Al cumplirse 45 años del golpe genocida, los debates sobre la memoria histórica y los profundos procesos sociales que se desarrollaron en la década de los 70 en nuestro país, se ponen en el centro de la escena. Hoy, en medio de una profunda crisis social y económica, de ajuste y represión por parte de los gobiernos, y de nuevos sectores de trabajadores, mujeres y jóvenes que salen a la lucha, la discusión sobre la memoria no es en frío ni en el vacío, sino que tenemos que hacerla pensando en las lecciones para el presente.
Miércoles 24 de marzo de 2021 10:30
Desde dónde hablar acerca de la generación de los 30 mil tiene un correlato fundamental en el tipo de reivindicación que se hace, y en el balance político de la dictadura cívico-militar- clerical. Tras la crisis del 2001, con decenas de muertos en Plaza de Mayo, estalló una deslegitimación del Estado y sus instituciones gigantesca, expresada en el “que se vayan todos”. Más tarde, la mega devaluación de Duhalde y el precio altísimo de la soja permitieron cierta estabilización económica, aunque nunca se recuperó lo perdido en los años previos, y todavía hoy arrastramos la herencia de la dictadura y del menemismo. Este último reivindicado por todo el arco político a excepción de la izquierda el día de su fallecimiento.
El relato del kirchnerismo en el poder no puede explicarse sin la transformación de las relaciones de fuerza que dejaron los estallidos sociales de fines de los 90 y comienzos del milenio. No solo en Argentina, sino en todo América Latina, que derivó en la llegada de los llamados gobiernos “posneoliberales”. Se les planteaba una necesidad imperiosa de desviar, hacia el Estado y sus instituciones, las expectativas de estas irrupciones de masas, a lo que también se amoldó en Argentina el relato sobre la dictadura.
Desde el propio Estado, que en cada movilización y juicio a los genocidas denunciamos como responsable, el kirchnerismo ha desarrollado un relato sobre los 70 reivindicando la militancia política de una generación de jóvenes, pero bloqueando toda perspectiva de transformación revolucionaria de la realidad. O mejor dicho, cambiando las banderas de la lucha por un mundo sin explotación, por la gestión de ese Estado y sus instituciones tan cuestionadas tras la crisis de los 90. Busca borrar de la historia que lo que estaba en el centro hace más de 45 años era que se había abierto un proceso revolucionario en nuestro país, con la clase obrera a la cabeza luchando con sus métodos históricos.
Enzo Traverso sostiene en su libro Melancolías de Izquierda acerca del tipo de memoria instalado en el Siglo XXI tras las derrotas impuestas a las masas con la imposición del neoliberalismo: “Una vez naturalizado el capitalismo, resulta imposible pensar en un futuro diferente, y el pasado aparece como una advertencia contra una tentación tan peligrosa como esa.” Y continúa planteando que nuestra época “no percibe el pasado como un tiempo de revoluciones, sino más bien como una era de violencia. Sus testigos hablan en nombre de las víctimas y la tarea de la memoria colectiva consiste en un trabajo inagotable de duelo: tenemos que impedir el olvido de esas víctimas y transmitir las lecciones de su sufrimiento a las próximas generaciones. No se convoca a los jóvenes a cambiar el mundo sino, antes bien, a no repetir los errores de aquellos que, cegados por peligrosas utopías, contribuyeron en definitiva a la construcción de un orden despótico.” (1)
Sosteniendo relaciones con la casta judicial y la iglesia, o a la cabeza de la policía que aún tiene miles de efectivos que fueron parte de la dictadura genocida, el kirchnerismo no puede pasar de la reivindicación de una memoria simbólica y derrotista, que no va a proponerse nunca tirar abajo el poder de esas instituciones sobre las grandes mayorías. Poder que es sostén de la explotación y de las ganancias de los más ricos empresarios, extranjeros y de la llamada “burguesía nacional”, que organizaron y fueron el cerebro del genocidio, como la familia Rocca, los Magnetto, Blaquier, Benetton, entre tantas otras. Muchas, incluso, tuvieron Centros Clandestinos de Detención en sus propias plantas.
