Coronavirus. Jujuy: la “cuarentena” del Ministerio de Trabajo y la “flagrancia” de los empresarios

El martes por la noche, al cumplirse diez días de las primeras medidas dispuestas por el gobierno provincial y luego de conocerse el primer caso de covid19 en la provincia, el gobernador Gerardo Morales dio una nueva conferencia de prensa acompañado por el vicegobernador Carlos Haquim y del Director Provincial de Sanidad del Ministerio de Salud de Jujuy y coordinador general del C. O. E., Comité Operativo de Emergencias, Omar Gutiérrez.

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Morales anunció la firma de un nuevo Decreto-Acuerdo estableciendo medidas que estarían dirigidas a la no propagación del coronavirus imponiendo una “cuarentena” obligada. Fiel a su estilo, y pese a reconocer el lamentable estado del sistema sanitario de Jujuy que cuenta con tan sólo 96 respiradores, dedicó casi media hora a culpabilizar a padres y hasta los niños que salen a jugar, “el grado de irresponsabilidad de la gente es tremendo… hay gente que tiene que dejarse de joder”, fueron algunas de sus expresiones.

Pero la “disciplina” que remarcó durante su discurso pareciese encontrar un límite infranqueable al toparse con los empresarios locales, quienes a pesar de la campaña de quedarse en las casas y de la paralización de la administración pública, continúan ganando plata a costa de la salud de los y las trabajadores/as del sector privado.
En Aceros Zapla el año comenzó con una nueva muestra de la desidia patronal, con agua contaminada en los sanitarios y las canillas para el aseo personal de los trabajadores, lo que motivó que los trabajadores hiciesen una huelga de "brazos caídos" en los turnos de trabajo.

Si bien las denuncias hechas por los trabajadores a la fábrica de Sergio Taselli por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene no son nuevas, la situación es cada vez más grave.

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En medio de la propagación del virus, resultan un chiste de mal gusto los discursos de reducción al máximo las posibilidades de contagio cuando la empresa no garantiza la provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores, así como tampoco brinda los elementos esenciales de higiene y limpieza como jabón, lavandina y alcohol en gel.

Los trabajadores vienen denunciando que continúan trabajando como si nada hubiera pasado, siendo que el sector de Acería es un lugar con constante polvo y gases que afectan las vías respiratorias, sin embargo no han recibido barbijos, elemento esencial de bioseguridad básico.

Han expresado también la preocupación por compañeros mayores de 60 años que siguen prestando tareas en la empresa pese a las licencias dispuestas a nivel nacional y provincial desde hace casi una semana. Igualmente indignante resultan el hecho de que no hayan licenciado a trabajadores que han sufrido ataques cardíacos o padecen de diabetes.

Los dichos del gobernador de que “hay cumplir las reglas, y hay que imponerlas” parecen encontrar su límite en la impunidad de las patronales como Zapla que en palabras de sus propios trabajadores “está totalmente ajeno a cumplir las medidas nacionales y provinciales”.

“A los que incumplan: flagrancia y multa” menos para los empresarios

Durante la conferencia de prensa de Morales las palabras más nombradas fueron “flagrancia” y “multa” frente a los incumplimientos de las disposiciones del Comité de Emergencia, autorizando a la policía a detener y aplicar multas entre 40 y 340 mil pesos, llegando a medidas como la prohibición de reuniones de más de 10 personas en las casas, propias de un régimen policíaco tal como vienen denunciando numerosos organismos de derechos humanos, sindicales y sociales.

Asimismo dispuso la posibilidad de aplicar los arts. 202, 203 y 205 del Código Penal, que establecen las penas para los delitos contra la salud pública, entre los cuales también se encuentra la adulteración de aguas potables. En ellos se dispone la prisión de 3 a 15 años para el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas (art. 202), se imponen multas $ 5.000 a $100.000 si se cometiese por imprudencia, negligencia, impericia o por inobservancia de los deberes a su cargo (art. 203) y la prisión de 6 meses a 2 años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia (art. 205).

El simple prontuario de un empresario vaciador como Sergio Taselli, responsable además de las muertes obreras en Río Turbio, las denuncias realizadas en el Ministerio de Trabajo Provincial y ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo por la existencia de agua contaminada dentro de la empresa –producto de las sustancias utilizadas por la propia fábrica- y el incumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno nacional y provincial no resultan suficientes para que el gobierno a través de su cartera laboral y la justicia penal actúen. Contrastando así con la rapidez y saña en la persecución contra los sectores populares que deben salir a trabajar para llevar el pan de cada día a sus casas, o con la judicialización de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que han denunciado y se han movilizado por derechos elementales como lo es el salario, las paritarias o contra los despidos.

Es evidente entonces que el incumplimiento con la provisión alcohol en gel, agua y jabón en sus instalaciones, o del respeto de las licencias establecidas encuentra su límite en la impunidad patronal.

Y es que la simple “invitación” a la actividad privada a tomar medidas acordes a la gravedad de la situación que estamos viviendo va de la mano con el desprecio por la salud y vida de los trabajadores y sus familias.

El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de abandonar la “cuarentena” en la que se encuentra, poniendo a los inspectores a recorrer y controlar que las empresas cumplan las medidas dispuestas a nivel nacional y provincial. Siendo fundamental la conformación de comisiones de seguridad e higiene con control de los trabajadores dentro de cada lugar de trabajo, la única forma de enfrentar seriamente el virus y de velar por la salud y la vida de las familias obreras.