajadores pueden jubilarse a los 62 y 64 años, el proyecto de ley pretende reservar este derecho a los trabajadores más ricos estableciendo sanciones más severas para aquellos que se jubilen antes de los 67 años. Condiciones que se reforzarán aún más para los trabajadores de los servicios públicos mediante una ley aprobada previamente.

El proyecto de ley propuesto por Meloni también pretende atacar brutalmente los servicios públicos, con una ola de privatizaciones de bienes públicos que ascendería a 20 mil millones de euros en el período 2024-2026. A esto se suma la propuesta de retirar cuatro mil millones de euros del presupuesto de las autoridades locales, que a su vez tendrán que sacar de la dotación destinada a los servicios públicos locales. Ataques que pretenden favorecer al sector privado, desde las empresas hasta los servicios sanitarios privados, a los que el gobierno promete destinar 600.000 euros.

Quitar a los pobres para dárselo a los ricos es el objetivo del gobierno de extrema derecha. En efecto, "el gobierno de Meloni prevé 8 mil millones de euros en recortes de gastos que serán absorbidos íntegramente por los 24 mil millones de euros en recortes de impuestos previstos", según Mediapart .
Se trata de un programa "clásicamente neoliberal" que recorta el "gasto social", como el fondo de ayuda al gasto energético de las familias de bajos ingresos, que se reducirá a la mitad, y reduce los impuestos que beneficiarán a los sectores más ricos del país.

Estos ataques de austeridad a gran escala que el gobierno está planeando forma parte de una serie de ofensivas antisociales, como la eliminación de la RSA (asistencia sanitaria a personas sin recursos).
Desde que llegó al poder, la extrema derecha de Meloni ha aplicado una política neoliberal que afecta directamente a los trabajadores y las clases trabajadoras italianas: mientras que la fortuna de los activos de los multimillonarios italianos ha aumentado en alrededor de 13 mil millones de dólares, un 60%.

Ante la movilización del viernes contra la austeridad, el ministro de Transportes, Mateo Salvini, intentó desacreditar la bronca de los trabajadores italianos, diciendo que solo querían tener un "fin de semana largo", el mismo argumento que utilizan los gobiernos de derecha en todo el mundo. De esa forma buscó atacar el derecho a huelga con las presentaciones judiciales para que todos los servicios sean considerados esenciales. Este tipo de ataques al derecho a huelga ya habían sido tratados de aplicar por gobiernos como los de Reino Unido o Francia durante las oleadas de huelgas por salarios de los últimos dos años.

Mientras el gobierno italiano lidera una ofensiva antiobrera y aumenta las reformas de austeridad, el día de huelga nacional del viernes 17 fue sólo un primer paso que podría servir como punto de apoyo para construir una movilización general contra el gobierno de extrema derecha de Meloni, que ha estado librando una guerra desde hace más de un año contra los trabajadores, los sectores más precarizados, los inmigrantes y las personas LGBT .