Esta concepción de memoria simbólica y fundada en la derrota, desligada de la necesidad de transformar las relaciones de fuerza sociales y las condiciones de vida de millones, no puede tener otro efecto a largo plazo que diluirse como discurso estéril ante una clase dominante que, como vemos cada día, va por todo.
Una expresión particular de una memoria que apunta a separar en compartimentos estancos lo sucedido durante la dictadura y la actualidad de ese proceso histórico, es el de los Centros Clandestinos de Detención. La denominación de los mismos como “ex CCD” suponen que no hay huellas de estos más que en la memoria abstracta o en la Historia con mayúscula, como historia muerta y ajena a los hombres y mujeres, a las clases sociales y a realidad actual.
No hay resignificación posible que anule o matice lo que el aparato estatal es capaz de hacer con el fin de defender los intereses de las grandes empresas capitalistas. ¿Quién podría renombrar al ícono del Holocausto como “ex Auschwitz”? Efectivamente existen marcas de sangre y fuego que definen épocas históricas. En nuestro caso, de un plan sistematico de exterminio, de un genocidio de clase.
Un caso particular es el del BIM 3, donde hoy se encuentran las facultades de Humanidades y Psicología de la UNLP. Este predio fue abandonado por la Armada en 1999. El Estado lo dejó al libre interés del mercado, y en el 2000 fue entregado a CENCOSUD para instalar un hipermercado, cines y un centro comercial, algo que finalmente no se realizó. En el año 2001, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos e HIJOS La Plata pidieron que no se innove sobre el predio hasta completarse las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos ahí. En 2005, exigieron al Estado la expropiación del predio. En 2006 Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno, pero el rector de la UNLP, Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades en el predio. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló una estación. En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber. (2)
Las obras ya están realizadas, y las facultades funcionan allí. Pero la forma en la que, a pesar de las exigencias de los Ex Detenidos Desaparecidos y de los familiares de las víctimas, se gestionó el uso del predio para distintos fines, muestra lo desligada que está la memoria que plantean los sectores ligados al actual gobierno de la búsqueda activa de llevar hasta las últimas consecuencias la lucha por el juicio y castigo a los responsables del genocidio. Hoy muchas pruebas están perdidas y nadie que haya pasado por ese Centro Clandestino de Detención puede hacer un reconocimiento.
Estado de impunidad
¿Sobre qué procesos sociales puede explicarse un relato particular acerca de un hecho bisagra en la historia de la lucha de clases? Cabe destacar que en lo profundo de las “grandes” memorias no hay simplemente “perspectivas”, sino intereses de clase. Desde el Estado burgués y sus instituciones, el kirchnerismo elimina el filo revolucionario a los sucesos de la década de los 70. Según datos del propio informe de la CONADEP, la composición social de los desaparecidos por la dictadura está formada mayoritariamente por trabajadores, y por un alto porcentaje de obreros fabriles. Pero el relato edulcorado centra su reivindicación de los desaparecidos sólo en los jóvenes militantes con utopías.
Al decir de Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece, así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”. (3)
Borrar la lucha de clases como factor fundamental que explica el período abierto desde el Cordobazo hasta la dictadura en Argentina, y la centralidad obrera en nuestro país durante un proceso revolucionario, no puede ser cuestión casual. Parte de borrar el horizonte de la lucha de clases respondía, en el momento político pos 2001, a alejar ese fantasma en una situación de crisis profunda. Pero estratégicamente, sentar una memoria de la derrota y el duelo protege a las instituciones del Estado y busca transformarlas de enemigas de las mayorías, en la supuesta vía para pensar un horizonte político de administración de la explotación y la miseria. Esa es la perspectiva que el peronismo en todas sus variantes denomina como conciliación de clases. Pero la burguesía demuestra cada día, y demostró con un genocidio, que nuestros intereses y los suyos no se pueden conciliar.
De acá se desprende la segunda “gran ausencia” del relato del kirchnerismo: la impunidad hoy. La lucha contra ambas impunidades es bandera inamovible de los organismos de DDHH que se han mantenido políticamente independientes de todos los gobiernos. Justamente porque no puede lucharse contra la actual desde el Estado, porque nunca se quebró el pacto de silencio de los militares, ni se abrieron bajo ningún gobierno los archivos secretos de la dictadura, que podrían permitir encontrar al resto de los nietos que hasta el día de hoy no han podido recuperar su identidad.
