El 4 de noviembre la agencia Interpol emitió una orden de detención sobre veinte ex cargos franquistas, imputados por crímenes de genocidio por la jueza argentina Servini de Cubría. El Gobierno y la Policía española se niegan a cumplir la orden, al igual que lo hicieron en un caso anterior.
Josefina L. Martínez @josefinamar14
Viernes 14 de noviembre de 2014
La jueza argentina Servini de Cubría lleva adelante la única causa judicial que existe en todo el mundo contra la represión del franquismo.
En esta causa, conocida como la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, están imputados y con pedido de detención 20 represores franquistas, ministros, policías, y jueces.
El Ministro de Defensa español ya se ha pronunciado contra el pedido de detenciones a los franquistas (uno de ellos falleció recientemente), diciendo que esos crímenes “estás prescritos en España” y amparándose en la Ley de amnistía de 1977.
Son los mismos argumentos que el Gobierno español adujo cuando la jueza argentina pidió la detención de los represores y torturadores José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y Jesús Muñecas.
Entre los imputados se encuentra Martín Villa, exministro del régimen franquista, acusado por su responsabilidad en la matanza obrera de Vitoria, en marzo de 1976.
En ese momento fueron asesinados por la Policía cinco trabajadores , en medio de una represión brutal de más de cien heridos. Se vivían los años de la “Transición” española, y las huelgas obreras eran fuertemente reprimidas. Veinte años más tarde, Villa era recompensado por sus “servicios” a la Transición española, cuando el gobierno de Aznar lo nombró presidente de la empresa estatal de electricidad Endesa, para liderar el proceso de privatizaciones.
En el año 2003, con Aznar como presidente y Rajoy como vice, Martín Villa fue nombrado coordinador de las tareas relacionadas con la catástrofe del hundimiento del Prestige. En ese entonces Mariano Rajoy aseguró que el nombramiento de Martín Villa se fundamentaba en su "acreditada trayectoria de servicio al Estado y a los intereses generales".
Villa ha asegurado esta semana que está dispuesto a declarar ante la jueza argentina, y que no quiere resguardarse en la Ley de Amnistía, ya que “para eso tenía que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley”. Pero aún no ha resuelto con sus abogados si efectivamente hará esa declaración ni dónde.
Otro de los imputados que mantiene lazos íntimos con el Partido Popular es Utrera Molina. Él está imputado por firmar la orden de fusilamiento del joven Puig Antich junto al resto de miembros del Consejo de Ministros de 1974.
En el Congreso de los diputados, grupos parlamentarios de AMAIUR, ERC, BNG, Compromís, GeBai y la Izquierda Plural, solicitaron la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que explique cómo el gobierno llevará a cabo el pedido de detención contra los franquistas acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
La Querella Argentina se inició el 14 de abril de 2010, cuando un grupo de familiares y represaliados por el franquismo interpusieron una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina, para pedir que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los condene.
El abogado de la Querella, Carlos Slepoy, denunció la posición del gobierno español que mantiene la impunidad y anunció que seguirán con las denuncias en todo el Estado y dónde sea necesario hasta lograr que se condene a los represores.
Josefina L. Martínez
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Autora de No somos esclavas (2021). Coautora de Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios.
