Justicia Patronal. La Justicia de Chubut avanza en la criminalizacion contra el pueblo Mapuche

Este miércoles 12 de febrero se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos y el juez Criado dispuso la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y la medida se cumplirá en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel.

La audiencia de formulación de cargos

Ligando hechos inconexos entre sí, mediante la utilización de información de redes sociales, haciendo suposiciones y concatenando elementos que van desde un dibujo en una pared de una topadora incendiada a manos de una mujer mapuche, cannabis, libros y una mochila “impregnada en líquido ascelerante al momento del allanamiento”(sic Fiscal Bottini), fotos y perfiles de Facebook, así como comentarios en una FM de Temuco, Chile, la fiscalía a cargo de los Fiscales Ismael Cerdá y María Bottini solicitó 60 días de prisión preventiva para la única detenida en los allanamientos realizados el martes 11 en distintas comunidades, María Victoria Nuñes Fernandez, detenida ayer en el allanamiento en Pillan Mahuisa.

Una de las fundamentaciones de Bottini para solicitar la prisión preventiva para Nuñez guarda similitud con el pedido realizado por el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien contra el único detenido por el incendio en Mallíin Ahogado, Nicolas Heredia. Se trata de la no acreditación de domicilio y trabajo, “falta de arraigo” que implicaría el peligro de fuga. La precariedad que impone la sociedad capitalista a millones, es invisible para la Justicia. Por otro lado, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o “acciones para su propia impunidad”, estarían dadas en función de “tener los recursos necesarios” para poder salir del país.

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Dos horas antes del inicio de la Audiencia de Formulación de Cargos contra Nuñez Fernandez, se realizó una conferencia de Prensa por parte de las comunidades allanadas. Allí, Moira Millan, denunció que se plantaron armas en el allanamiento en Pillan Mahuisa, la comunidad donde habita con su familia, además de Golpear a un hombre mayor de 80 años que terminó hospitalizado en un procedimiento que duro diez horas. Al mismo tiempo se allanó la casa de Jorge Millan en El Maiten, así como la Radio Petú Mogelein (“llama la atención la cantidad de la presencia de equipos de radio, celulares y discos externos” dijo la fiscal haciendo referencia al allanamiento a la radio mapuche), la comunidad Cañio en el paraje Buenos Aires Chico en la misma localidad; la casa del longko Quilaqueo de la comunidad Nahuelpan y otras viviendas; la Lof Catriman Colihueque, en la zona de laguna El Martillo en inmediaciones de Esquel; asi como varias viviendas en la misma ciudad.

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Por ahora no hay elementos serios y concordantes para establecer una acusación contra Nuñez, dijo la defensora pública Valeria Ponce. “Cuando esté la evidencia objetiva”, continuó la letrada, “podrá vincularse a mi defendida con el incendio en la Estancia Amancay”, descartando el peligro de fuga, pidiendo preservar la proporcionalidad en la investigación y rechazando la prematura acusación de delito complejo. La abogada también cuestionó el uso indiscriminado de la prisión domiciliaria previa a la investigación de los hechos que permita avanzar en una acusación con elementos reales.

Victoria Dolores Núñez Fernández

El Juez Criado, a su turno, planteó que ya existen hechos que permiten disponer la prisión preventiva por parte de la fiscalía. Simultaneidad de la acción, participación de al menos tres personas, presencia de ascelerantes en todos los domicilios allanados, presencia de múltiples celulares en poder de los investigados, presencia de panfletería, todos estos elementos “hacen sospechar una acción coordinada contra el Estado”. “Los elementos actuales son los mismos para ordenar el allanamiento, son claros indicios de culpabilidad”, dijo el Juez. En relación a su arraigo, “es insuficiente”. Parece ser que de aquí en más todo imputado debe tener una inserción social, trabajo estable, domicilio, actividades recreativas colectivas, y otras para poder evitar ser detenido contra toda presunción de inocencia.

De este modo, el juez Criado resolvió dar lugar al pedido de la fiscalía y dictó 60 dias de prisión preventiva para Victoria Nuñez, en la Comisaría 1° de Esquel, único lugar habilitado a tal fin en la ciudad, lo que constituye para el Juez un periodo razonable en relación a una acusación que “amerita un tratamiento especial”.

