Con la excusa de querer suspender el estado de emergencia implementado por Hollande hace dos años, Macron perfecciona el aparato represivo con un discurso securitario e islamofóbico, dándole carácter permanente a medidas de seguridad excepcionales.
Lunes 30 de octubre de 2017 10:20
Finalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, firmó este lunes una nueva “ley antiterrorista” que entrará en vigor a partir del miércoles y, al dar carácter permanente a varias medidas de seguridad excepcionales, quedaría suspendido el estado de emergencia aplicado de forma ininterrumpida durante casi dos años, desde la presidencia de François Hollande.
Ante la prensa, Macron dijo que dentro de dos años se evaluará esta nueva ley, adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, donde la respaldaron 415 de los 577 diputados y 242 de los 348 senadores.
El vocero del Gobierno, Christophe Castaner, afirmó que con esta nueva ley, promovida por el jefe del Estado, se quiere poner fin al estado de emergencia activado inmediatamente después de los ataques del estado islámico del 13 de noviembre de 2015 en París, ya que “es una herramienta temporal" para "circunstancias excepcionales". Sin embargo, legaliza la persecución y la represión a cualquier persona considerada como “sospechosa” de incitar a “actos terroristas”.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, defendió algunas de las disposiciones más polémicas al poner el acento en que "la amenaza terrorista sigue siendo grande", intentando justificar un salto en la avanzada represiva que viene ejerciendo el estado francés.
Collomb se refirió a la puesta en marcha de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia), en los que se procederá al control sistemático de las personas que entren, recurriendo incluso a agentes de seguridad privados.
Paralelamente, y con carácter estable, se harán controles en un radio de diez kilómetros en torno a los aeropuertos y las estaciones de trenes internacionales. Además, agentes del Gobierno estarán habilitados para clausurar centros religiosos donde según el propio gobierno, se realicen discursos que "inciten a la comisión de actos terroristas", fortaleciendo un discurso basado en la islamofobia y la xenofobia. Incluso, el propio ministro precisó que actualmente hay once clausurados.
Al igual que durante el estado de emergencia, el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que se considere que tienen vínculos con organizaciones consideradas terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas. En concreto, aumenta el marco de las restricciones de desplazamientos al municipio de residencia, y que tales personas deberán fichar diariamente en comisaría, restringiendo libertades democráticas elementales.
Igualmente seguirán vigentes los registros administrativos de domicilios, aunque estarán sometidos a autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre el tratamiento de los elementos que se requisen.
El gobierno liberal de Macron, bajo un discurso modernizador, fortalece viejas prácticas orwellianas de control social y de represión, persiguiendo, encarcelando y hasta expulsando inmigrantes, estigmatizando religiones y nacionalidades. Un estado de excepción nada excepcional.
