Una medida cautelar ordena que el radical Juan Carlos Ruíz sea restituido en su cargo. Concejales del FpV denuncian contradicciones en la jurisprudencia y solicitarán revocatoria.
Jueves 2 de febrero de 2017
El Superior Tribunal de Justicia emitió el martes una medida cautelar que dejó sin efecto las resoluciones de los ediles que habían suspendido a Ruiz por 120 días en el marco de denuncias por “malversación de fondos” y “pago de sobresueldos”. La medida cautelar dictaminada por Clara de Falcone, presidenta del STJ, tiene una validez por 120 días.
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Cristian Ancheta, presidente del Concejo Deliberante, junto al asesor legal Roberto Moya se hicieron presentes en la Fiscalía de San Pedro para ratificar y ampliar la denuncia que habían realizado el viernes de la semana pasada. Una vez en el establecimiento fueron notificados de la medida cautelar. Ancheta defendió la actuación del Concejo asegurando que “estuvo ajustado a derecho conforme la ley 4.466”, y calificó como "inédita" la medida cautelar que emitió el STJ.
"No tiene precedente en la Justicia jujeña -analizó. Es contradictorio, porque hace una semana el mismo Superior Tribunal emitió un dictamen del vocal Pablo Baca en el caso del municipio de Fraile Pintado contra el Concejo Deliberante, donde no le hace lugar a la medida cautelar, y entre sus fundamentos dice que emitir una opinión sería intromisión en otro poder del Estado”.
La Comisión Investigadora que se constituyó en el cuerpo legislativo de El Talar presentó documentación en 400 fojas de elementos de prueba, donde consta la malversación de fondos de la Soja y 15 hechos de corrupción (entre ellos el pago de sobresueldos, beneficios sociales mal entregados,etc). El material que incrimina a Ruíz, fue entregado por el propio gobierno de la provincia a pedido de los concejales.
Los fondos de la Soja eran destinados a favorecer a la empresa Sonall SRL, cuyo dueño resulta ser el empresario y ex diputado nacional Marcelo Llanos, actual Legislador provincial por el peronismo massista que co-gobierna la Provincia junto a la UCR con la coalición "Cambia Jujuy" desde hace poco más de un año. Todo un negociado.
Cabe destacar que el Tribunal en cuestión está conformado por una mayoría radical que se incorporó con el gobierno de Gerardo Morales y una minoría peronista que dejó el anterior gobierno de Eduardo Fellner y Guillermo Jenefes. Tanto peronistas como radicales han aportado personajes nefastos a dicho Tribunal: La actual presidenta del STJ, la ex diputada radical Clara de Langhe de Falcone, fue funcionaria de Cultura en la Municipalidad de San Pedro durante el gobierno de facto. Una situación que comparte con Sergio Jenefes (hermano del ex vicegobernador) quien fue denunciado por organismos de DDHH por su participación en dos cargos como funcionario durante la última dictadura militar.
Queda en evidencia el cinismo de un Gobierno que se rasga las vestiduras contra la corrupción para legitimar la detención ilegal de Milagro Sala desde el 16 de enero de 2016, así como la absoluta parcialidad de una Justicia adicta que avala la persecución a opositores políticos, pero hace la vista gorda cuando la corrupción viene de funcionarios del actual oficialismo. Un modus operandi largamente conocido por la casta política y judicial del bipartidismo jujeño.