Ese mismo Estado busca permanentemente la reconciliación de “la sociedad” con las fuerzas armadas. Conocidos son los casos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fueron derogadas gracias a décadas de lucha. Los indultos de Menem, el intento de Macri de perdonarles condenas a los genocidas con el 2x1, algo que fue impedido por la movilización masiva. Alberto Fernández, poco después de asumir, habló de “dar vuelta la página” y de la “inconducta de algunos”. No es un problema de “errar o trastabillar”, sino que la lógica de relegitimar las instituciones del Estado burgués incluye relegitimar a su aparato represivo, tarea clave para la clase dominante, más teniendo en cuenta las dimensiones de la crisis en curso y los nuevos procesos que muestran, incipientemente, una nueva disposición a la lucha por parte de la clase trabajadora.
Ante esta situación y con la campaña electoral comenzando su despegue, el discurso del gobierno pasó a ser la polarización con los sectores más reaccionarios de la sociedad, como la casta judicial, la derecha, los medios de comunicación hegemónicos o “el campo” (es decir, los dueños del campo). Pero esto no puede más que limitarse al plano discursivo, o a lo sumo a medidas que se encuentren en el nivel de la cosmética, es decir, de cambiar aspectos puntuales que no afectan las estructuras de poder. Como buscar que los jueces paguen ganancias mientras sus sueldos y jubilaciones seguirán siendo infinitamente más altos que los del resto de los mortales pero, sobre todo, cuando seguirán siendo una casta que nadie elige, vitalicia, y ligada por mil lazos a las fuerzas represivas, a los negocios más turbios y a los “sótanos de la democracia”, que en realidad son la estructura del Estado burgués con nombre cosmético.
Como desarrolló Fernando Rosso en su editorial radial, “la "grieta" es una guerra por temas que muchas veces son endogámicos de la casta política, judicial o el mainstream periodístico, que le importan a los núcleos duros de las distintas coaliciones, pero sin los temas importantes que afectan a las mayorías. Entre 2014 y 2015 esta intensidad de la “grieta” era directamente proporcional al deterioro de la situación económica y el inicio de un camino de ajuste (devaluación de 2014 y “sintonía fina”). Un ajuste que Macri luego aplicó a lo bestia. Con este giro de Alberto Fernández se vuelven a presentar paradojas similares a las del último kirchnerismo producto de una dinámica que tiene la fuerza de una ley: las "radicalizaciones" discursivas sin medidas radicales, pagan el costo de los enemigos que esa narrativa genera sin los beneficios que podrían traer si se aplicaran.” (4)
A partir del Cordobazo, se abrió en nuestro país un período de insurgencia obrera que comenzó a amenazar el poder de la burguesía y su Estado, a partir de la creciente fuerza de los cuerpos de delegados y las comisiones internas en las fábricas, y más tarde con el desarrollo de las coordinadoras interfabriles, que después del primer Villazo llegaron a discutir la posibilidad de una coordinación de la vanguardia obrera a escala nacional. Esta enfrentó, ya desde antes del golpe, la represión paraestatal del gobierno de Cámpora y Perón con la Triple A, los planes de ajuste como el Pacto Social y, más tarde bajo el gobierno de Isabel, al plan Rodirgo, llegando a plantear la perspectiva de una huelga general política con las jornadas de Junio y Julio de 1975. El poder obrero amenazaba ya demasiado a la gran propiedad, y la burguesía no comete el error de “radicalizar su discurso” sin tomar las medidas que lo acompañen.
Son diversos los elementos que explican la derrota que logró imponer la dictadura. No estaba escrito de antemano que ese fuese el resultado final. Si uno revisa las acciones llevadas adelante por la clase obrera, nadie podría atreverse a pedirles “algo mas”. Con sus acciones de lucha, esta tendía a superar a la burocracia sindical y al peronismo como dirección histórica, es decir, a la política de conciliación de clases en el movimiento obrero. En última instancia, faltó un verdadero partido revolucionario que pudiera imponer una salida de independencia política de la clase obrera.
Para profundizar sobre nuestro balance, recomendamos el curso del Campus Virtual de La Izquierda Diario: Los 70 en Argentina. Lecciones para el presente.
