Al cierre de este artículo hay incendios forestales en 7 provincias de Argentina. En Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Río Negro ardieron bosques, pastizales, montes, chacras. En El Bolsón y Epuyén fueron afectadas zonas urbanas. En la Patagonia son más de 70 mil hectáreas afectadas por incendios. En el norte la cifra supera las 200 mil hectáreas. Todavía falta medio verano. Es urgente destinar todos los recursos necesarios para mitigar y extinguir incendios forestales.

La superficie arrasada por el fuego este verano es muy grande. En caso de recuperarse los ecosistemas, ninguna persona viva hoy llegará a verlo. La destrucción de hábitat de flora y fauna en áreas protegidas como los Parques Nacionales Nahuel Huapi (más de 10.000 has) y Lanin (más de 15.000 has), fue brutal. Pero también se vive el incendio de interfase (es decir, que afecta a zonas urbanas) más grande en la historia de la provincia de Río Negro. Se trata del incendio en la Comarca Andina, que dejó miles de evacuados, centenares de viviendas consumidas y la muerte de una persona, Don Reyes, en Mallín Ahogado. La Comarca todavía vive las consecuencias de otro gran incendio (13.000 has) en 2021, donde del ese entonces presidente Alberto Fernández, solo llegaron las promesas y más de 500 casas fueron arrasadas por el fuego.

Acelerantes

No existe una única causa que explique la propagación de los incendios. Cada fuego difiere del resto en relación al material que entra en combustión, en la causa de ignición, y en la reacción para mitigarlo o extinguirlo. “Si a un pino de 30 metros le sumás las llamas, con vientos de 60 km/h tenes un lanzallamas de media cuadra, no hay cortafuego que aguante”. Son las palabras de mi hermano, brigadista voluntario.

Entre los condicionantes debemos mencionar varios factores relacionados al cambio climático, que aumentan la ocurrencia y la incidencia de los incendios forestales. Las sequías extremas y prolongadas, el aumento de la temperatura (éste enero fue el más caluroso del que se tenga registro, superando en 1,5º C los niveles preindustriales) y fuertes vientos. Un estudio científico que abarca el análisis de un período corto reciente de 24 años (julio de 1998 a junio de 2022), encuentra una tendencia al aumento en la proporción del área quemada y del número de incendios en el norte de la Patagonia Andina durante los años con veranos cálidos y secos [1].

El calentamiento global es antropogénico, y más precisamente, provocado por las características específicas del modo de producción capitalista y su relación con la naturaleza. Las tasas, la velocidad a la que están ocurriendo los cambios no permiten a los sistemas naturales adaptarse. El clima siempre cambió, hubo numerosas glaciaciones y extinciones masivas en la historia del sistema tierra, pero este es el primer cambio que ocurre en tan poco tiempo. Numerosos estudios muestran cómo el cambio climático aumentará la ocurrencia de incendios forestales.Un grupo de investigación del INIBIOMA, mediante el análisis de imágenes satelitales y modelos realizó proyecciones de ocurrencia y propagación de incendios forestales en Patagonia Norte. De acuerdo a Barbara et. al 2025, se espera que la ocurrencia de incendios bajo escenarios de calentamiento global en el Norte de la Patagonia Andina aumente entre 3 y 8 veces respecto a los valores actuales para fines de siglo, dependiendo del escenario climático.

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Además, sobre este contexto general del cambio climático, tenemos ambientes intervenidos con grandes extensiones de plantaciones artificiales. Las plantas exóticas (como el pino y el sauce), algunas de ellas quizás causantes de las mayores invasiones biológicas a escala planetaria, grandes disrupciones en los ecosistemas naturales por acción directa humana. Si bien este factor no interviene en todos los incendios de esta temporada, en algunos, como los ocurridos en la Comarca, los pinares actúan aumentando la severidad de los incendios.

Los pinos fueron un negocio del pasado, en muchos casos sin siquiera tener valor maderero, solo sirvieron a los grandes terratenientes eximidos de impuestos. Además se otorgaron créditos por plantar pinos. Esto se fomentó desde la dictadura en 1977 (Decreto Ley 21.695 de Martínez de Hoz) hasta la actualidad con el propio INTA en su Reserva Forestal en Loma del Medio, El Bolsón. Los pinares en muchos casos fueron abandonados, sin manejo ni cortafuegos adecuados. El estado ni siquiera garantiza que esas plantaciones tengan cortafuegos. Siendo especies que han evolucionado en sus ambientes naturales junto con el fuego, lo necesitan para su reproducción.

Las causas y efectos de los incendios en la región de los bosques andino patagónicos, se retroalimentan. Luego de los incendios de grandes magnitudes, lo que brota inmediatamente después de un bosque, son matorrales, que a su vez son más inflamables, lo que aumenta la vulnerabilidad del paisaje en general a la propagación del fuego.

