Editorial. Luchar no es delito: Sadir persigue como Morales y ajusta como Milei

El gobernador Sadir es uno de los radicales que más rápidamente se alineó con las políticas de ajuste del gobierno de Milei respaldando la Ley Bases, el RIGI y el pacto de mayo. Muestra a Jujuy como un laboratorio de las políticas de saqueo y de la criminalización de la protesta, en sintonía con la mano dura de Bullrich y la herencia dejada por Morales.

Como contracara, la provincia anticipó las múltiples resistencias que este año se expandieron en todo el país con diversos sectores entrando en escena. Así Sadir no la tiene fácil, tampoco Milei, que supo tener respuestas masivas en las calles y de un amplio abanico democrático cuando reprimió, detuvo a personas durante la aprobación de la Ley Bases y su posterior armado de causas, que vienen siendo desestimadas.

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En Jujuy, tras la lucha contra la Reforma y el desvío de un proceso que quedó con venas abiertas, dejó en pie una constitución provincial más acorde al plan de saqueo que se quiere imponer en todo el país, pero sin fuerzas suficientes para imponerlo de lleno. El Gobierno débil de Sadir no tiene la fuerza, menos el autoritario Gerardo Morales. Tiene la gobernabilidad garantizada por sectores de la oposición del PJ (que dirige la CGT) para llevar adelante el plan de ajuste de Milei, sin cuestionamientos ni medidas de protesta.

En el caso del aparato judicial armado por Morales años atrás, reaccionario y anti derechos denota un terreno de disputa entre las alas políticas del radicalismo, Sadir deja hacer según la coyuntura, manteniéndose intacta la estructura de persecución que configuró su antecesor para perseguir a los luchadores como es el nefasto Ministerio Público de Acusación y Juzgados Contravencionales que con la ayuda del PJ le otorgaron rango constitucional.

La justicia local es la que accionó a principios de año, a pedido de Morales y a través del fiscal Walter Rondón, con la causa escandalosa de los presos por tuitear, y la que actúa desalojando de forma violenta a campesinos y pueblos originarios en favor de políticos terratenientes, o utilizando sus brazos en la policía provincial, que reprimió ilegalmente en Ledesma a trabajadores de la construcción.

Con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación retoma el aleccionamiento a los que luchan, con múltiples causas abiertas, que reactivan cuando el malestar crece por abajo ante la crisis social y económica en curso. Es este el contexto, recientemente se suspendió el juicio a referentes de organizaciones sociales Sebastián Copello, dirigente del PO, Juan Chorolque del MTR 12 de abril y Verónica Urzagasti, procesados en el marco de una jornada de lucha por presupuesto para comedores durante el 2022.

Sin embargo, avanza el proceso y elevación a juicio de 19 referentes de organizaciones sociales y políticas criminalizados por luchar durante la Reforma, entre los que se encuentra Ivan Blacutt, docente y dirigente de Izquierda Socialista, y los abogados del CeProDH como defensa. La causa armada tras los graves hechos violentos del 20/6/23 por parte del Estado que reprimió a una multitud que se movilizaba a las afueras de la legislatura para hacer pasar una reforma inconstitucional que como contracara debilitó fuertemente el régimen político jujeño de la UCR y el PJ. Ambas causas armadas por los fiscales de Estado criminalizan la protesta social en la provincia, con visto bueno de jueces como Rodolfo Fernández y encabezada por la querella de Fiscalía de Estado que llega al insólito de acusarlos por sedición y hasta motín.

Días atrás, de forma escandalosa, los jueces de apelación Torres Magallanes y Apaza, admitieron que la querella representada en Sebastián Albesa (Procurador del Tesoro) reingrese a la causa para poder imputarles delitos gravísimos ya que había sido desplazado de la causa porque no venía participando de las audiencias, mientras el fiscal Funes los acusa de delitos más leves que son excarcelables. Esta situación agrava la situación procesal de los dirigentes imputados en esta causa armada, similar al fallo reciente en CABA contra dirigentes del Polo Obrero por protestar.

Como sucede con la mayoría de las causas donde se criminaliza la protesta social y es el Estado responsable de hechos represivos y violaciones a los derechos humanos, los responsables políticos como el ex gobernador Gerardo Morales y funcionarios del gobierno, son quienes tienen garantizada la impunidad del poder judicial y no están en el banquillo de los acusados más allá de las múltiples pruebas, testimonios e informes presentados a organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

El gobernador Sadir no tiene el camino allanado más allá de su alineamiento con el presidente y los múltiples gestos de ello. Recientemente se conoció un fallo de la Justicia federal a favor de la comunidad kolla de Caspalá que obliga al Estado jujeño a devolver una cancha comunitaria, restituir tierras expropiadas y reparar daños ocasionados en noviembre del 2022 cuando gobernaba Gerardo Morales y hostigaba a las comunidades indígenas. También fue denunciado nuevamente en la CIDH por la Mesa de Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc ante violaciones a derechos territoriales a favor de las multinacionales mineras del litio.

La docencia marca el camino

Recientemente el malestar en las calles se expresó en las marchas convocadas por la docencia del CEDEMS que llevó adelante un paro por tiempo indeterminado durante once días para romper el techo salarial y tuvo el apoyo de docentes de base del nivel primario, estudiantes y la ciudadanía, como también la solidaridad a nivel nacional. En este momento la docencia da pelea contra los descuentos de días de paro que el Gobierno jujeño amenaza imponer, defendiendo el derecho a la protesta, situación que está abierta, y que dará cuenta de la relación de fuerzas expresada.

Desde las bancas del PTS FIT venimos acompañando y poniendo a disposición las bancas para defender el salario, los derechos de trabajadores y sectores populares y las libertades democráticas, junto al CeProDH.

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Plata hay, fuerzas también para torcer el brazo al plan de ajuste de Sadir y Milei que no pasa sin criminalización a las y los que luchan. Necesitamos unir las demandas y fuerzas con un plan de lucha de la CGT y la CTA para arrancar salario para todos los estatales que parta de la canasta familiar, contra los vetos al presupuesto universitario y a jubilades, contra el saqueo de los bienes comunes y los derechos de las comunidades indígenas, y presupuesto de emergencia para comedores y merenderos. Las mismas van de la mano del ejercicio de la protesta en las calles, pero también, para impedir los descuentos de días de paro, y por la anulación de las causas a todos los luchadores contra la reforma tiene que ser parte de una misma bandera.