No es una “forma diferente” de ver los sucesos lo que estamos discutiendo. Sino recuperar la lucha de clases como el motor de estos procesos. Algo que no se puede ignorar, pero que se busca ocultar claramente desde el Estado burgués. En definitiva, porque los intereses que defiende no permiten desarmar todo el entramado de impunidad que se mantiene hoy vigente. Ese mismo entramado que le permitió a Etchecolatz desaparecer por segunda vez, durante el “gobierno de los Derechos Humanos”, a Jorge Julio López. El que sostiene el modus operandi genocida con cada pibe que desaparece, como lo hizo la Bonaerense con Facundo Castro y Luciano Arruga, o la Gendarmería con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Ese entramado sobre el que se apoyan todos los gobiernos para defender la sacrosanta propiedad privada, como durante el desalojo en Guernica, cuyo “dueño” flojo de papeles adquirió las tierras gracias a la dictadura. Ese entramado también sostiene impunes a las grandes empresas que impulsaron el golpe, los campos de concentración, y los apagones y secuestros como en Ledesma. Hoy, esas empresas son beneficiadas con el ajuste del gobierno, los subsidios millonarios, los despidos y el sometimiento de millones a condiciones de trabajo brutales.
¿Cómo desde el Estado se podría cuestionar, además, la herencia económica de la dictadura? La deuda no es “herencia macrista” solo porque el gobierno anterior nos endeudó de forma terrible. También porque la familia Macri se benefició dentro de la “patria contratista” con la estatización de su deuda privada. Pero ningún gobierno tuvo la mínima intención, no de dejar de pagar la estafa como planteamos desde el Frente de Izquierda, ¡sino de investigar toda esa deuda que funciona como un mecanismo de sometimiento al imperialismo gracias al genocidio organizado desde EEUU con el Plan Cóndor! El kirchnerismo más bien se autodenominó como “pagador serial” de este robo criminal a las mayorías populares.
El Estado y cada gobierno se encargaron de conservar las premisas instaladas por la dictadura y monumentalizadas por el menemismo. La deuda, la fuga de capitales, la extranjerización de la economía, las empresas privatizadas de servicios públicos, un “piso” de pobreza cada vez más alto, desocupación para millones, entrega de recursos naturales, leyes represivas, financiamiento de la iglesia, y un interminable etcétera.
No es casualidad que hoy, en una situación de crisis profunda y de luchas obreras, de descontento social y de ajuste y represión por parte del gobierno, todo el arco kirchnerista esté llamando a que la gente se quede en su casa cuando se cumplen 45 años de aquel golpe que aniquiló a una generación de trabajadores y jóvenes militantes. La memoria se hace en la lucha y en las calles. La memoria no puede ser un símbolo, un árbol o una frase vacía. No puede ser la derrota o la testimonialidad. La memoria se construye, como las relaciones de fuerza.
El peligro actual es que el peronismo está buscando desmovilizar y hacer retroceder esa relación de fuerzas que se marcó a fuego luego de las irrupción de masas del 2001, y que se conquistó durante décadas de resistencia en la lucha por los Derechos Humanos, enfrentando con la movilización los intentos de todos los gobiernos de salvar a los genocidas y a sus cómplices civiles. Lo que buscan es que esta pelea no empalme con la fuerza social capaz de enfrentar la crisis actual y de pelear por una perspectiva que cuestione al sistema capitalista.
Quienes hoy renuncian a la pelea en las calles se preparan para mojar la pólvora de nuevos enfrentamientos, cuyos vientos ya llegan con ejemplos de ocupaciones de fábrica y puebladas, como es el caso de ArreBeef, asambleas de coordinación como la de los trabajadores de la salud de Neuquén, entre tantos otros que se desarrollan a lo largo y ancho del país, y son las primeras muestras incipientes de cuál puede ser la respuesta de los de abajo.
(1) Traverso, Enzo. Melancolías de Izquierda (2019). Pp. 115-116
(2) Información extraída de HIJOS LA PLATA. “El debate sobre los CCD en la
experiencia del BIM3”.
(3) R. Walsh, extraído del periódico de la CGT de los Argentinos.
(4) Rosso, Fernando. “Alberto, Cristina, la grieta y la fractura”. La Izquierda Diario
