Fueron varios días de brutal represión policial contra las y los cocaleros de los Yungas paceños. Vecinos y vecinas de la Zona de Villa Fátima y Villa el Carmen, donde se encuentra la sede de Adepcoca, denuncian la represión.
Sábado 2 de octubre de 2021 21:13
Mujeres cocaleras protestan contra la brutal represión policial durante la retoma de la sede de Adepcoca, el 28 de septiembre, en La Paz (Foto: EFE)
Hace casi dos semanas, el lunes 20 de septiembre en la madrugada, se produjo la toma violenta de la sede de Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) por parte de dirigentes afines al Gobierno de Luis Arce Catacora. Junto a efectivos policiales, desalojaron brutalmente a quienes se encontraban al interior de la sede en las inmediaciones de la ciudad de La Paz. Esta arremetida buscaba imponer a Arnold Alanez como nuevo dirigente de Adepcoca.
A partir de ese momento se vivieron días de una brutal represión policial afectando a vecinos y vecinas de la zona que fueron afectados por los gases lacrimógenos. Esto motivó que los vecinos levanten barricadas para expulsar a los represores de la zona.
El pasado jueves 30 de septiembre se llegó a un “tregua tácita” cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se habría desmarcado de Alanez.
Un conflicto que se reaviva
El conflicto de los cocaleros de los Yungas de La Paz no es nuevo. El MAS intenta desde hace años, Evo Morales y hoy Luis Arce, imponer una dirigencia afín,lo que significa descabezar cualquier dirigencia opositora.
No olvidemos cómo el 2018 y 2019, con Evo Morales a la cabeza, se llevaron adelante fuertes operativos policiales, encarcelando al entonces dirigente opositor, Franklin Gutiérrez para imponer una dirigencia masista y tomando por la fuerza la sede de la ADEPCOCA. Esto hizo crecer la bronca de los cocaleros contra el Gobierno, que fueron rápidamente cooptados por el golpismo y siendo entonces parte del “rostro popular” con el que la derecha barnizó el brutal golpe de estado de 2019.
Lejos de haberse cerrado el conflicto, éste ha vuelto a reavivarse. Hoy se disputan el control del mercado cocalero 2 sectores. Por un lado los opositores dirigidos por Armin Lluta, que son la mayoría como se ha evidenciado en la capacidad de movilización y resistencia las últimas semanas. El otro es el sector oficialista de Arnold Alanez que según el gobierno habría ganado las elecciones, pese a que pareciera que el único respaldo con el que cuenta es el de las fuerzas policiales.
En este video se recogen testimonios de vecinos que repudian la violencia policial en el marco del conflicto de Adepcoca.
Fuente: Recopilación de testimonios e imágenes difundidas en redes sociales (Wara Noticias, Radio Noticias Los Yungas, otros).
Por su parte, los productores y productoras de coca señalaban que seguirán en pie de lucha hasta que se les devuelva la sede sindical. Se trata de la gran mayoría de productores de las zonas tradicionales, como Coroico, Coripata, la Asunta, etc., que exigen el respeto a sus instancias orgánicas y rechazan la intromisión del Gobierno.
Esto motivó a que se forme un comité de autodefensa de productores de coca, constituido por 6 dirigentes, elegidos en una masiva asamblea realizada en Coripata el miércoles 22 de septiembre.
En este escenario el Gobierno convocó a un “diálogo para la pacificación” el sábado 25 de septiembre, pero fue un rotundo fracaso. El comité de autodefensa denunció que ninguna de sus demandas fueron atendidas. En primer lugar exigían la recuperación del mercado de Adepcoca y la renuncia de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural.
Así, la política del MAS está haciendo que el sector cocalero se radicalice y alimentando más odio y resentimiento contra el Gobierno. Para colmo, el ministro de Gobierno tuvo el descaro de declarar que se trata de un conflicto privado, que la policía solo resguarda el mercado de coca y que no apoyan a ninguna facción.