La acusación

La acusación contra Nuñez es por el incendio intencional de bienes en la chacra Amancay el 18 de enero en horas de la madrugada. Allí, diversas maquinarias y camiones propiedad de Mirantes, dueño de la estancia, y Clavé, fueron incendiadas, sufriendo una pérdida total.
Según la Fiscalía, el peritaje demostró presencia de bombas Molotov, la intervención de al menos tres personas debido a la simultaneidad de los focos de fuego. Al mismo tiempo una supuesta reivindicación de radio Curruf de Temuco, chile, constituiría un elemento probatorio, que ligado a que Nuñez viajó reiteradas veces a Chile, que un vehiculo similar fue visto por personas en inmediaciones del lugar, a que Nuñez posee una vida social signada por la presencia mapuche, que hay muchas comunidades mapuche, que se realizan dibujos en las casas, que poseen diversos celulares, que no posee vivienda permanente, no se encuentra bautizada y a que mercurio estaría retrogrado, constituyen pruebas incontrastables en su contra.

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Lo cierto es que luego del desalojo de la Lof Paillako el 9 de enero, el gobernador Ignacio Torres retomó la campaña de estigmatización contra el pueblo mapuche que caracterizó su campaña electoral. El desalojo, realizado junto a la Ministra de Seguridad de la Nación y mentora política de Torres, Patricia Bullrich, fue el puntapié para anunciar la puesta en marcha del Comando Unificado en la región cordillerana, que se anunciaría pocos días después del incendio en Epuyen el día 14 de enero, al que rápidamente Torres calificó de intencional.

El mismo día, ante el corte realizado a la Trochita en la Estación Nahuelpan en solidaridad con la Lof Paillako, Torres arremetió contra “estos inadaptados” a los que “también les demostramos que en esta provincia también se cumple la ley”. Lo hizo en el marco de declaraciones contra el juez federal Guido Otranto, a quien acusó de “garantista” por no ordenar antes el desalojo de la Lof Paillako, como si respetar las garantías legales no fuera “hacer cumplir la ley”,

Ante el incendio en Epuyen, ya el día 15 en una conferencia de prensa buscó instalar la idea de focos simultaneos, ligando el incendio accidental de ese día en los Cipreses, en inmediaciones de Trevelin, y otro foco en Golondrinas.

El día 18 de enero, al conocerse el incendio en la Estancia Amancay, Torres salió rapidanmente a ligarlo al desalojo en un desafortunado comunicado oficial que rezaba “a las pocas horas del procedimiento, tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas”. “Este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas", manifestó Torres.

El “atentado” en Amancay fue el puntapié para lanzar el dia 19 el Comando Unificado en Esquel y la Comarca Andina. En la ocasión, además de fustigar la figura de Facundo Jones Huala, detenido al noche anterior y liberado inmediatamente como parte de un ardid mediático, Torres aprovechó para pedir acompañamiento a las leyes de Reiterancia del gobierno de Milei pero además abrió aun mas el abanico:

"Estoy cansado de los jueces que tienen miedo y que ’ideologizan’ absolutamente todo; la mitad de los que tomaron los terrenos en Lago Puelo pertenecen al conurbano bonaerense, ninguno tiene un ’derecho ancestral’, aunque el anterior gobierno nacional decidiera mirar hacia otro lado con este tema",

En cuanta oportunidad tuvo, el gobernador trató de vincular al pueblo Mapuche con los incendios, aprovecho a atacar a la Justicia Federal y ponderó el accionar de miembros de la justicia Provincial afines a su línea de intervención “no garantista”. Incluso el incendio accidental producido en territorio de la Comunidad Nahuelpan que dejó a un miembro de l acomunidad internado con graves quemaduras mientras intentaba extinguirlo, fue puesto como evidencia de la vinculación del pueblo Mapuche con los incendios por el propio gobernador en su conferencia de prensa del pasado domingo.

Fue así que llegamos a esta prisión preventiva dictada a Nuñez casi a pedido del poder político en una causa donde la ligazón entre las pruebas y als conclusiones preliminares resultan al menos precipitadas.

Como nos destacó una reconocida abogada de la zona el pedido de los fiscales dice obrar en función de “las conductas incriminadas” que “ hacen necesaria la adopción de medidas también extraordinarias para la recolección y preservación de evidencia en el marco de investigación” fundamentando que “un obrar distinto por parte del Poder Punitivo del Estado abriría la posibilidad de que haya quien, sabiendo, tenido participación en el sentido largo en los atentados que se reciben obtengan impunidad”

Lo cierto es que el armado de la causa, en sus fundamentos y en la estructura de la evidencia presentada, se nota un trabajo de inteligencia pormenorizado por parte de las fuerzas que conforman el Comando Unificado, pero poca claridad respecto a que se investiga. Justamente la amplitud necesaria para construir una megacausa capaz de abarcar a quienes quiera el poder político, y sabemos que para Torres y Bullrich, la construcción de un enemigo interno es fundamental para garantizar los intereses de los poderosos.