El informe de Amnistía Internacional, el juicio al President Torra, el maltrato a los presos del 23S, los 100 años a los dirigentes catalanes y los dos años de prisión preventiva, etc., etc., etc.
Jueves 21 de noviembre de 2019
EFE/Fernando Villar
El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell enarbola una campaña de publicidad sobre la gran calidad democrática del Estado español. Esta tarea titánica, la ha emprendieron justo antes de la sentencia del Tribunal Supremo. El eslogan es “Everybody’s land” (tierra de todos). Sería gracioso, sino fuera por cómo se está reprimiendo en Catalunya al pueblo catalán y la juventud que salió a luchar en las calles. Todos los ministros de Sánchez y embajadores tienen orden de divulgar a diestra y siniestra las bondades de ésta “democracia para ricos”.
Sin embargo, ésta “fastuosa tarea”, es minada una y otra vez por la acción de los poderes españoles. El Rey con su discurso de apoyo a la represión del 1O del 2017, los múltiples casos de corrupción que salen a la luz de los partidos políticos del régimen del 78, la política del bloque del 155 y, de Unidas Podemos que se subordina completamente al PSOE, ante el conflicto catalán. Sin embargo, es el poder judicial a quien corresponde la palma.
La sedición que no existía y los Jordis
Esta semana, Amnistía Internacional (AI), organización que no es independentista y que dista de llamar a luchar en las calles, criticó duramente la sentencia y condena a los presos políticos catalanes. De hecho, la organización internacional pidió que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fuesen liberados inmediatamente. Al mismo tiempo, denunciaba que eran desproporcionadas las condenas al resto de los dirigentes catalanes.
La ONG criticaba “la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo”. Es que juzgar las manifestaciones del 20S y el referéndum del 1O como sedición implica que cualquier manifestación pacífica pueda ser acusada de sediciosa y con años de prisión para sus líderes, como es el caso de los Jordis. Un ataque en toda la línea contra el derecho de expresión y manifestación.
En el informe se aclaraba que “... el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica”. Derecho que ante la indefinición que hay en el código civil y la sentencia “ejemplarizante” del Tribunal Supremo ha quedado en papel mojado. No obstante, AI informa que el juicio del 1O ha sido justo. Cuestión que deja mucho que desear, debido a la cantidad de irregularidades que han denunciado las defensas.
Los presos del 27S y los del 14O
La criminalización hacia la izquierda independentista lleva muchos años y se ha acrecentado con el inicio del movimiento democrático catalán y en ocasiones importantes como ha sido la publicación de la sentencia de los 100 años. El Régimen del 78 sí tiene una estrategia para Catalunya: la represión lisa y llana junto a la criminalización. En base a amedrentamiento, castigo y multas pretende lleva la “paz” y el “diálogo” al pueblo catalán.
El caso de los detenidos el 23S es un ejemplo más de la forma dictatorial con que obra la justicia española. Fueron detenidos como si fuesen el enemigo público número 1. Un enorme dispositivo policial. Los familiares han denunciado haber sido encañonados, incluso a un niño de 10 años. Los abogados han denunciado que sus defendidos fueron extorsionados para que cuenten todo para no afectar a su familia.
Fueron trasladados a Madrid porque la causa se hizo por terrorismo. Sin embargo, los abogados han denunciado que no está probado que tengan armas, explosivos, ni que fueran parte de un grupo que fuera a atentar. También revelaban los abogados que sus acusados no tuvieron asistencia inmediata de un letrado, e incluso, tardaron varios días en poder verlos. Y, no solo ello, sino que tardaron mucho tiempo en tener acceso al sumario.
Ya es una barbaridad haber sufrido coacciones, aislamiento, etc. Y, en ese marco haber sido interrogados por la Guardia Civil. Como si esto fuera poco, a través de los medios de difusión se iban filtrando vídeos, trozos de los interrogatorios, medias verdades. Incluso algunos dirigentes políticos hablaban de Goma2 y que eran los soldados de Quim Torra. Un bombardeo abrumador de noticias falsas procedentes de Madrid. Resulta que ahora la (in)justicia investiga a algunos periodistas en lugar de los que filtraban las noticias. Sin palabras.
Los partidistas lazos amarillos
En esta semana hemos presenciado el rápido y “peculiar” juicio contra el President Quim Torra. El president fue denunciado por la Junta Electoral Central (JEC) por haber colgado símbolos partidistas en la fachada del Palau de la Generalitat y otros edificios públicos, y por ello, atentando contra la “neutralidad política” que deberían tener las instituciones públicas (sobre todo en período electoral).
En primer lugar, resulta extraño que se declaren “partidistas” los lazos amarillos. ¿A qué partido pertenecen? Si es por ello, por lo menos a cuatro grupos políticos: Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y los Comuns. Hay que recordar que el Ajuntament de Barcelona tenía colgado uno también. De partidista, nada. No es un símbolo que llame a votar a nadie en particular, ni pertenece a un partido específico. Es decir, no hay causa. La causa se la inventa la JEC junto a la denuncia inicial de Ciudadanos.
Y, en segundo lugar, también es asombroso eso de la “neutralidad política” de las instituciones. Los abogados de la defensa en las preliminares habían impugnado a dos de los tres jueces por haberse pronunciado previamente de forma hostil en contra del proceso soberanista. Pero, esa neutralidad que se necesita para juzgar a las personas está visto que es una farsa y es el famoso “talón de Aquiles” de un sistema al que se le ha caído la careta.
Seguramente, Quim Torra será inhabilitado por haber puesto un lazo amarillo que denuncia la injusticia hacia los presos políticos catalanes. Sería sumamente extraño una medida justa a la justicia. Esto es un problema de todas las democracias burguesas y capitalistas que hay en la Unión europea y a nivel mundial. En el caso del Estado español está mucho más agravado porque el poder judicial procede casi íntegramente de las viejas instituciones de la dictadura y familias franquistas.
En fin, el Régimen del 78 tiene su “brazo judicial” en caso que no funcione correctamente su brazo político. Si el bipartidismo en crisis falla, como está pasando con cuatro elecciones generales en cuatro años, el régimen se recuesta en la institución mejor conservada en los últimos 80 años. Uno de los últimos escudos para proteger el sistema monárquico establecido por Franco. Todo un entramado institucional para proteger el saqueo sistemático de las arcas públicas por parte de las empresas del Ibex 35.
Un Régimen monárquico y capitalista completamente irreformable y antipopular.