Pero fue tal la brutal represión policial que la defensora del pueblo, Nadia Cruz, tuvo que pronunciarse en una reciente conferencia de prensa, el jueves 30 de septiembre por la noche, y denunciar el accionar policial por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
En este escenario la vigilia de las y los productores de coca continúa en los alrededores de las instalaciones del mercado de coca y el comité de autodefensa de Adepcoca, convocó a una asamblea general este lunes 4 de octubre para evaluar la convocatoria a nuevas elecciones.
El MAS allana el camino para el reagrupamiento golpista
La derecha golpista está encontrando en este escenario el mejor momento para rearticularse. Es la responsabilidad del MAS, con sus sistemática política de cooptación y división de las organizaciones sindicales y sociales lo que allana el camino al reagrupamiento de la derecha.
Esto lo vemos no solo en el conflicto cocalero. El gobernador de Santa Cruz, el derechista Camacho está intentando tomar la dirección política de la “marcha indígena” y apoyarse en sus legítimos reclamos de respeto a sus territorios para aumentar su capital político. Sin el menor disimulo, Camacho hace gala de un abierto racismo y paternalismo, al más viejo estilo de la oligarquía colonialista.
Además, los derechistas comités cívicos, que aglutinan intereses clericales, a las plataformas ciudadanas, intereses empresariales, etc., se están reagrupando. Este viernes, 1 de octubre, el movimiento cívico se reunió en Potosí. Se declararon en “emergencia” y en “pie de lucha” y convocaron a una cumbre nacional “por la unidad y defensa de la libertad y la democracia en contra de la dictadura masista” este lunes 4 de octubre. No solo esto sino que también llamaron a una “gran marcha” para el 10 de octubre, día de la “Democracia” y se suman al paro nacional movilizado, convocado por el sector gremial, el 11 de octubre.
En la misma línea, los golpistas de la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) también convoca para la cumbre derechista de este 4 de octubre que se llevará a cabo en Santa Cruz.
Detrás del slógan de defensa de la “democracia” los sectores golpistas empiezan a construir un “pliego único de demandas” y un bloque político que se opone a las leyes de investigación de ganancias ilícitas, de derechos reales, de ascensos policiales y otras. Quiénes de manera abierta representan los intereses empresariales y agroindustriales hoy hablan de “derechos humanos” y se arrogan las banderas de la defensa del territorio y de los recursos naturales. Esto, una vez más, es responsabilidad del MAS.
Por una camino independiente
Los productores de la hoja de coca se encuentran ante un gran desafío: si permiten que la derecha golpista logre convertirse en la dirección política de su movimiento, perderán el respaldo de gran parte de la población que rechaza la instrumentalización del MAS sobre la sede de Adepcoca pero que no está dispuesta a aceptar que estas legítimas demandas sean aprovechadas por los golpistas de noviembre de 2019.
La delimitación clara con la CONADE y diversos representantes de la derecha se hace fundamental para derrotar la manipulación del MAS de las organizaciones sociales que se realiza con ayuda policial.
Es urgente empezar a transitar un camino independiente no solo del oficialismo sino de la oposición golpista. Impulsar la autoorganizacion, desde abajo, y buscar la unidad con las y los vecinos de Villa Fátima y Villa el Carmen, y convocando a los trabajadores y trabajadoras asalariados es fundamental para evitar que las demandas y la lucha de las y los cocaleros sean usadas por la derecha.
La recuperación de la demanda de libre producción, comercialización e industrialización de la coca es fundamental para terminar con el carácter corporativo de la demanda, y transformar la lucha actual en una genuina lucha antimperialista que ponga fin a la Ley 1008 y a todos los dictados internacionales sobre el país en materia de cultivos.
Esta demanda choca directamente con la injerencia imperialista pero también va dirigida contra el Gobierno de Arce que junto a la oposición golpista comparten un marco común que es el de respetar los dictados internacionales descargando todo el peso de la lucha contra el narcotráfico en las espaldas de campesinos, campesinas y productores de coca, producción de la que depende su economía familiar.