Las estadísticas del SNMF indican que el 95% de los incendios son iniciados por “negligencia” o “intencionalidad” humana. Pero lejos del objetivo de la campaña racista de los gobiernos, ese dato debería conducir la atención a la urbanización sin planificación de los gobiernos provinciales y el fomento del turismo como “industria” sin ningún tipo de planificación urbana. Las grandes cadenas de hoteles y gastronomía, las constructoras, las inmobiliarias, favorecen un crecimiento exponencial de los visitantes, multiplicando con ello la presión sobre los ecosistemas y el riesgo de incendios.

En la zona de chacras de Wharton de 65.000 has solo hay 6 guardias ambientales de acuerdo al testimonio de un guía del lugar. No existe logística adecuada, actividades de prevención suficiente ni aforo máximo de personas por día como exigen los habitantes del lugar para el turismo. Tampoco existen estadísticas ni protocolos de acción que permitirían una planificación para la protección civil y ambiental. Los vecinos han realizado recurrentes pedidos de información que fueron negados o ninguneados por las autoridades locales y provinciales.

La respuesta del gobierno: ajuste, negacionismo y persecución

Como vimos, la probabilidad de ocurrencia de incendios es cada vez mayor. Eso significa que, como mínimo, si se quisiera sostener cierta posibilidad de manejar los incendios (de por sí deficitario) sería necesario destinar cada año más recursos que el año anterior. Por el contrario, en los últimos años, los distintos gobiernos vienen desfinanciando los distintos entes dedicados a la prevención y lucha contra los incendios forestales, manteniendo a los brigadistas en condiciones de absoluta precariedad, expuestos a las decisiones unilaterales de los gobiernos de turno. Lucran con el bosque, los lagos y las montañas dejando contaminación y desmonte. Privatizan la ganancia y socializan las pérdidas.

En el caso del gobierno de Milei, el ajuste dio un salto, y se combina con su expreso negacionismo del cambio climático, que como vimos es el principal factor común detrás del fenómeno. Según datos oficiales, durante 2024, la ya magra partida destinada al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se ejecutó sólo en un 22% del total. La Agencia Federal de Emergencias, anunciada por Bullrich a un mes después del inicio del incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, no tiene un solo peso de presupuesto extraordinario para atender la emergencia.

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Desde su llegada al poder, la motosierra va contra la ciencia, el gobierno despidió guardaparques, brigadistas y trabajadores de la ciencia en CONICET. Desde Parques Nacionales, encabezó una campaña racista y de censura, prohibiendo cualquier expresión a los pueblos originarios preexistentes al Estado argentino, como el pueblo nación Mapuche. Incluso censuró cualquier referencia al cambio climático.

La única política decidida del gobierno frente a los incendios fue la profundización de esta campaña racista, con foco en el pueblo nación mapuche. Con el ministro de defensa Luis Petri y la de seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón posando para la foto (o utilizando fotos extemporáneas señalando un mapa), el gobierno aseguró desde un primer momento una supuesta intencionalidad que nunca fue probada. Que pueda haber intencionalidad, no es posible descartarlo. Pero no es, precisamente, la cosmovisión del pueblo mapuche la que promueve la quema de los bosques. Por el contrario, se trata de una cultura para la cuál los árboles y los bosques mantienen un valor irremplazable.

Frente a las llamas en la Comarca, la respuesta de Bullrich y los gobernadores patagónicos (Weretilneck y Torres) fue utilizar el poder judicial y la policía para realizar detenciones arbitrarias de brigadistas, voluntarios y pobladores. En los últimos días llegaron a allanar violentamente 3 comunidades mapuche (Nahuelpan, Pillan Mahuiza y Catrimán Colihueque) y la radio comunitaria Petú Monguelein. En los allanamientos la policía destruyó viviendas, infraestructura de las comunidades, y hasta secuestró libros, como lo hizo en el allanamiento al domicilio de la weichafe Moira Millan. En este momento 2 personas se encuentran detenidas con prisión preventiva o domiciliaria acusados de iniciar incendios con procesos judiciales armados y sin pruebas.

En Neuquén aún no existe ese nivel de criminalización, pero sí el gobierno vertió declaraciones racistas contra la comunidad Linares. En las últimas horas el gobierno llegó al ridículo de declarar a la “RAM” como “organización terrorista”, con un listado dudoso de supuestos atentados que, según la propia resolución del poder ejecutivo nacional (Resolución 210/2025), no se basa en información surgida de causas judiciales, sino de “simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión”. Un mamarracho.

La construcción del enemigo interno de siempre, el originario, esta nueva cruzada nueva cruzada racista encabezada por la responsable del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, tiene un doble objetivo. Por un lado, busca evadir las responsabilidades de los gobiernos en el manejo del fuego. Pero por otro, buscan allanar el terreno para el avance (no sólo en las zonas afectadas) de proyectos extractivos, como los mineros, petroleros, turísticos o forestales. Para el extractivismo, las comunidades de los pueblos originarios son un obstáculo.

