Rafael Crispín fue detenido este jueves en un operativo ilegal de corte de luz a vecinos del barrio Nueva Unión de Rafael Castillo. La criminalización de la pobreza como respuesta a la necesidad de vivienda.
Viernes 5 de febrero de 2021
El militante del Polo Obrero y padre de tres hijos estaba filmando con un celular el violento operativo policial para cortar el suministro eléctrico cuando fue tirado al piso, golpeado y llevado detenido a la comisaría de Rafael Castillo en La Matanza. Los vecinos del barrio Nueva Unión que se movilizaron a exigir la liberación fueron reprimidos en la puerta de la comisaría y luego se enteraron que a Crispín le hicieron una causa con la carátula de “tentativa de homicidio agravado”. Esa fue la respuesta que el municipio de Fernando Espinoza le dió a las familias que hace meses que vienen luchando por vivienda digna.
La grave acusación sostiene que en una de las manos Rafael portaba un machete con el que estaba trabajando en el predio. Los vecinos del barrio Nueva Unión plantean que tienen pruebas donde se muestra la provocación de la policía y que es otra causa armada, tal como tiene acostumbrado la Bonaerense en La Matanza bajo las órdenes del intendente Fernando Espinoza.
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Desde las 8 de la mañana de este viernes se concentraron en la puerta de la Fiscalía N°13 de San Justo organizaciones de derechos humanos como APDH, Pablo Pimentel, CeProDH, las corrientes del Polo Obrero, PTS, PO, La Red de Trabajadores Precarizados y el MST y la presencia del Suteba La Matanza que exigieron la liberación y el cambio de carátula, junto a vecinas de la Asamblea Permanente de Guernica que se acercaron a exigir la liberación y a avanzar en la coordinación de quienes siguen la pelea por tierra, vivienda y trabajo.
Nathalia González Seligra, dirigente del PTS y miembro de la conducción del Suteba La Matanza, declaró en las puertas de la Fiscalía que "hoy se demostró que la Justicia, la Policía y el poder político están todos juntos contra los trabajadores y el pueblo. La causa de tentativa de homicidio, que es una truchada absoluta y un agravio enorme para los luchadores populares, no podemos permitir que quede como antecedente. El patrimonio de la clase trabajadora argentina es pelear por las libertades democráticas y por los derechos elementales como la tierra, la vivienda y el trabajo. No podemos permitir esta criminalización absurda por los derechos que hemos conquistado".
Este ataque sobre los sectores populares se da en el marco del plan de seguridad que el intendente Espinoza, junto a Berni y el gobernador Axel Kicillof anunció este miércoles como "la mayor inversión de la historia en materia de seguridad en el distrito” con una partida de $1.500 millones. Se hace evidente que la política de los gobernantes es la contracara de la realidad de las miles de familias que pelean por el derecho a la vivienda, y que la represión es la respuesta que preparan para los trabajadores que día a día ven deteriorados sus ingresos ante la inflación, además de las suspensiones y despidos.
