Ayer el juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. No es la primera sentencia judicial que frena el tarifazo.
Miércoles 1ro de junio de 2016
Los sueldos cada vez más chicos y las tarifas cada vez más abultadas están cambiando el humor de la gente. Mientras los trabajadores bonaerenses siguen peleando por un aumento que supere el techo salarial miserable que quiere imponer el gobierno de María Eugenia Vidal, las tarifas y la inflación crecen a la par del descontento social.
A esto se suman las declaraciones de distintos funcionarios del gobierno macrista que lejos de calmar los ánimos, parecen tomarle el pelo a los trabajadores. Este fue el caso del Ministro de Hacienda, Adolfo Prat Gay que a principio de año señaló que los aumentos equivalían al “valor de dos taxis o dos pizzas”. Y días atrás, en la misma sintonía (fina, muy fina), el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren defendió los incrementos diciendo que “él tenía una planilla Excel y que tenía que cumplir con esa planilla”.
En lo que va del año los servicios de luz, gas y agua en la provincia de Buenos Aires aumentaron un promedio de 200%, todo un festín para los empresarios amigos que ya se habían llenado los bolsillos con los subsidios de la década kirchnerista.
Frente el descomunal incremento de la tarifa eléctrica -servicio esencial que los sectores más vulnerables utilizan para calefaccionar su hogar-, el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) realizó una presentación judicial ante el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, quien ayer dictó una medida cautelar suspendiendo el incremento de la tarifa. La resolución comprende a las empresas bonaerenses EDEA, EDELAP, EDES SA, y EDEN SA.
En sus fundamentos, el juez señaló que “no se hizo una audiencia pública con anterioridad a su aprobación para informar a la población, como tiene que hacer cualquier empresa respetando la Constitución Nacional, por lo que ahora tendrá que retrotraer los valores”. Y exhortó a que “se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.
Según la medida judicial, las empresas deberán “abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.
Imposible de pagar
En la misma sintonía, la semana pasada la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, frenó la aplicación del aumento de la tarifa de la luz en un hospital privado del partido de Tres de Febrero. Y ordenó la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por las resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
También, ordenó a la distribuidora eléctrica Edenor que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al centro de salud y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses..
Gestión obrera, tarifas empresarias
Una situación similar viven las empresas gestionadas por sus trabajadores como las ceramistas Zanon, Neuquén y Stefani, emplazadas en la provincia de Neuquén. La semana pasada, Cerámica Zanon recibió una factura de electricidad que pasó de $ 360.000 a $ 800.000. Este incremento, que equivale a tres veces lo que la gestión obrera destina al pago de sus sueldos, lo que pone en riesgo la producción y continuidad de los puestos de trabajo.
Haciéndose eco de las dificultades que atraviesan las empresas bajo control obrero, la diputada del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las recuperadas y las exime del pago de luz, gas y agua por 24 meses.
Al respecto, Myriam Bregman puntualizó que “presentamos este proyecto porque sabemos de la difícil situación que están viviendo los trabajadores de las recuperadas en todo el país, porque creemos que debemos hacer todo lo posible para salvaguardar los puestos de trabajo que se han defendido con la lucha a través de las cooperativas y las gestiones obreras desde el 2001 hasta hoy. Hablamos de lugares recuperados por sus trabajadores, que resistieron los despidos y la desocupación, poniendo las fábricas y empresas a trabajar bajo gestión obrera”.