Patagonia, ese desierto que permanece siendo despojado

Un capítulo ineludible de la avanzada extractivista es el impulso a la concentración y extranjerización de la tierra. Ya en diciembre de 2023, mediante el 70/23, el gobierno derogó la 26.737, de "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales", más conocida como Ley de Tierras. Esa ley de 2011, aún sin establecer ningún mecanismo para recuperar las tierras acaparadas por grandes terratenientes, establecía un tímido tope a las nuevas ventas de tierras rurales a extranjeros. El DNU 70/23 también flexibilizó los controles y autorizaciones para la venta de grandes extensiones de tierra. Los grandes dueños comprando ríos, montañas y lagos son en su mayoría extranjeros.

Por otra parte, a fines de 2024 (y apoyándose en la no aplicación efectiva durante los gobiernos anteriores), el gobierno derogó el decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160. Esa ley suspendía los desalojos de comunidades hasta que se completaran los relevamiento de sus tierras ancestrales.

Estas dos modificaciones legislativas van en favor de la concentración y la extranjerización de la tierra, en favor de los Joe Lewis y los Bennetton, en detrimento de los pobladores rurales y las comunidades originarias.

Si bien hoy la Ley de Manejo del Fuego (26.815) que establece la prohibición del cambio en los usos de suelo posteriores a los incendios, permanece vigente, lo cierto es que luego de los desastres aumenta la presión para avanzar en proyectos extractivistas e inmobiliarios. Para dar un ejemplo, en Epuyén, donde 75 familias perdieron todo y están en proceso de reconstrucción, el gobernador Ignacio Torres anunció un bono de $20 millones para la compra de materiales que solo se puede canjear en un corralón de los más caros de la región y al que pueden acceder solo las familias que presenten las escrituras y todos los papeles de propiedad al día. Sin embargo, lo usual es que las familias y comunidades no cuenten con sus títulos de propiedad, aunque los vienen exigiendo desde hace décadas, por la propia irregularidad del Estado. La disputa por el territorio se agrava con los incendios.

Si por un lado no se puede atribuir cada incendio a una única causa, ni simplificarlos como un mecanismo de avance del negocio inmobiliario, lo cierto es que tampoco se pueden desligar de esta avanzada extractiva más general. Los incendios funcionan, entonces, como una nueva forma de despojo, las llamas como una topadora.

La respuesta desde abajo

Frente al vaciamiento y la emergencia la solidaridad no tiene límites. Los vecinos y vecinas se organizaron en brigadas voluntarias que asisten damnificados y colaboran con el combate de los fuegos. En la Comarca Andina, algunas de estas brigadas se han equipado, formado y fortalecido tras otras experiencias devastadoras. Desde distintos puntos del país, organizaciones sociales, ambientales, indígenas, estudiantiles, contribuyen con colectas y aportes económicos.

Es urgente, como sostiene el proyecto de emergencia ígnea presentado por el FITU en el Congreso Nacional, destinar todos los recursos necesarios para el Sistema Nacional del Fuego. Hacen falta aviones hidrantes, helicópteros y equipamiento. A su vez, hay que garantizar mejores condiciones para los brigadistas, contratos permanentes. Más personal, estabilidad laboral, sueldos por encima de la canasta familiar y herramientas adecuadas Tecnología y asistencia inmediata, sistemas de comunicación avanzados y ayuda urgente para los afectados: agua, alimentos, atención médica y reconstrucción de viviendas. Todos estos recursos deben ser controlados por las comunidades de las zonas afectadas. Para todo esto, es necesario crear cuadrillas o comités autoorganizados, que reúnan a las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, ambientales y de los pueblos originarios, junto a profesionales de universidades públicas e instituciones científicas y tecnológicas, de la educación y la salud.

A su vez, es necesario iniciar de manera urgente medidas de mediano y largo plazo para la protección del suelo y la recuperación del bosque nativo. Hay que prohibir la venta y el cambio de uso de las tierras incendiadas, excepto para viviendas familiares. Poner fin a los monocultivos de pinos, y otras especies exóticas que agravan los incendios y destruyen el ecosistema. En el caso de los cultivos ya existentes, hay que desarrollar un plan de mantenimiento, poda y remoción, que inicie por establecer cortafuegos ante posibles incendios futuros.

Es necesaria una planificación urbana racional y no guiada por el mercado, estableciendo planes de vivienda e infraestructura acorde a las necesidades de la población, y una relación respetuosa de la dinámica natural, en particular en la intersección con zonas urbanas. Por otra parte, se deben desarrollar campañas de prevención eficaces, con financiamiento y llegada a todas las instituciones educativas, medios de comunicación y redes sociales, para promover un turismo responsable con el ambiente, y diseñar estrategias de evacuación y actuación frente a desastres.